La polémica por la resolución judicial fue tal que el gobierno provincial denunciará al fiscal.
Mientras el Gobierno de la provincia de Chubut adelantó hoy temprano que avanzará con un jury contra el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, que consideró que una caso de violación en manada que investigó y que según el funcionario se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual”, la pregunta es quiénes son los acusados del crimen.
Es que Rivarola además de eso avanzó en el cierre de la causa, acordó un juicio abreviado con los imputados, lo que implica una pena menor y una aceptación de la culpa de los acusados, y modificó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas”.
La violación en masa tuvo a seis acusados, pero sólo fueron imputados cinco debido a que el restante se quebró y actuó como arrepentido en la investigación. Solo 3 llegaron al juicio abreviado. Con la decisión del fiscal ahora el juez penal Marcelo Nieto di Biase deberá resolver si acepta o no el beneficio para Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci.
Mallemaci iene 25 años y es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn. De acuerdo a sus registros, su último empleo en blanco fue en una empresa cordobesa que se dedica a elaborar piezas de hormigón. Quintana actualmente tiene 29 años. Y se dedica al rubro de la construcción con la empresa de su familia, la firma Andequin S.A. Del Villar tiene 28 años, su principal actividad comercial es el transporte de pasajeros, en la que figura registrado como empleador según la AFIP.
El cuarto acusado era menor de edad al momento del hecho y según la víctima se encargó de sostener la puerta del cuarto en donde abusaron de ella. Se trata de Tomás Soriano, que tenía domicilio en Miami al momento de la violación por lo que fue inhabilitado para irse de Argentina. Su padre es un reconocido, y poderoso, empresario de la pesca.
En cuanto al arrepentido Joaquín Pérez, su hermano Genaro es el jefe comunal de Gastre, localidad de Chubut. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención: de testigo del hecho. La víctima dijo que él confesó que la drogaron para someterla.
“Desde los organismos del Estado estamos evaluando y viendo la injerencia de pedir ante el Consejo de la Magistratura que se abra una causa contra el fiscal y se abra una investigación, es muy grave el cambio de carátula y los términos jurídicos que ha utilizado”, aseguró José Grazzini, ministro de Gobierno y Justicia de Chubut.
El funcionario, en diálogo con el canal América, señaló que la polémica “sorprendió” al ámbito político y judicial de la provincia, “sobre todo en una causa que ha tomado ribetes de participación por parte de la sociedad y por parte del colectivo de mujeres”.