Los procuradores generales de Argentina y Brasil, Alejandra Gils Carbó y Rodrigo Janot, denunciaron “obstáculos” de la Cancillería argentina y del Ministerio de Justicia brasileño “en materia de cooperación jurídica” en el marco de la investigación de la causa por corrupción de la constructora Odebrecht.
En una inédita reacción y cuando el tramo local de las investigaciones, tal como adelantó el diario Ámbito Financiero, está empantanado ante la negativa de Brasil de proveer información clave sobre la trama de sobornos de Odebrecht en el país, los procuradores generales de ambos países apuntaron contra sus propios gobiernos. Por un lado Alejandra Gils Carbó -enfrentada con la administración de Mauricio Macri-, y por el otro lado, el poderoso Rodrigo Janot (también en batalla contra Michel Temer) firmaron un comunicado conjunto con tono de denuncia ante los movimientos que ambos poderes Ejecutivos han hecho en el marco de las investigaciones que salpicaron en el vecino país a toda la clase política y a gran parte del empresariado.
En el escrito, los ministerios públicos de Brasil y Argentina advirtieron que los gobiernos de ambos países presentan “obstáculos” que constituyen “injerencias indebidas” en el desarrollo de los acuerdos realizados por los jefes de los fiscales a uno y otro lado de la frontera. Allí, se denunció que el Ministerio de Justicia brasileño exigió ahora una intervención directa en la redacción del Acuerdo de Constitución del ECI ( el Equipo Conjunto de Investigación), orientada, fundamentalmente, a que las pruebas compartidas en ese marco de cooperación sean “tramitadas por las autoridades centrales”. Esto significa que más allá de conformar un equipo binacional de fiscales (la intención de Gils Carbó y de Janot), la administración de Temer -recientemente salpicado por revelaciones bajo investigación también por sobornos de la mayor empresa frigorífica- tendría participación en los hallazgos de las investigaciones que realice esa comisión.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino -conducido por Jorge Faurie- propuso convertir el Equipo Conjunto de Investigación en un “tratado internacional negociado por los Poderes Ejecutivos”. “Ambas solicitudes desvirtúan la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales competentes para la investigación”, sentenciaron en el comunicado, dado a conocer el primer día después de la feria judicial de invierno local. Gils Carbó ya mantiene un enfrentamiento abierto con el Gobierno de quien sospecha, impulsa su procesamiento en una causa penal por la compra de un edificio, para así conseguir su destitución.
“Advertimos que las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional de ambos países -Ministerio de Justicia de Brasil y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina-, presentan obstáculos y requerimientos que constituyen injerencias indebidas en el desarrollo de los acuerdos que en materia de investigación del caso Odebrecht realizaron los ministerios públicos de Brasil y Argentina”, sorprendieron ambos funcionarios, cabeza de los ministerios públicos. Janot, a su vez, retiene bajo su órbita la denominada “Lista Janot” con los implicados en la trama de sobornos en su país, obtenidos, en parte, gracias a la delación premiada que firmaron 77 ejecutivos de la firma Odebrecht.
Janot había confirmado la existencia de prueba documental aportada por el arrepentido Leonardo Meirelles que podría ser de interés al expediente (hoy cerrado) que involucra por transferencias al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Tanto el juez de Curitiba, Sergio Moro, como Janot habían confirmado que no es posible compartir esas pruebas hasta tanto se homologuen acuerdos dentro del mismo marco legal que los arrepentidos tienen en Brasil. Esto se dio en paralelo a un intento del Gobierno de sellar un acuerdo con la empresa y tras haber enviado a una delegación de jueces y fiscales además de funcionarios de la Oficina Anticorrupción a los Estados Unidos para intentar acceder a la lista de nombres aportados por Marcelo Odebrecht en el acuerdo firmado con la justicia de ese país.
El comunicado completo:
