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Provincia le pidió a un juez que aplique la Emergencia y frene los embargos

Fiscalía de Estado reclamó suspender todos los pagos. Tecpetrol advirtió que todas sus regalías van a estos juicios. Entrevista a Diego Martínez Zapata

-¿Qué Fiscalía encontró?

-Una Fiscalía desjerarquizada. Mi premisa es darle la relevancia que debe tener, que últimamente decayó. Hay un gran recurso humano pero es básico un recambio y una gran capacitación. Tenemos un buen plantel de abogados pero hay que profesionalizarlo, actualizarlo y darle la jerarquía que Fiscalía perdió. Si bien hay un gran cúmulo de trabajo debería tener mucho más. Por el gran caudal de excusaciones de todos los magistrados en las causas donde el Estado es parte, la actividad judicial de la Fiscalía está sensiblemente mermada. Estamos trabajando con las acciones que ya venían en curso y en las cuales los jueces no se excusaron.

-¿Cómo es eso?

-Una parálisis por el grosero incumplimiento de la anterior gestión al acuerdo firmado con la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Es gravísimo porque se homologó y se reconoció un pago de acreencias para ajustarlos a una media patagónica. Y no se pagó ni una cuota. Esto causó una catarata de juicios contra el Estado y hasta la fecha ya se pagó el equivalente a tres acuerdos. No sólo el capital histórico reclamado sino intereses, costas y honorarios de los abogados con una masa de ejecutantes muy grande. Esto afectó considerable y severamente las finanzas y trajo una gran cantidad de medidas cautelares en embargos ejecutorios contra las cuentas públicas.

Advertencia de Tecpetrol

-¿Por ejemplo?

-Tecpetrol informó el 30 de diciembre que todo lo que corresponde remitir a la provincia por las regalías, más de 22 millones de pesos, estaba embargado. Su nota decía que “tanto las cesiones de derecho efectuados por esa provincia con anterioridad como los embargos recibidos han afectado en su totalidad los pagos a efectuar por Tecpetrol a favor de esa provincia en concepto de regalías hidrocarburíferas”.

-¿Por qué sucede?

-Hay que ser claros: por una grosera negligencia de quien firmó ese convenio, Martín Buzzi. Mes a mes es una bola de plata con medidas cautelares y embargos ejecutorios uno tras otro. Además afecta al acceso a la Justicia porque hoy cualquier chubutense que va a tribunales por un reclamo donde el Estado es parte necesaria, los magistrados se excusan por la causal de que son acreedores. Sanear este conflicto es primordial. Hay una sentencia judicial y debe cumplirse. Los magistrados están cobrando los que se les debe a fuerza de ejecuciones y esto sigue trayendo embargos. Hay que poner un punto final.

-¿Cómo se resuelve?

-Hay que integrar esas ejecuciones al salario de los magistrados. Como primera medida urgente servirá para parar los embargos. Después quedará poner blanco sobre negro algún retroactivo. Este 40 por ciento del acuerdo los magistrados lo están cobrando a fuerza de embargos. Por ejemplo, hoy un juez cobra 70 mil pesos más los incrementos salariales normales del Poder Judicial, pero si le tocan 30 mil pesos del acuerdo, lo cobra a fuerza de ejecución y no está blanqueado en el salario. Figura como un juicio más. Sobre eso no paga aportes ni computa para la jubilación. El Estado igual sigue pagando. Esos 30 mil pesos debieran integrarse al salario porque es cumplir el acuerdo. Y sobre eso irían retenciones y aportes a Seros. Al Estado se lo está perjudicando porque esos 30 mil no es que se los ahorra: lo sigue pagando y alimenta un problema mes a mes que va a seguir trabando las cuentas públicas, con la salvedad de que estamos en el marco de una Ley de Emergencia Económica. Hay más de 13 mil millones de pesos de deuda. Hay muchísimos frentes abiertos que hicieron que se promulgue esta Ley. Tenemos afectado gran parte del dinero que nos entra de crédito por los embargos.

-¿Cómo explicaría la Ley de Emergencia?

-La situación económico-financiera es gravísima y gran parte del aire lo dará esta Ley. Es como un concurso preventivo de 12 meses que suspende pagos, ejecuciones, embargos, todo tipo de medida cautelar. Toda ejecución o reclamo de acreencias sin una orden de pago el Estado la verificará, relevará la documental y el origen de esa deuda y verá si se paga. Esto permitirá reordenar y dar oxígeno financiero. Mi sugerencia es que lo que se está ejecutando, integrarlo al salario de los ejecutantes para cortar con los embargos. Y si algún ejecutante no inició juicio y quedó afuera, por principio de igualdad ante ley no seguiremos alimentando una ola de juicios al Estado. Se le reconocerá la acreencia que no haya prescripto, no se marcarán desigualdades. Lo que cobró un magistrado con juicio y otro sin juicio, por la ley de porcentualidad será lo mismo, variará la carga por antigüedad.

