Lo decidió el juez federal Sergio Torres, tras la denuncia de la oficina Anticorrupción que lo vincula al pago de sobornos de Odebretch.
La resolución fue firmada por el juez federal Sergio Torres quien se encuentra subrogando a su colega Sebastián Casanello, y se produjo en el marco de la causa en la que se investigan supuestas coimas en las obras realizadas por las empresas AySA y Odebrecht.
La prohibición de salida del país fue resuelta luego de que la solicitara la Oficina Anticorrupción (OA) y el pedido fuera respaldado por fiscal federal Federico Delgado, quienes también solicitaron la indagatoria del empresario.
“En vistas a preservar el dictado de esas medidas y neutralizar riesgos de fuga a parece procedente la petición formulada por la Oficina Anticorrupción, respecto de la prohibición de salir del país de Jorge Ernesto Rodríguez, Marco Samuel y Osvaldo Gandini”, dice la resolución que firmó Torres, a la que accedió Télam.
En su escrito de hoy, la OA pidió la citación a declaración indagatoria del empresario del “Corcho” Rodríguez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y de sus exfuncionarios Roberto Baratta y José López por supuesto “cohecho”.
La obra de Paraná de las Palmas había sido adjudicada a una unión transitoria de empresas integrada por la brasileña Odebrecht, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SACI y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
El organismo oficial pidió también que se amplíen las indagatorias ya tomadas a los exfuncionarios de Aysa, Carlos Ben y Oscar Biancuzzo, y a los empresarios Aldo Roggio y “Tito” Biagini, entre otros.
La OA aludió a un “complejo entramado de pagos de sobornos a funcionarios públicos vinculados a la obra mentada donde el acuerdo venal tuvo su origen con carácter previo a la adjudicación” de las obras, según el texto de cien carillas al que accedió esta agencia.
“A partir del año 2011 este oscuro entramado tuvo a Jorge Ernesto Rodríguez, y a personas de su entorno, como intermediarios de los sobornos de una de las firmas integrantes de la UTE: Odebrecht y distintos funcionarios públicos”, agregó.
Al planteo se sumó el fiscal federal Federico Delgado, quien interviene en esta causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y tiene delegada la investigación relativa a la “ruta del dinero” de la maniobra.
En un breve escrito de seis líneas, Delgado acompañó la presentación de la OA, sostuvo que su fiscalía ya trabajaba en algo similar y pidió que se ordene la prohibición de salida del país de Rodríguez y otros dos imputados, Osvaldo Gandini y Marcos Sankowicz.
Por su parte, el abogado de Rodríguez, Alejandro Novak, aludió a “una embestida mediática” contra Rodríguez, sobre quien Casanello ya dictó la inhibición general de bienes el año pasado, una medida apelada ante la Cámara Federal de Casación.
Novak difundió un comunicado en el que sostuvo que la OA y la fiscalía “saben que esta situación no resiste análisis, por lo que difunden un refrito de información que no se encuentra incorporada al proceso o que resulta absolutamente irrelevante para evitar se deje sin efecto la medida cautelar dictada”.
Además, sostuvo, “pretenden forzar al juez a llamar a indagatoria a Jorge Rodríguez sin fundamento alguno”.
Casanello ya indagó a los exresponsables de Aysa y a Roggio, Biagini y otros imputados de un total de 28, y trabaja en la resolución de sus situaciones procesales.
La OA, en base a datos llegados desde Uruguay, hizo ahora un nuevo pedido que incluye al “Corcho” Rodríguez, como supuesto intermediario entre la empresa constructora brasileña y los funcionarios argentinos.
Rodríguez ya fue citado a declaración indagatoria en otra causa vinculada a Odebrecht, el supuesto pago de sobornos para el soterramiento del tren Sarmiento, y deberá presentarse el 17 de octubre próximo ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La OA sostuvo que hay evidencia de que Rodríguez fue “intermediario” y se presentaba como “interlocutor de Roberto Baratta (mano derecha de Julio De Vido). En este tramo Odebrecht pagó sobornos por un total de 5,6 millones de dólares (desde enero de 2011 a enero de 2014) y por 850 mil dólares (de febrero a diciembre de 2014)”.
Sobre otro de los acusados y también detenido al igual que De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, la OA aludió a “mensajes extraídos del celular de José López en la causa sobre su enriquecimiento ilícito, donde se alude directamente a Jorge Rodríguez al momento de que el funcionario daba órdenes de frenar un pago destinado a Odebrecht”.
También se recordaron los “vínculos existentes con Jorge Rodríguez, que van desde la producción de un disco al hijo del funcionario (De Vido) hasta la presunta utilización por parte del mismo de las aeronaves propiedad de la empresa de Rodríguez”.
La productora de “Corcho” Rodríguez, “Nelly Entertainment”, produjo un disco al hijo de De Vido y, además, el organismo oficial aludió a “contratación de aeronaves de la firma Helicopter Corportaion por parte del Ministerio de Planificación”.
Por otro lado, se aludió a “constancias en la causa relacionadas con los registros oficiales de audiencias que certifican los contactos del ex ministro con la firma brasilera”.
“De Vido era la máxima autoridad del Ministerio de Planificación” y de él “dependían la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, encontrándose bajo su órbita la sociedad AYSA”, agregó la OA.