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Se complica la amnistía a las empresas constructoras de obra pública

Está claro que el gobierno nacional quiere construir un manto del olvido sobre la corrupción de la obra pública y sólo limitarla a CFK, De Vido, López y Lázaro Báez, dejando a salvo a las demás empresas creando en el imaginario colectivo que durante doce años vino una mafia santacruceña que utilizó la obra pública para hacer caja para la política y el enriquecimiento personal.

En realidad, hace más de 40 años existe en la Argentina un sistema piramidal de corrupción de la obra pública que es una de las principales causas del déficit fiscal permanente que sufre el país y que genera inflación y pobreza. El cristinismo pide una auditoría sobre la ejecución de la obra pública de los últimos doce años y el gobierno sólo la hizo en Vialidad Nacional pero hay una ausencia total de datos sobre obras en energía como centrales térmicas, hidroeléctricas y atómicas y tampoco se incluyen petróleo, gasoductos y vivienda, pero está claro que en todos esos casos hubo corrupción y sólo basta citar el caso Skanska, la empresa sueca, que mediante facturas truchas encubría los sobreprecios en la obra pública, donde estuvieron imputadas las empresas más importantes del país y que la justicia ocultó y que ahora se reabrió aunque no hay muchas expectativas de que algo se aclare. El cristinismo intenta socializar la corrupción, es decir, incluir al presidente, cuya familia y el mismo provienen de ese sector industrial que tiene fuertes intereses. Pero el FPV tiene un grave problema: que aunque diga verdades, la mayoría de la opinión pública no le cree, aunque todo el mundo sospecha que existía un sistema de corrupción muy similar al que se está investigando en Brasil y que ya tiene varios detenidos entre los principales empresarios de la obra pública. La cuestión es que en nuestro país, por funcionarios que estuvieron doce años en sociedad y una decena de empresarios amigos que se asociaron con los grandes contratistas de obra pública, está parada la licitación de obras por miedo de segundas y terceras líneas de firmar la adjudicación. Mucho peor sería que la justicia abra una investigación sobre las 36 empresas integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción, como pide el cristinismo. De ahí que de ese tema no se quiere hablar.

Por Guillermo Cherashny para Informador Público