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Plan canje Por Horacio Verbitsky

Cuando reabra el Congreso, el gobierno espera tener afianzado un esquema de gobernabilidad, como lo llaman Frigerio y Pichetto: fondos de la Nación para las provincias y votos en el Senado para aprobar leyes. Ese plan canje se cruza con la conflictividad social que irá en aumento (35/40 por ciento de inflación prevista, 20/25 por ciento de aumento en paritarias propuesto por Macrì) y con las pugnas internas en la oposición, donde un operador sin territorio mezcla las cartas.

Tanto los funcionarios del gobierno nacional como los gobernadores se preocuparon por dejar sentado que no se trataba de un canje de dinero por leyes. Lo hicieron con tal insistencia que pueden quedar pocas dudas de que allí está la clave del encuentro que el jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, mantuvieron el miércoles con los representantes de trece provincias gobernadas por distintas vertientes del justicialismo y el Frente para la Victoria, desde la epónima Alicia Kirchner hasta el peronista chúcaro Carlos Verna y los vicegobernadores peronistas de Santiago del Estero y Misiones, cuyos gobernadores transversales provienen del radicalismo. El reacomodamiento es imprescindible en el mapa político del país, trastornado no sólo por la elección de Maurizio Macrì como presidente, sino también por los cambios en las gobernaciones provinciales y en el Congreso de la Nación. El Frente para la Victoria controlaba la presidencia y dieciséis gobernaciones y, junto con aliados, tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso. La Alianza Cambiemos, aparte de la presidencia sólo gobierna cinco estados subnacionales (la CABA, la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Jujuy y Mendoza), apenas le responden 15 senadores y 91 diputados propios. No es por casualidad que la nueva ley de ministerios le haya adosado a la cartera tradicional de la negociación política la secretaría a cargo de las obras públicas. El Congreso está cerrado hasta el 1º de marzo, pero el libro de pases está abierto y las negociaciones serán frenéticas durante febrero. Ante las abundantes denuncias que reciben los organismos internacionales (represión a manifestantes, armada y por medios judiciales; nombramiento de empleados del Poder Ejecutivo en comisión ante la Corte Suprema de Justicia y solicitud pública o secreta de renuncias a jueces y fiscales; cesantías en el Estado con justificación político-ideológica, derogación por decreto de leyes sancionadas con el más amplio consenso en tres décadas de democracia) los enviados oficiales y los defensores oficiosos del gobierno arguyen que Macrì debe mostrar autoridad porque su situación institucional es frágil y de otro modo no podría gobernar. En la lucha contra el fantasma de la primera Alianza y su desdichado presidente, a la segunda Alianza y su jefe no les basta la colonización del radicalismo que les permitió vencer en noviembre. Además deben avanzar sobre el justicialismo, sin cuyos diputados, senadores, gobernadores y sindicalistas, esta nueva experiencia de concertación tiene un futuro incierto. Con un avance de los precios al consumidor que según todas las previsiones rondará entre el 35 y el 40 por ciento anual, la pretensión de Macrì de que las paritarias cierren acuerdos del 20 al 25 por ciento muestra la decisión de consolidar la regresión distributiva que se instaló con la devaluación, la baja o eliminación de retenciones, los despidos que ya empiezan a sentirse en las pequeñas y medianas empresas, los fuertes aumentos de tarifas eléctricas y el abandono de los controles estatales al comercio, la producción y la banca. No son tambores de paz los que bate la nueva administración. Ante la imposibilidad de mantener la detención de Milagro Sala por una protesta política y social, la justicia jujeña dispuso su libertad en esa causa, pero la imputó por asociación ilícita, la figura a la que se recurre cuando no es posible individualizar qué delito se atribuye al acusado y que hasta 1943 se utilizó para criminalizar a los sindicatos.

Un hombre descarnado

El senador Miguel Pichetto le comunicó al diario oficialista La Nación su oferta a la Casa Rosada: “La aprobación de varios temas, que podría incluir la designación de jueces de la Corte, la modificación de la ley cerrojo, un permiso para endeudarse en el exterior, la creación de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico y la aprobación del presupuesto 2017”, a cambio de “la restitución del 15 por ciento y la continuidad de las obras públicas contempladas en el presupuesto de 2016”. Se refirió a esta transacción como “acuerdo institucional” o “acuerdo de gobernabilidad de la Nación con los gobernadores”. Tener o no tener que solucionar problemas de los ciudadanos y compromiso con la gobernabilidad son las expresiones que también recita Frigerio. Su plan es negociar en forma individual con cada gobernador, estimular las divisiones e impedir que se constituyan como un factor homogéneo de poder.

Pichetto habla como un hombre descarnado, luego de la pobre elección que realizó en su provincia, Río Negro. Hay quienes lo ven como a un náufrago que pugna por asirse a un madero del naufragio. Pero aún así expresa una alternativa al plan oficial, de negociación centralizada que haga valer el peso de un bloque con quórum propio en la cámara iniciadora para la distribución de recursos a las provincias que, en promedio, requieren de la Nación para el 70 por ciento de sus necesidades.

