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Una política de Defensa en apoyo de nuestra diplomacia soberana Por Gustavo Druetta

Estigmatizadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y “chivos emisarios” de su relato nacional y popular, las Fuerzas Armadas fueron aplaudidas en los traslados para la asunción del mando presidencial de Mauricio Macri, representadas por los Granaderos a Caballo y su tradicional fanfarria ejecutando la “Marcha de San Lorenzo”, cantada por el público con un fervor patriótico espontáneo. Asimismo se viene dando mayor difusión a la emotiva despedida de los cazas supersónicos Mirage III, legendarios de la guerra de Malvinas, en la base aérea de Tandil, insólitamente irremplazados en la “década ganada”. Sus pilotos sobrevivientes que realizaron hazañas aéreas hundiendo navíos ingleses, han dado cursos en los ’80 y ’90 para las fuerzas aéreas de países latinoamericanos y de Europa, especialmente en España, Francia e Italia, siendo homenajeados por sus enemigos de Gran Bretaña.

La designación del Ing. Agr. Julio César Martínez como ministro de Defensa pasó casi desapercibida en medio de las de otros ministros “estrella” del gabinete macrista.  Naturalmente las FF.AA. no fueron mentadas en el breve y genérico discurso presidencial ante la asamblea legislativa el 10/12. Pesa desde bien avanzada la recuperación democrática, un hecho reiterado: el de utilizar la cartera de defensa como “comodín” (o premio consuelo) para un político cesante, en tránsito hacia otro destino más venturoso que el de asumir la conducción de alicaídas FF.AA. con un presupuesto irrisorio. O bien su cesión a aliados menores del partido gobernante sin mayor poder en el gabinete. Se verá si sigue, o no, siendo así. Mientras en la nueva Cancillería han vuelto a campear los diplomáticos filo radicales, el MINIDEF ha sido otorgado a la convivencia de dos líneas de la UCR –la hegemónica de Ernesto Sanz padrino del ministro Martínez y la “alfonsinista” que representa el veterano y experto viceministro Angel Tello- acompañados de algunos militares retirados con títulos académicos y experiencia de gestión civil del PRO, designados subsecretarios y directores, algunos miembros del equipo de defensa del My. (RE) Gómez Centurión. Joven combatiente de Malvinas condecorado y ex “carapintada” en los ’80, ayer funcionario en la CABA y hoy director de Aduanas. Demasiado staff para preocuparse por la “sentada” que en días previos a la celebración navideña hicieran en los pasillos del MINIDEF unos 40 contratados en su mayoría camporistas, avalados por UPCN, en rechazo a la revisión de 70.000 contratos estatales decidida por Macri. Presente griego que el ex ministro Agustín Rossi, conocido por dormirse o poner su mano en el bolsillo para rascarse el bajo vientre durante ceremonias militares, dejó a Martínez.

