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Rosenkrantz quedó con poderes limitados y en el centro de conflicto

Maqueda, Rosatti y Lorenzetti votaron para reducir la autonomía del presidente de la Corte Suprema en materia económica. Críticas y versiones de renuncia.

La guerra interna que agita a la Corte Suprema de Justicia desde que Ricardo Lorenzetti fue reemplazado intempestivamente en la presidencia tras casi doce años de reinado casi absoluto tuvo este martes otra batalla importante: con el voto de los jueces Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, el máximo tribunal decidió quitarle al presidente del cuerpo la atribución de contratar personal. El hecho parece simbólico, pero refleja dos escenarios: la decisión de morigerar al máximo el personalismo que caracterizó al período anterior, y un debilitamiento objetivo del ya golpeado titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, quien viene apareciendo aislado en varias de las últimas votaciones. A partir de ahí, crecen infinidad de interpretaciones políticas, pocas de ellas ecuánimes y mucho menos desinteresadas. Veamos.

Tras la caliente votación en el caso Blanco, que volteó el cálculo de haberes jubilatorios iniciales que había diseñado el gobierno por uno más favorable a los pretendientes, la Corte avanzó otro paso en la organización interna de su trabajo, esta vez respecto a uno de los temas más sensibles entre las tareas del tribunal: la contratación de personal, tanto en la Corte como en el resto del Poder Judicial de la Nación. Desde 1961 y hasta ahora, ese botón estaba en manos del presidente del cuerpo, según una acordada de ese año que ponía en práctica el artículo 113, la Constitución, que dispone que “la Corte Suprema dictará su reglamento interno y nombrará sus empleados”.

Pero ahora, “con el objeto de afianzar la participación profundizar el consenso en la adopción de sus decisiones, el Tribunal considera oportuno retomar el ejercicio de las aludidas competencias delegadas en materia de superintendencia sujetarlas al principio de la mayoría”, según votó este martes la mayoría de la Corte. Lorenzetti, Maqueda y Rosatti decidieron que a partir de ahora “la Corte Suprema de Justicia designará y aceptará las renuncias de sus funcionarios empleados por mayoria de tres de sus miembros. De la misma manera será decidido el otorgamiento la renovación de los contratos de personal de este Tribunal de los restantes tribunales del Poder Judicial de la Nación”.

Pese a que es un tema importante para el tribunal, la jueza Elena Highton no emitió opinión. Eso lleva las miradas a Rosenkrantz, el inesperado titular de la Corte cuya lapicera será menos potente a partir de ahora. Cerca del juez admiten “una fuerte disputa en el tribunal” respecto al tema. En su voto de disidencia, Rosenkratz también propone que las contrataciones sean decididas por tres de los jueces del tribunal, pero con un sistema rotativo, según el cual él como presidente participa siempre y es acompañado por otros dos de los jueces, que a su vez se alternarían. ¿El argumento? Que no se formen “mayorías rígidas” para tomar las decisiones. Sólo le falta ponerle nombres a esa prevención, que hoy está claramente dirigida a lo que con malicia muchos llaman “mayoría peronista” de la Corte, reflejada en el voto de este martes.

Cerca del juez, reconocen que “como otras medidas de Rosenkrantz, ha generado fuertes resistencias”. Según la interpretación de la presidencia, “esta nueva Acordada no tiene pauta objetiva alguna a la hora de efectuar contrataciones. En otras palabras, no representa un avance en transparencia ni es un intento por disminuir la discrecionalidad”, dicen con cierto enojo. “Pero lo más importante es que esta nueva Acordada es ilegal. Se trata de una decisión tomada por tres jueces que viola una ley sancionada por el Congreso de la Nación.” Siempre según esa lectura, la delegación del manejo de los contratos en el presidente puede ser modificada pero no eliminada.