La paradoja de los gobernadores es que en la pulseada con sectores a los que desdeñan porque sostienen que su inserción territorial se manifiesta en los barrios y las plazas, recurran como vocero a quien ostenta uno de los cinco peores resultados electorales del país, sólo detrás de los candidatos derrotados en San Luis, la CABA, Córdoba y Jujuy. Al atribuir la responsabilidad de su derrota a la política económica de Axel Kicillof, Pichetto dio lugar a un interesante debate con Máximo Kirchner, quien recordó que en defensa de la misma política Scioli casi duplicó en Río Negro la votación de Pichetto: 62,8 vs 33,9 por ciento. Pero otra lectura posible es que la carencia de un territorio en el que Pichetto deba asegurar el pago de sueldos, planes sociales y obras públicas, le permite un mayor margen de maniobra, frente a una débil liga de mini gobernadores (nueve de ellos recién inician su mandato y varios tienen en el Senado a sus predecesores y/o antagonistas internos). El experimento de hábiles operadores a quienes peor les va donde mejor los conocen ya lo hizo el justicialismo con José Luis Manzano (quien fue el padrino de Pichetto en la política nacional) y el radicalismo con Elisa Carrió. Sus ingeniosas construcciones tácticas son como claveles del aire, que no echan raíz. La prueba ácida para Pichetto llegará cuando el conflicto social y gremial exija definiciones nítidas y el Congreso no sea sólo un lugar de citas gastronómicas.

Avivado por el aire frío de Davos, Macrì ungió como próximo jefe del peronismo a Sergio Tomás Massa, quien no tuvo tiempo de agradecerle porque lo tapó la ola de rechazos de sus presuntos adherentes. Sin distinción de líneas internas lo ven como un cuerpo extraño, cuyos votos permitieron la derrota justicialista. Pero además, Macrì sacó de paseo a Massa no porque fuera su principal apuesta para fragmentar a la oposición sino para desairar a Scioli por no plegarse ante las decisiones más duras de su gobierno. El mes próximo se jugará otra carta del mazo oficial. El ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo mira su DNI y lee que está llamado a conducir al justicialismo. Lo alienta Emilio Monzó, cuya biografía es digna de atención: su padre fue interventor de la dictadura en la intendencia de Carlos Tejedor y su hermana Inés la secretaria de Randazzo en la provincia y la Nación. Randazzo impulsó a Monzó a la intendencia de Tejedor, que ganó en 2003. Scioli lo designó ministro de Agricultura, pero Monzó se pronunció a favor de la Sociedad Rural durante el conflicto por las retenciones móviles y volvió a los orígenes, ahora en el PRO. Massa y Randazzo son dos alfiles con los que el gobierno espera cruzar el tablero peronista.

Civilización y Barbarie

El economista Jorge Gaggero, experto en la dimensión política y social de la estructura tributaria, entiende que para encaminar la relación con los gobernadores de la oposición no basta con el anuncio de Frigerio de corregir “el gracioso decreto de multiplicación de los panes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y de ir apurando las transferencias de fondos a las provincias para obras ya presupuestadas y planes sociales, que llevan atrasos de unos 10.000 millones de pesos. Una paz duradera requeriría a su juicio otras rectificaciones. En primer lugar, reponer el decreto con que CFK devolvió a todas las provincias el 15 por ciento de los recursos de la coparticipación federal, cosa que el gobierno no prometió; desistir de la política de “distribución monocolor a los buenos”, que acaba de anunciar Macrì (a los que hacen bien las cosas, los definió); abandonar el método generalizado de “arrebato unilateral, discrecional y cortoplacista”, por el difícil y lento proceso de construcción institucional que hace posible los cambios y les da estabilidad en el tiempo; y por último “un cambio radical” de la orientación de la política económica (digamos, sin aludir a los socios del PRO). Como Gaggero ve todo esto poco probable no augura buen destino a lo que con ironía llama la “política fiscal federal” de Maurizio Macrì. La rectificación del decreto que cedería a la CABA como triplicada alícuota de coparticipación primaria el doble de lo necesario para el traspaso de una parte de la Policía Federal, lo mismo que la del decreto que designó a dos jueces de la Corte Suprema en comisión, son de las pocas escaramuzas internas en las que la línea Civilización prevaleció sobre la agrupación Barbarie, que expresan las dos almas del macrismo. Frigerio planteó una nueva reunión, ahora con los equipos técnicos de los gobernadores, para dentro de dos semanas en las que se discutirían cambios en el esquema de coparticipación. Pero la manda constitucional de una nueva ley de coparticipación que deben aprobar todas y cada una de las provincias es incumplible y la búsqueda de alternativas no puede realizarse con la linterna retórica del federalismo mientras el Tesoro sólo acude al rescate de los aliados políticos del monarca.