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Nación detectó irregularidades con fondos para viviendas y reforzará el control

El ministro Frigerio le anunció a los gobernadores que deberán entregar un listado de beneficiarios antes de recibir el dinero; las denuncias por irregularidades, la clave.

Las denuncias sobre irregularidades se multiplicaron en distintos rincones del país, y motivaron una acción concreta. Decidido a que los $31.000 millones que destinará este año a paliar el grave déficit habitacional que vive el país “llegue efectivamente a quienes lo necesitan”, el gobierno de Mauricio Macri decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales.

La novedad, que llega en línea con las medidas de “austeridad” y control del gasto tomadas por el Gobierno en las últimas semanas, fue transmitida ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.

La inminente puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado “evitar los abusos”, que cerca de Frigerio adjudican, sobre todo, a “provincias gobernadas por el PJ”.

Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias. A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.

“Las provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resolución que nos permitirá ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la política de vivienda le hable a la gente”, afirmó el actual secretario de Vivienda, Iván Kerr, que acompañó a Frigerio a San Juan.

El Gobierno prevé cruzar los datos que envíen las provincias con las bases de datos de organismos como la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas. “Allí saltará si la persona tiene otra propiedad, si la tuvo, si recibe planes sociales”, detallaron desde el Gobierno.

Según datos del Ministerio del Interior, hay en este momento 84.000 viviendas en ejecución en todo el país. “Sabemos que no alcanza, por eso queremos pasar de un Estado asistencialista a un Estado facilitador de créditos”, ampliaron las fuentes oficiales.

En Casa Rosada mencionan el caso de Tucumán, donde a fines del año pasado se sucedieron las denuncias contra el IPV, con empleados que presuntamente se hacían pasar por gestores, cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jamás se concretaba.

Abundaron a principios de año las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas. Y en Chubut el año pasado, acusaron de asociación ilícita a exfuncionarios del IPV de Comodoro Rivadavia, que pedían un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas. Los imputados, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos viviendas. Se entregaron con ese modus operandi más de 80 viviendas