El juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó sin prisión preventiva al espía que durante meses fichó ilegalmente a vecinos de la ciudad. El “Agente AFI”, como lo denominó el Juzgado Federal para preservar su identidad, está acusado por tareas de inteligencia prohibidas por ley. Fue embargado en 30 mil pesos y le prohibieron salir del país. Otranto también le prohibió acercarse o entablar contacto con las personas a las que espió.
En su declaración del 2 de febrero, declaró que como agente de la Delegación Provincial de Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia, obtuvo información, produjo inteligencia y almacenó datos sobre 26 personas militantes del “No a la Mina”. Esta actividad está prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional.
En este “trabajo” incluyó fotografiar a varias personas que concurrieron a la edición del programa “Casa Abierta” en Cholila, el sábado 14 de marzo de 2015. Portaban una bandera con la consigna “No a la Mina” y una bandera “Wiphala” de los pueblos originarios.
El “Agente AFI” admitió que hizo investigación criminal sin autorización legal ni requerimiento judicial, en el marco de la causa por la ocupación de un sector de la Estancia Leleque situado en el paraje Vuelta del Río lindante con la ruta 40, que desde marzo de 2015 lleva adelante un grupo que reivindica que se trata tierras de ocupación ancestral mapuche.
Además, sin autorización de la Agencia, se relacionó y actuó en forma prohibida con la fiscal jefe y el fiscal general de Esquel, María Bottini y Fernando Rivarola. Se reunió con ellos la mañana del 28 de mayo de 2015. Les ofreció colaboración en la investigación por la ocupación de tierras en Leleque para aportar información digital. El imputado refirió que concurrió a la cordillera por órdenes superiores y para una tarea que “no puedo revelar en el marco de la Ley de Inteligencia”.
Estuvo en Esquel cuatro veces y que se presentó ante las “distintas autoridades” a raíz de “los nuevos paradigmas de la AFI”, hablando de la apertura del organismo, que está trabajando en un “marco abierto y plena colaboración”.
Trabajó un año con relación a “un grupo violento, radicalizado, que actuaba en Chile y San Carlos de Bariloche”. En marzo tomó conocimiento de que Jones Huala estaría en la zona. Concurrió al lugar del hecho porque muchas personas pensaban que uno de los sujetos con pasamontañas era Huala. El espía lo confirmó personalmente, tomando como referencia los rasgos fisonómicos de esta persona que había investigado.
A la oficina del fiscal Rivarola concurrió porque “el Juzgado Federal se aparta de la causa de la toma”, dijo. Fue a ver al fiscal para preguntarle si se había podido identificar a Jones Huala entre esas personas y a ponerse a disposición. Dijo que Rivarola no lo convocó, sí sabía que “estaba trabajando y me entrevistaba con la Policía”.
“Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial”. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos los documentos que copió en su computadora los abrió”, manifestó y señaló que los miró y decidió copiarlos en una carpeta a la tildó como ‘Inteligencia’.
“Las fotos que yo había tomado de la toma le servían para su investigación”, explicó y aseveró que también le podía servir la información para una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público realizada por el entonces subcomisario Ale, a raíz de que no se había detenido a Jones Huala.
Con relación al archivo de los vecinos del “No a la Mina” dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso dijo que le podía interesar”. En ese momento se dio cuenta que se le había “traspapelado”, “pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie”. Este archivo estaba en la carpeta “RAM”, que reconoció como suya, pero dijo que el archivo “no tenía nada que ver con el tema”.
Comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo: “Me mandé un cagadón”. Primero le dijo que le habían sacado la información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. “Le dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él”, declaró el espía. Le hizo referencia al archivo de activistas antimineros, él le dijo que no sabía ni de dónde había salido. Rivarola le dijo que tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto.
Según el juez Otranto, el imputado se involucró en investigaciones judiciales en las que nadie pidió la intervención de la AFI. Por eso decidió llamó a declarar a las 26 personas individualizadas en el archivo que el espía denominó “Activistas antimineros en la zona de la comarca andina.doc”. También serán convocados Darío Calfunao, Cristina Danelón, Aymará Daniela Bares, Silvia Pérez, Lino Pizzolon, María Amalia Souza y Guillermo Vilanova. Además se ordenará la declaración testimonial del comisario Gómez, que prestaría funciones en Rawson.
La pericia informática de la Policía Federal, una vez que extrajo el contenido del disco rígido de la computadora del fiscal Rivarola, se concentró en la carpeta que contenía la información que se habría copiado del encuentro con el agente de inteligencia.
Sin embargo, Otranto advirtió una “importante contradicción” entre la versión de Rivarola y el análisis pericial sobre su computadora, que pone en duda el relato del fiscal provincial. Según Rivarola, copió la información que aportó el agente dentro de la carpeta del legajo de investigación en otra carpeta que llamó “Información inteligencia”. No obstante, la pericia determinó que las carpetas que fueron copiadas el 28 de mayo en la computadora de Rivarola directamente aparecieron grabadas en una carpeta llamada “Copia defensa”, que contenía la información que luego fue entregada a la defensora de uno de los imputados. Recién el domingo 30 de agosto de 2015, cuando estalló el escándalo y los fiscales denunciaron el episodio en el Juzgado, fue que toda esa información fue copiada en la carpeta “Información inteligencia brigada Puelo”.
Pero lo más llamativo es que los archivos examinados en el peritaje que el 28 de mayo pasaron a la computadora del fiscal, aparecieron grabados en la carpeta “Copia defensa” mencionada varias horas después de la reunión en que se traspasó la información.
Esto sugiere que, en realidad, en un primer momento de la entrevista, la información debió haber sido copiada en otra ubicación del mismo disco rígido. Posiblemente en una carpeta creada en ese momento con el número del legajo fiscal, tal como se aprecia de la grabación. Esa información debió haber sido trasladada cerca del mediodía mediante “copiar y pegar” a su ubicación en la carpeta “copia defensa” dentro de la carpeta del legajo fiscal que ya existía en el disco rígido.
No es un dato menor que los archivos no aparecen grabados en esa ubicación en un mismo horario como si hubiesen sido copiados en bloque. De esto se infiere la posibilidad de que ese día hayan sido copiados en la carpeta “Copia defensa” a medida que fueron examinados uno por uno en su ubicación original en el disco rígido.
Esta sospecha necesitará una pericia informático más exhaustivo y abarcadora de todo el disco rígido.
Fuente: Diario Jornada