Cortar por lo sano

-¿Cómo se aplicará la Ley de Emergencia con Magistrados?

-Ya presentamos el pedido de habilitación de feria en el Juzgado de Ejecución de Comodoro Rivadavia y la resolución con carácter de pronto despacho denunciando la promulgación de la Ley de Emergencia y solicitando la suspensión de la ejecución y de todo embargo sobre las cuentas públicas posteriores a la publicación de la ley, que data de mediados de diciembre. Lo hicimos en un grupo de juicios en cumplimiento de esta Ley y para defender el erario público. Fue en Comodoro porque allí tramitan todas las ejecuciones de magistradosy el juez es Héctor Freile. Solicitamos la suspensión de nuevas medidas cautelares contra las arcas del Estado. Pedí que se abra el Juzgado y no se demore porque está en juego el dinero público. Espero que la resolución sea célere.

-¿La solución que propone ahorra plata?

-Ahorra muchísimo porque neutraliza la ola de embargos. Si me deben 10 y los cobro dentro de 4 meses, cobro 10 más los intereses devengados por la mora más las costas por ejecución. El Estado paga una pelota de plata; el daño acá fueron los intereses y las costas. Es una deuda que oscila entre los 300 y 400 millones de pesos. Una muestra clara es que la anterior gestión sacó una ley de tope de embargos, no más de un millón por mes, que fue declarada inconstitucional. Un acto que denota el incumplimiento y la afectación de las arcas públicas.

Industria del juicio

-¿No hubo jueces que firmaron de taquito las ejecuciones?

-Habrá que ver los casos particulares. Puede decirse ‘de taquito’ porque el proceso de cobro es simple. Es ejecutar un convenio, practicar una liquidación, se corre traslado a la Provincia, se aprueba o se rechaza y en todo caso queda una instancia de apelación de esa liquidación. Pero no estamos discutiendo la obligación de pago, ya está reconocido que corresponde. Lo que se discute es el cuánto. Si no se incorpora al salario lo que los jueces están cobrando con las ejecuciones, vamos a estar toda la gestión generando costas e intereses. Es el único modo y el más beneficioso. Otra cuestión a ver es cómo se integra este monto, porque son ejecuciones individuales. Muchos ya cobraron, otro están cobrando diferencias, algunos no cobraron aún. Es un trabajo titánico. Si esto no se integra al sueldo, es un cuento de nunca acabar. En el anterior gobierno de Das Neves se dejó que lo decida la Justicia. Había una resolución de la Cámara confirmando que correspondía la media patagónica. Quedaba la instancia del Superior y de la Corte. ¿Qué hizo la gestión Buzzi? Se sentó rápidamente y firmó un acuerdo. Lo grave y grosero es que no cumplieron. El daño al Estado es grandísimo.

-¿Qué cifras se puedan dar?

-Hay abogados que por costas cobraron entre 10 y 15 millones de pesos. Por el incumplimiento del acuerdo ya se pagaron más de 250 millones de pesos capital histórico, intereses y costas, sin dudas. Sólo en Comodoro Rivadavia, entre febrero y octubre de 2015, se embargaron más de 41 millones de pesos.

-¿Y el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut?

-Tiene un acuerdo para pagar en seis cuotas un incremento y habrá que ver después. No desconozco que si se integra esta suma al salario de los magistrados, está la ley de porcentualidad. Pero hoy estamos centrados en tratar de sacar a la provincia de la crisis económica. La vía de solución es sanamente componedora para ambas partes. Será un apéndice aparte la cuestión del SITRAJUCH. En definitiva es un gremio del Poder Judicial y tendrá que resolverlo.

-Si los magistrados aceptan, ¿se puede resolver este año?

-Si hay buena voluntad y las finanzas públicas ayudan, podríamos tener este año sanear al menos el 80 por ciento del conflicto. Es una decisión que debo hablar con el ministro de Economía y el jefe de Gabinete porque tendrá impacto en las arcas del Estado. Impacto hoy tiene porque se está cobrando con ejecuciones. No sé si el impacto que pueda llegar a tener no es casi igual o menor a lo que se tendrá que pagar por intereses si seguimos incumpliendo, pero hay que darle un corte.

Sólo en Comodoro Rivadavia, entre febrero y octubre de 2015, se pagaron más de 41 millones de pesos por embargos de los jueces.

Fuente: Diario Jornada