La Armada de la República Argentina confirmó ayer, mediante su vocero Enrique Balbi, que -en sintonía con la “anomalía hidroacústica” que detectaron los hidrófonos estadounidenses- hubo un “evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear consistente con una explosión” ocurrido a las 10.51 del 15 de noviembre pasado, tres horas después de la última comunicación del submarino desaparecido ARA San Juan.
Quien acercó el dato fue la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE), con sede en Viena, Austria.
En la gestión colaboró el embajador argentino Rafael Grossi, reconocido por ser un “experto en temas de seguridad, desarme y no proliferación que ha representado a la República Argentina en todos los foros referidos a estos temas”, según indica su descripción en Cancillería. Tal vez uno de los hombres que mejor conoce el sistema de organizaciones y tratados que regulan las armas nucleares en el mundo.
Según detalla el diario Perfil, Grossi fue quien pensó en los instrumentos de esta organización para dilucidar el caso del ARA San Juan.
Personalmente, requirió la ayuda de su director ejecutivo, Lassina Zerbo, un diplomático de Burkina Faso que el embajador argentino conoce personalmente desde hace años. Grossi se encontraba hoy en el CTBTO para servir de enlace con las autoridades argentinas a cargo del operativo internacional en el Atlántico Sur.
El embajador y ex titular del Grupo de Países Proveedores Nucleares estuvo muy cerca de ser el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el año pasado, aunque la coincidencia con la carrera de Malcorra por la ONU lo dejó sin protagonismo para requerir el apoyo argentino ante una eventual candidatura.