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Se define si Gabriela Dufour va a juicio por “abuso de autoridad”

Gabriela Dufour, ex ministro de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos y ex secretario de Pesca, Héctor Rojas, podrían ir a juicio oral y público por “abuso de autoridad” en el otorgamiento de permisos de pesca a buques con mayor capacidad de bodega de la permitida. Su situación se definirá el próximo miercoles.

El caso investiga el reemplazo del buque San Ignacio por el Sofía B, donde el barco beneficiado tiene una capacidad de bodega cuatro veces mayor, que le permite pescar aproximadamente 10 mil kilos de langostino más por salida.
La disposición tomada por el Gobierno Provincia, según indican los fiscales en su acusación, va en contra de la Ley Provincial IX número 75, que puntualmente indica que “el reemplazo de buques solo será admitido a otra unidad de capacidad de bodega menor o equivalente a la embarcación sustituida”.
Desde el Ministerio Público Fiscal se afirma que desde el organismo provincial “se ha autorizado al nuevo Buque a obtener una cantidad sideral de cajones mayor a la permitida, contrariando lo dispuesto por la Ley Provincial de Pesca, y como consecuencia de ello afectando el recurso que la misma normativa protege”.

Imputada en otras causas

Semanas atrás, Dufour fue condenada a dos años y seis meses de prisión en suspenso más la realización de tareas comunitarias por cometer “administración fraudulenta” en la preservación de los bienes de Alpesca.
También está imputada por el crédito de 10 millones de pesos que el entonces Gobierno Provincial le otorgó a través de CORFO al empresario Omar “Cura” Segundo. En esta causa, el ex gobernador Martín Buzzi también se encuentra procesado por “administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad”.
Los fiscales indican que se “ha posibilitado al barco Sofía “B” la obtención de diez mil kilos de langostino de más por salida de los que el permiso originario permitía”.
El delito de “abuso de autoridad” está previsto y reprimido por el artículos 248 del Código Penal con pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble tiempo. El delito castiga al funcionario público que dicte resoluciones contrarias a las leyes nacionales o provinciales.