La intervención del juez cayó pésimo en la cerealera, que buscaba despejar el ruido político y judicial. Para Santa Fe, el tren ya pasó y no quiere riesgos.
La firma del juez Fabián Lorenzini para ordenar la intervención de Vicentin hizo coincidir a los directivos de la firma con el gobierno de Santa Fe en que la decisión les resulta una piedra en el zapato a ambos. Mientras la cerealera creía haber sobrepasado el fantasma interventor que amagó dos veces con sentarse en la punta del directorio, el gobernador Omar Perotti entiende que su pedido para administrar llega tarde y ahora es impracticable.
Con la firma de Lorenzini aún fresca, Vicentin envió un comunicado en el que priorizó la inmediatez y optó por no aventurar jugadas políticas detrás de la sentencia que no faltaron en el sector. El peor impacto, creen, es para los inversores interesados que se acercaron en semanas que venían calmas. “Recibimos con sorpresa y preocupación un nuevo intento de intervención (…) no existen razones ni fundamentos jurídicos que lo justifiquen”. Lo único positivo que le ven a la decisión del juez es que lo aleja de aquella idea de que era funcional a la firma. Además, confirmaron la apelación.
Por su parte, la secretaría de Justicia santafesina define por estas horas si acepta, apela o desiste la sentencia del juez. Hay dos motivos centrales que disgustaron a Perotti y sus funcionarios: el tiempo y la forma.
En primer lugar era un tema del que el gobierno ya se había corrido y olvidado. Cuando a mediados de junio tambaleaba la figura de expropiación dispuesta por el presidente Alberto Fernández, apareció Perotti con el plan de desplazar al directorio, intervenir desde la provincia la firma y encauzarla bajo una figura mixta.
En el medio, pasaron cosas. Primero, el juez pisó esta misma sentencia y optó por abrir una conciliación. Pero se frustró después de dos intentos por crear un fideicomiso de salvataje. Eso destruyó el vínculo del gobierno con los dueños. Pero también se enfriaron todos los contactos con inversores que habían empezado a convencer desde el gobierno para sumar al esquema.
Además de la cuestión extemporánea, son las formas las que espantan al gobierno provincial de la obligación a la que lo somete Lorenzini al colocar un representante de la provincia como subinterventor de Adrián Schocron. Puntualmente, critican el rol de coadministrador asignado junto al directorio, algo que entienden incompatible.
El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, fue quien aclaró esta cuestión. En diálogo con Letra P, afirmó: “No es satisfactorio, lo esperábamos antes. Además, nosotros pedimos el desplazamiento del anterior directorio, no coadministrar”. Hay un punto que une el tiempo y la forma: el riesgo de administrar en conjunto con los privados una empresa en la situación de Vicentin y compartir responsabilidad en el destino.
El gobernador lo pone en la balanza y entienden que el tren ya pasó. Esta situación la había previsto la titular de la Inspección de Justicia santafesina, María Victoria Stratta, en una entrevista con Letra P en julio pasado: “Si nos da la razón en tres meses, no sirve. La demora a veces produce que los fallos no sean eficientes”. Somaglia considera que una aceptación ahora es difícil porque las condiciones para un esquema mixto estaban dadas antes.
Por Facundo Borrego – Letra P