Las reformas que el gobierno impulsa, aunque trabajosamente, avanzan, asimilando los recortes impuestos por el trapicheo con gobernadores, con líderes sindicales y con empresarios que resisten cargas impositivas o caída de protecciones. Una vez suficientemente acordado el paquete , la formalización quedará a cargo de las Cámaras que, se supone, a esa hora ya tendrán garantizadas las mayorías dispuestas a –por acción, abstención u oposición contenida- convertirlo en leyes.
Los negociadores oficiales están dispuestos a hacer concesiones (de hecho, ya han cedido bastante, particularmente ante los gremios), pero hay algo que no consentirán modificar: la reforma del sistema de actualización de los haberes jubilatorios (que se aplica también a subsidios sociales).
Esta es la clave de la bóveda de las reformas: reduce el aumento de los trabajadores pasivos y congela en términos reales sus ingresos (que se actualizarán en términos nominales cada tres meses, no de acuerdo al índice de la canasta de jubilados, sino al generalmente inferior del incremento general de precios). Por la vía de ese recorte previsional y de subsidios sociales, el Estado espera ahorrar más de 100.000 millones de pesos, una suma que permitirá compensar a la provincia de Buenos Aires (recibirá casi la mitad de ese monto por sus reclamos referidos al Fondo del Conurbano) sin afectar a las restantes provincias, a las que, por otra parte, se les repara el abandono progresivo del gravamen a los ingresos brutos.
En una situación en la que cada cual atiende su juegp, sin duda facilita las reformas oficiales el hecho de que a la mesa de los acuerdos no esté sentada ninguna representación sólida de los jubilados. Se aplica el dicho: el que no llora, no mama.
También ayuda a asordinar el incómodo ajuste previsional el ruido que se desprende de la deconstrucción del cristinismo. Una oleada epistolar, condimentada con expresiones en redes sociales y declaraciones pone de manifiesto la rápida fragmentación del liderazgo de la señora de Kirchner, imputada por varios de quienes fueron sus acendrados y notorios fieles de abandonar a su suerte a “leales que están presos por leales”. Aníbal Fernández y Luis D’Elía, tal vez anticipándose a avatares propios, se quejaron de que la Señora dejara en banda a Julio De Vido y a Amado Boudou.
De Vido se había expresado por carta propia y por voz de su esposa. Alessandra Minnicelli, quien se quejó de que la expresidente “ ha tenido un gesto bastante inhumano hacia mi familia”. Se refería, claro, a una declaración de CFK, que textualmente dijo: “”No pongo las manos en el fuego ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos”.
Desde la forzada calma del penal donde aguarda ser juzgado, De Vido había respondido a esa frase con otra muy intencionada: “En realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el fuego y no se queme”. Un mensaje de familia a familia.
Se trata de signos de dispersión que hay que ubicar en un contexto en el que el peronismo poskirchnerista busca su propio destino, trata de reubicarse mirando al futuro y de despegarse de personajes y procedimientos “piantavotos”, es decir, cuestionados por la opinión pública.
La Justicia suma su propio escenario y su súbito vértigo a ese contexto. No siempre con la alegría del gobierno. En rigor, las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no atraviesan tiempos sosegados.
Las expectativas del gobierno en relación con los casos de corrupción que pesan sobre la gestión anterior residen en que los procesos avancen, no en que se precipiten. Los estrategas comunicacionales de la Casa Rosada quieren que se note que “hay Justicia” pero temen al mismo tiempo que una aceleración desmedida sea contraproducente y que las vaticinables condenas puedan imputarse a la presión política o a alguna variante vengativa. De hecho, así sea tardíamente, la señora de Kirchner adjudicó el apresamiento de Boudou y De Vido a un “plan de disciplinamiento social” de Macri.
Hay otros temores oficiales. Por ejemplo, que el repentino ímpetu judicial sea considerado una manifestación de descontrol e imprevisibilidad (figuras que a veces son definidas como inseguridad jurídica) y que eso redunde en un obstáculo adicional a la captación de inversiones. Además, existe el riesgo de que los procedimientos que hoy se emplean sobre personajes como Boudou o De Vido, basados en una extensión de los criterios preventivos asentada en un reciente fallo redactado por el juez Martín Irurzun, puedan eventualmente ser aplicados a funcionarios actuales o a amigos del poder.
El ruido judicial, que para el oficialismo hoy tiene su utilidad en algunos aspectos, puede en otras circunstancias ser contraproducente.
Por Jorge Raventos