Pérez Chada, el Doctor PRO

Como si fuera un embajador itinerante de la Casa Rosada ante el Poder Judicial, el penalista Alejandro Raúl Pérez Chada recorre los tribunales federales de Comodoro Py cada vez más seguido. En los fríos pasillos que comunican a esos juzgados, creados para perseguir corrupción y delitos complejos, sus habitantes confirman la presencia del abogado personal de Mauricio Macri con una habitualidad llamativa. “Pasa por varios despachos, a veces chapea en nombre del Presidente, y otras veces lo hace en nombre del Grupo Clarín”, confió una fuente judicial para reflejar la transversalidad del letrado, que ahora sumó un nuevo defendido, quizás por expreso mandato presidencial: tiene a su cargo la defensa del titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso en la investigación que instruye el juez Claudio Bonadio, por operaciones realizadas con los bienes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Basavilbaso es el penúltimo nombre de una extensa lista de defendidos que sumó volumen la semana pasada, con María Fernanda Inza, la ex contadora de la provincia de Buenos Aires que fue removida por la gobernadora María Eugenia Vidal ante el escándalo de los aportes truchos en última campaña electoral bonaerense. Incluye al empresario de los juegos de azar y titular del Club Boca Juniors, Daniel Angelici (en una denuncia presentada por Elisa Carrió por presunto tráfico de influencias); a la vicepresidenta Gabriela Michetti (en el expediente donde fue investigada por el origen del dinero que le sustrajeron en su casa) y al ex militar y ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, que fue removido provisoriamente del cargo hasta que fue sobreseído. También tiene a su cargo la defensa de otro “Juanjo”. Es el caso del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, investigado por “supuestas maniobras de tráfico de influencia y negociaciones incompatibles con la función pública”, respecto a una operación por seis parques eólicos.

Se trata del primer caso que motivó una citación indagatoria para un funcionario del Gobierno que, por la dimensión de sus responsabilidades, tiene el rango de un ministro. El expediente apunta a Basavilbaso y otros cinco funcionarios del FGS por presunto perjuicio contra el Estado, debido al rol que tuvieron en la venta del 11,85% de las acciones de Petrobras Argentina (PESA) que estaban en manos de la Anses. Los funcionarios indagados cedieron ese paquete al empresario energético Marcelo Mindlin en noviembre de 2016, cuando el magnate dueño del grupo Pampa Energía ya le había comprado la mayoría de PESA a Petrobrás Internacional.

Según reconstruyó la periodista Maia Jastreblansky, del diario La Nación, la adquisición de PESA le permitió a Mindlin ofertarles a los accionistas minoritarios, como el Anses, la comprar de su parte “con una oferta pública obligatoria de adquisición (OPA), o mediante el canje del resto de las acciones”. Originalmente el precio de cada acción fue de 9,40 pesos, pero los “directores independientes de Petrobras consideraron que el valor “no era razonable” y la Comisión Nacional de Valores (CNV) pidió rectificar el precio, que subió a 10,37 pesos”. En ese cambio, el FGS vendió su 11,85% a 10,37 pesos por acción, justo antes de que los títulos subieran a 18 pesos gracias a la fusión y absorción de PESA al holding de Mindlin. El rol del empresario no es menor, porque se trata del mismo que le compró al primo presidencial, Ángelo Calcaterra, la constructora IECSA, una de las contratistas de obra pública pertenecientes al clan Macri que más licitaciones ganó durante el kirchnerismo.

EL INICIO EN LA RIBERA. Esa trama ahora está en manos de Bonadio, uno de los magistrados más cuestionados por su vinculación con el Gobierno. Sin embargo, el desembarco de Pérez Chada como defensor de Basalvilbaso confirma la sensibilidad del caso para el Presidente, que resolvió involucrar a su abogado personal, reconocido en tribunales por ser el encargado de las “causas delicadas” para Macri.

Macri y Pérez Chada se conocen hace 23 años, cuando el abogado comenzó a asesorar al entonces presidente de Boca Juniors, mediante Pedro Pompilio, uno de los puentes del magnate para desembarcar en el club que le permitió luego lanzarse a la política. De esa trama originaria, el letrado presidencial mantiene vínculos que le han permitido sumar poder, como la relación que mantiene con el empresario de los juegos de azar y titular de Boca, Daniel Angelici, o el ex representante de jugadores y actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Uno de sus últimos movimientos, en materia de facturación, fue gracias a Aerolíneas Argentinas, que lo designó como asesor letrado por un “fee” superior a los 100.000 pesos mensuales.

Casi al mismo tiempo del contrato con Aerolíneas, el abogado quedó a cargo de la defensa del ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, cuando fue separado preventivamente de su cargo por una denuncia por corrupción. En ese caso Pérez Chada se sumó un poroto, porque su cliente fue sobreseído.

El primero en advertir la arqueología futbolística de Macri, Angelici, Arribas y Pérez Chada fue el periodista de Página/12 Gustavo Veiga, que mostró la inscripción que tiene el letrado ante la AFA, desde 2002, como representante de jugadores, un metiér que compartió a partir de 2007 con Arribas, pero que afrontó un pico de exposición pública por el cuestionado pase de Carlos Tevez al Corinthians. Luego asumió la defensa de Juan Román Riquelme, en 2008, ante una acusación de incitación a la violencia de la justicia contravencional porteña.

BOMBERO AMARILLO. Tras los litigios empresariales y futbolísticos, Pérez Chada comenzó a jugar fuerte para Macri durante sus dos mandatos como jefe de Gobierno porteño: en la causa que lo investigó como partícipe necesario de una asociación ilícita dedicada a realizar espionaje ilegal dentro del Gobierno de la Ciudad, por la que fue sobreseído en segunda instancia, y su responsabilidad en la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), dedicada a perseguir, hostigar, golpear y desalojar a personas en situación de calle durante el desempeño de Juan Pablo Piccardo como ministro de Ambiente y Espacio Público en el primer mandato de Macri.

Mientras forjaba su rol jurídico en las sombras para el gobierno porteño, Pérez Chada también fortaleció su papel como letrado del Grupo Clarín en varios casos contra el Estado nacional y contra distintos periodistas. El hilo que lo une en la actualidad es el actual diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que fue en 2008 jefe de Gabinete de Piccardo en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y principal impulsor de la patota sostenida por el Ejecutivo porteño para perseguir personas en situación de calle. Pero la relación con el multimedio se remonta a la última dictadura. Según reveló el periodista Andrés Fidanza, en Perfil, Pérez Chada comenzó a trabajar con Clarín gracias al jurista Julio Martínez Vivot, breve ministro de Defensa de Reynaldo Bignone, porque “antes de morir, lo impulsó para que continuara como representante del grupo”. Por esos años, el penalista era ayudante de la cátedra que tenía Martínez Vivot de Derecho del Trabajo en la UBA.

Hugo Wortman Jofre, Pérez Chada y Pepín se intercalan como asesores jurídicos de Héctor Magnetto y cumplieron la misma función para la dueña del holding, Ernestina Herrera de Noble, hasta su fallecimiento, aunque la señora conoce al abogado presidencial desde sus primeros pasos en las grandes ligas.

Con esa hoja de ruta a cuestas, sembrada por incómodas intimidades con el entorno presidencial, Pérez Chada deambula por Comodoro Py para cumplir con el nuevo pedido de Macri: cuidar y preservar al titular de la ANSeS, cuyos voceros, sostienen que Basavilbaso estaba listo para declarar ante una indagatoria que, curiosamente, fue postergada.