¿Cuál es la situación actual de la Defensa recibida por el Gobierno de Macri? La indefensión total de la República Argentina según mandato constitucional de “proveer a la defensa común” de la vida, libertad y bienes de sus habitantes, frente: a)  riesgos de amenaza armada, sea de Estados cuyos intereses nacionales puedan confrontarse con los nuestros en una situación imprevisible, sea de grupos no estatales poderosamente equipados, fueren autónomos como los del narcotráfico, o fomentados por uno o más Estados, como el terrorismo fundamentalista; b) la grave depredación de los recursos ictícolas y eventualmente energéticos en nuestro mar territorial; c) la violación sistemática de nuestro espacio aéreo. ¿Cuál ha sido la causa? Los tres ministros de defensa en los últimos 10 años, Garré, Puricelli y Rossi, han cuasi destruido el instrumento militar de la defensa, provocando deliberadamente que el Ejército carezca de suficientes recursos humanos y materiales para un mínimo nivel de entrenamiento, alistamiento y rol de combate; la Armada esté casi desprovista de combustible y repuestos para los pocos buques en servicio que permanecen en puerto la mayor parte del año; y la Fuerza Aérea que está en el nivel más bajo de equipamiento desde su creación en 1946, carezca de aviones de caza interceptores y casi no tenga grandes transportes. La interminable reparación del buque antártico Alte. Irízar por un incendio que lo afectó hace un quinquenio, completa la total ausencia de las FF.AA. en la tarea de asegurar la presencia argentina y protección del espacio soberano terrestre, marítimo y aéreo, su principal misión en tiempos de paz en el 8vo. territorio del mundo, sin contar la zona económica exclusiva en el Atlántico Sur, el archipiélago de las Malvinas, Georgias y Sandwichs del Sur y la Antártida Argentina. Con un resultado obvio: la desmotivación para ingresar y/o permanecer entre los cuadros de las FF.AA., salvo como moderada opción laboral para muchachos y chicas provenientes de hogares socioeconómicamente deprimidos y algunos vástagos de militares por tradición familiar; situación que podría ser paliada con incentivos económicos a los mejores promedios secundarios para el ingreso a las escuelas de cuadros y una sustancial mejora en las escalas del salario profesional.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del ministro Martínez? Hacer un “arqueo” de la situación de la defensa e informar a la sociedad sin el tabú del secreto (los servicios de inteligencia que operan en las embajadas extranjeras estarán perfectamente al tanto de nuestra situación). Alinearse con la nueva política exterior, orientando la política de defensa a la cooperación regional con los países democráticos del Unasur y de toda América, para poder decir “no” a una presión arbitraria continental o extra continental en respaldo de la diplomacia; disuadir y/o combatir a eventuales países, o actores no estatales, potencial o realmente agresores de los argentinos; y acrecentar el aporte nacional a las fuerzas multilaterales de paz combinadas del mundo occidental. Asimismo, habría que elaborar y elevar para su envío al Congreso las siguientes leyes o decretos: a) nueva ley orgánica de las FF.AA.; b) reglamentación y aplicación de la ley de 1998 de “Reestructuración y Modernización” de las FF.AA., con una progresión plurianual del presupuesto en función del crecimiento del PBI; c) ley de producción e innovación tecnológica para la defensa; d) ley de constitución de reservas mediante una prestación obligatoria periódica de egresados de las universidades públicas y privadas de entre los 21 y 35 años, y voluntaria de egresados de los colegios secundarios mayores de 18 años; e) ley de movilización nacional para casos de emergencias, amenazas bélicas y terroristas, o desastres naturales.

Asimismo, se debe proponer elevar el % del PBI para la Defensa Nacional del actual 0.8% a un piso de 1,5%, que es el promedio de Sudamérica (vgr. Chile 2,1% y Brasil 1,4%) para permitir el rápido reequipamiento, y aumentar los efectivos de los actuales 70.000 a unos 85.000, para proteger más de 9.000 Km. de fronteras terrestres y fluviales, el extenso litoral y mar argentino, y el inmenso espacio aéreo. Al mismo tiempo, reformar el ineficiente elefante burocrático del MINIDEF, desconcentrando sus órganos y personal, junto con los del EMCO, en 10 ciudades de 5 “Regiones de Defensa” –NEA (Resistencia/Posadas), NOA (Salta/Jujuy), Central-Cuyana (La Pampa/San Luis), Nord-Patagónica (Carmen de Patagones/Bariloche) y Austral (Río Gallegos/Usuahia)-. De ésta manera, las conducciones regionales de la política de defensa -subordinadas al MINIDEF central- sobre los comandos operacionales de las grandes unidades de batalla asentadas en cada región, se alejarían del micro clima de la City y se acercarían a la vida cotidiana de cuadros y tropas en las unidades tácticas de las tres FF.AA., instruidas y equipadas aquellas según el ambiente geográfico regional, o subregional, donde operen, y según las misiones a cumplir. El esquema se completaría transfiriendo algunas industrias de la defensa desde el conurbano y el litoral, e instalando otras nuevas en las regiones del interior, contribuyendo tecnológica y productivamente a la federalización de los recursos fiscales en beneficio de las economías regionales y de su desarrollo autónomo.

