La reducción y achicamiento del gasto entró en plena vigencia. Se eliminarán subsidios, horas extras, cátedra y guardia. Suspenderán las licencias gremiales. Los funcionarios tendrán que devolver los vehículos a partir de la semana que viene y tendrán un tope de consumo en sus teléfonos.
Solo tendrán viviendas oficiales aquellos que estén a más de 100 kilómetros de sus trabajos. El decreto 184/18 que firmó el gobernador Mariano Arcioni “recupera” algunos de los ítems medulares del “Acuerdo Ciudadano” que había lanzado en diciembre de 2017.
En los fundamentos de la norma, el Gobierno alega que es “imprescindible producir un fuerte achicamiento del personal de Gabinete y en la estructura de cada Ministerio, requiriendo la comprensión y esfuerzo de toda la planta política del Estado provincial”.
Precisa que ese esfuerzo se transparentará a través del mecanismo “ad honorem” de todos aquellos asesores del Poder Ejecutivo que deseen seguir colaborando con el Gobierno.
PUNTO POR PUNTO
El artículo 1 ratifica “la suspensión del régimen general de subsidios”, aunque habrá excepciones siempre y cuando el Gobierno provincial considere que la eliminación de esta medida pueda afectar el normal funcionamiento de cualquier servicio.
Asimismo, el artículo 2 “suspende en toda la administración pública provincial centralizada o descentralizada, el reconocimiento y otorgamiento de horas extras suplementarias de la jornada laboral, o ampliación de módulos horarios de cualquier naturaleza”.
En la misma dirección, se eliminará el reconocimiento en el pago de horas cátedras en todos los niveles y a todo agente de la administración pública, que no sean realizadas en ejercicio de la docencia, frente a alumnos en el aula.
Especifica que será considerada “falta gravísima” la autorización fraudulenta de horas cátedra a un agente público que no utilice las mismas para el ejercicio de la docencia, encubriendo designaciones de empleados o incrementos salariales.
Otro de los ítems “suspende el reconocimiento y pago de horas guardia”. La aplicación alcanzará a profesionales, técnicos, operativos, de urgencia, activa o pasiva, en todos los niveles a todo agente de la administración pública provincial, centralizada o descentralizada, que no sean efectivamente realizadas y autorizadas previamente por la máxima autoridad de la jurisdicción, bajo su estricta y personal responsabilidad.
Aclara que aquellos agentes exclusivamente remunerados con horas cátedras que no tengan cumplimiento efectivo frente al aula u horas guardias que no pertenezcan a ninguna de las plantas del Estado, cesarán en sus funciones.
El artículo 6 “suspende toda comisión de servicio para todos los organismos del Estado, docente o no docente, que implique traslado del empleado a lugares de trabajo diferentes, de donde deba prestar sus funciones habituales”.
También “elimirán el pago de las remuneraciones a la totalidad de los trabajadores que gocen de licencia gremial”, sin importar la asociación gremial de que se trate o a la que pertenezcan, tengan o no personería gremial o simple adscripción. Solo se reconocerá licencia gremial con goce de haberes a la máxima autoridad de cada sindicato.
El jefe de Gabinete, Sergio Mammarelli, estará autorizado a poner en marcha una licitación con el objetivo de instalar controles biométricos de ingreso y salida del personal, en todos los edificios públicos de la Provincia.
El objetivo es controlar en forma “estricta y celosa” el cumplimiento de horarios de los empleados. En Fontana 50 habían detectado una gran cantidad de casos de trabajadores que iniciaban su jornada después de las 9 de la mañana y que se retiraban antes de las 14.
Otro de los artículos que cancela algunos de los beneficios de los funcionarios está vinculado a los vehículos y a las viviendas oficiales.
El Gobierno avanzó en la “suspensión en la asignación y uso de vehículos oficiales a todo funcionario de la admninistración pública provincial, organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos, con excepción de los choferes expresamente autorizados”.
En este artículo hay una excepción: No entrarán en este esquema los vehículos asignados a la Policía de la provincia del Chubut y los autos afectados a tareas de Inspección.
Otro dato importante es que los funcionarios tendrán un plazo de 5 días desde publicado el decreto, para devolver los vehículos, “previa verificación e inventario de kilometraje y estado general” que efectúe el Ministerio de Coordinación de Gabinete. En el caso de las viviendas, el Gobierno exige a cada organismo del Estado que efectúe un censo en un lapso de 5 días para determinar la totalidad de los inmuebles arrendados por el Gobierno.
Aclara que “solo se reconocerán arrendamientos a los funcionarios con cargos de Gabinete con domicilio o residencia a más de 100 kilómetros de la sede de sus tareas», y agrega que «los servicios de energía, agua, gas y telefonía, deberán ser abonados por el agente o funcionarios o serán descontados de sus haberes”.