La ley 27418 de industria naval, elaborada con los sectores sindicales y empresariales, fue votada por unanimidad en el Senado de la Nación y por una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, Mauricio Macri la vació de contenido al vetar sus artículos 10 y 13, que disponían los recursos para relanzar la construcción de buques.
La puesta en marcha de una industria de infraestructura, como la naval o ferroviaria, generaría una vasta cadena de valor porque son industrias de industrias: crean fábricas y puestos de trabajo calificados, así como múltiples empresas subsidiarias de la cadena navalpartista. Por cada puesto de trabajo directo en la industria naval se crean dos a tres empleos indirectos.
Argentina pierde cinco mil millones de dólares todos los años por no tener una flota mercante de bandera nacional, siendo Argentina un país básicamente exportador/importador. ¿No es esta otra demostración del fracaso y la incapacidad del Gobierno al abandonar a su suerte a la industria naval nacional en lugar de potenciarla como política de Estado? El veto presidencial no fue un hecho aislado sino otro paso de la voluntad de desindustrializar el país. El Gobierno de Macri viene privilegiando la especulación financiera, las altas tasas de interés y la usura a la inversión productiva, a la manufactura con valor agregado y a la creación de trabajo calificado.
Ahora Macri cometió otra traición a nuestra castigada patria, al incluir en el proyecto de ley del presupuesto nacional 2019 la adquisición en el exterior de cuatro buques patrulleros oceánicos, así como una operación de crédito público por 340 millones de euros para financiar su compra.
De esta manera el Gobierno violará la ley 27418 de industria naval, en cuyo artículo 15 se estipula que los organismos del Estado nacional cuya actividad implique la demanda de buques, estos deberán ser construidos en el país salvo que tal requerimiento no pudiera ser cumplido por la industria nacional. Pero el Astillero Río Santiago desarrolló el diseño de un buque patrullero oceánico que costaría el 50% de los buques que se comprarían a Francia y podrían ser construidos en solo 18 meses, generando 3600 puestos de trabajo.
Asimismo, la ley 27437 de Compre Argentino, artículos 1 y 2, especifica que los entes públicos deberán otorgar preferencia a la adquisición de bienes de origen nacional, y los artículos 9 y 10 establecen que, en caso de adquirir bienes no producidos en el país, el adjudicatario de la contratación deberá suscribir acuerdos de cooperación productiva con empresas locales por un porcentaje no inferior al 20% del valor total de la oferta. Tres de los buques que el Gobierno compraría a Francia serían construidos en el astillero francés Kership y el restante es un buque usado que también fue construido en dicho astillero.
Más allá de los discursos, todas las grandes potencias subsidian sus industrias de una u otra forma. ¿Alguien se anima a desmentir este gran embuste propagado por los economistas del establishment y sus comunicadores mediáticos? Los países que más subsidian y más nos imponen prohibiciones y condicionamientos son los Estados Unidos, China, Corea del Sur, países miembros de la Unión Europea, etcétera; los únicos que no lo hacen desde los entregadores años noventa son los hijos de la “gran pavota” como nuestro país.
Nuevamente como en los noventa, el Gobierno y sus amigos hacen negocios contra el país, no solo quebrantando leyes y normas nacionales, sino también atentando abiertamente contra nuestra industria y los intereses nacionales.
Todos los sectores políticos, económicos y sindicales deben manifestarse ante esta violación institucional y desprecio por la industria y las capacidades tecnológicas argentinas. Deben exigir la puesta en marcha de la ley 27418 de la industria naval con la reposición de los artículos vetados nº 10 y 13.