En el orden de la política de personal, debería repararse la persecución a oficiales a quienes, culminadas las graduaciones intermedias se les ha negado ascensos a las altas jerarquías de coronel, capitán de navío o comodoro, obligándolos al retiro prematuro, o se ha marginado de ser elegibles para las agregadurías militares o cursos en el exterior, por el hecho de portar apellidos de mandos de la dictadura o ser adversos a la subordinación ideológica al Frente para la Victoria, o parientes de oficiales enjuiciados bajo cargos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, es necesario transformar a la Dirección Gral. de DD.HH del MINIDEF, de policía “stalinista” para investigar y acusar de delitos represivos, con frecuencia sin pruebas fehacientes, a jóvenes oficiales y suboficiales de los ’70 –menos el Tte. Gral. César Milani y mucho menos el ex Tte. Cnel. del videlato, doble embajador del kirchnerismo, Tte. Gral. Martín Balza-, en una dependencia que atienda, además de los abusos posibles de la disciplina militar que rige a superiores y subordinados, los DD.HH. de militares presos de 70 y más años en cárceles comunes, muchos enfermos y con muy mala atención médica, sin internet, precariamente comunicados, con prohibición de realizar estudios universitarios, y privados hasta de pasar las Navidades con sus esposas, hijos y nietos, en un inusitado y perverso acto de “venganza montonera”. Asimismo, despedir a las autoridades y profesores de la Escuela de Defensa Nacional, reservorio ideológico de pésimo nivel de la Cámpora, para que cumpla su rol académico sin alineamientos con los autoritarismos populistas y antidemocráticos.

Santiago Kovadloff ha relatado su experiencia en la reciente cumbre mundial del clima en París, lastimada por las secuelas de los ataques terroristas que cobraron más de un centenar de vidas civiles. Allí vio desplegados en las calles, no sólo policías, sino soldados franceses bien pertrechados. Yo vi recientemente soldados del ejército italiano cuidando la Torre de Pisa. La reglamentación de la ley de Defensa de 1988 que hizo Nilda Garré asesorada por H. Verbitsky e intelectuales que atrasan por odio o desprecio de los militares (a alguno de los cuales se lo vio visitando al nuevo presidente en la Casa Rosada), eliminó de las misiones de las FF.AA. cualquier acción que no fuese contra, el hoy improbable, ataque de un ejército estatal extranjero. Una interpretación arbitraria e insidiosa de esa ley, la cual, junto a la ley de Seguridad Interior de principios de los ´90, permitía no sólo el apoyo logístico de las FF.AA. a las Fuerzas de Seguridad, sino su intervención directa en caso de que éstas fueran sobrepasadas en poder de fuego, o ante conmociones internas previo el dictado del estado de sitio. Urge anular la reglamentación amañada y abstrusa de aquella ley.

Igualmente, sería positivo debatir sobre la actualización, o eventual reemplazo, de las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, a fin de producir una conducción y coordinación eficazmente preventiva, disuasiva y/o efectiva del monopolio de la violencia legal y legítima del Estado de Derecho –característica sine qua non de los estados nacionales surgidos desde el siglo XVIII según el padre de la sociología política moderna Max Weber- a fin de que ciertos cuerpos de las FF.AA. adiestrados, entrenados y equipados para operaciones especiales, puedan actuar sin ambigüedades ni reparos, en caso necesario o subsidiario, en la lucha directa. Sea contra poderosas organizaciones de narcotraficantes, o en la represión de eventuales grupos terroristas, así como en el patrullaje, disuasión y negación de las violaciones de nuestras fronteras terrestres por organizaciones armadas, o en cualquier situación de crisis donde se necesite un despliegue disuasivo a gran escala y/o mayor poder de fuego que las FF.SS. Una “ley de Derribo” como tienen casi todos los países de la región, es indispensable para hacer efectiva la radarización, aún muy precaria, de nuestro espacio aéreo. Las FF.AA. son la punta de una flecha -hoy sin poder letal- que se arroja en caso de fuerza mayor, solamente por decisión de la autoridad constitucional. Ésta sostiene el arco, apunta, tensa y suelta la cuerda que impulsa la flecha, en defensa de la Nación. Volver a afilar aquella punta es obligación de una República digna y pacífica, respetuosa de sus ciudadanos y respetada por el mundo.

*Sociólogo y periodista, especialista en temas de Defensa

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