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Narcos serán trasladados a Rawson y Esquel por temor a fugas

Esta medida fue adoptada por el Gobierno nacional y el Ejecutivo bonaerense porque temen nuevas fugas.

El acuerdo que se firmó apunta a trasladar a 10 presos de penales provinciales a cárceles federales de la Patagonia, donde estarán más seguros y lejos de eventuales apoyos externos, por lo que haría más dificultosa la planificación de una fuga.

Esta medida fue tomada debido a la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez que estaban detenidos en una cárcel provincial en General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Entre los detenidos que serán trasladados hay integrantes de la banda de Los Monos, de la localidad de Rosario, que está dedicada al narcotráfico, otros presos por regentear desarmaderos de autos, pero que su giro habitual es el comercio de sustancias prohibidas y otros presos de alta peligrosidad ligados con el comercio de drogas.

Los investigadores determinaron que días antes de la fuga, los evadidos se atendieron en una enfermería, movimiento que se repitió en otros casos de presos peligrosos detenidos por narcotráfico.

Otros de los motivos es porque al gobierno nacional le llamó la atención el movimiento que realizó Mario Segovia, el denominado «Rey de la Efedrina», preso en la cárcel de Ezeiza que pidió ser atendido fuera del penal y, a causa de esto, el Servicio Penitenciario Federal decidió reforzar la seguridad del preso ante el temor a una fuga.

Segovia, había hecho una presentación ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para solicitar la autorización para ser atendido en un hospital siendo que está condenado a 14 años de prisión.

Una solicitud similar presentó la defensa del mexicano César Cornejo Miranda, arrestado por enviar a su país cocaína líquida escondida en transformadores eléctricos. Todos estos movimientos interpretados como sospechosos por el Gobierno.

También, alertó a las autoridades bonaerenses la tentativa de motín que se desató en Azul, que a pesar de ser un disturbio menor tuvo una impactante cobertura televisiva, con imágenes que sólo pudieron haber sido provistas por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Las fuentes interpretaron que la intención de los penitenciarios era generar un clima de agitación que favoreciera futuras evasiones.

Las conversaciones entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, llevaron a que los servicios penitenciarios federal y bonaerenses suscribieran este convenio. En la práctica, sin embargo, quien tiene la decisión sobre el destino de cada detenido es el juez que lo tiene a su cargo.

De esta manera, el Servicio Penitenciario Bonaerense sugerirá a cada magistrado la posibilidad de que el preso sea trasladado a un penal federal del sur. Y si el juez entiende que no corresponde, será su responsabilidad en caso de fuga, dijeron fuentes del Gobierno al Diario La Nación.