La gobernadora María Eugenia Vidal promulgó la ley que obliga a utilizar la definición de “dictadura cívico-militar” así como siempre hablar de 30 mil desaparecidos en los actos oficiales y todo tipo de publicación del Estado provincial.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso este viernes en vigencia la ley que fija en 30.000 el número de desaparecidos durante el último gobierno de facto y, además, impone el término “Dictadura Cívico-Militar” cada vez que se haga alusión a ello en las comunicaciones oficiales.
Dichas expresiones deben ser incluidas “de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes” indica el primer artículo de la ley, que fue promulgada este viernes con su publicación en el Boletín Oficial bonaerense.
Tales términos deben figurar en las comunicaciones oficiales “cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”, dice el texto de la legislación
La ley fue aprobada en marzo y fue una iniciativa del senador peronista Darío Díaz Pérez, a partir de una seguidilla de polémicas en cuanto al número de desaparecidos.
La controversia había resurgido con declaraciones del exfuncionario porteño Darío Lopérfido y del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Hasta el mismo Mauricio Macri dijo que no tenía “ni idea” sobre cuál era la cifra de desaparecidos, además de intentar correr el feriado del 24 de Marzo.
En ese marco, con el repudio de la organizaciones vinculadas a las víctimas de represión ilegal, se impulsó una ley “anti-negacionista”.
Lejos de alimentar la polémica, la gobernadora María Eugenia Vidal resolvió no vetar la ley. Cabe destacar que la mandataria tiene mejor relación con Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que la que tiene la Casa Rosada.
El tema sobre los desaparecidos y la última dictadura reapareció nuevamente con fuerza en los últimos días cuando la Corte Suprema le reconoció el beneficio del 2×1. Las organizaciones de Derechos Humanos vincularon al Gobierno con la decisión y lo enmarcaron junto con los otros antecedentes.