Ningún gobierno merece ser condenado con apenas 45 días de gestión. Sin embargo, la tendencia manifiesta a gobernar apartándose de marcos de legitimidad institucional y de buscar impactos mediáticos, más allá de abordar real y seriamente los graves problemas nacionales, merece un serio llamado de atención de la ciudadanía y de las fuerzas políticas. Y se debe evitar un nuevo engaño hacia el pueblo que eligió respecto de lo prometido.
Durante estos años se ha venido reclamando respeto a la Constitución Nacional, mayores acuerdos y consensos, así como más legitimidad. La alianza Cambiemos hizo su campaña montada en ese compromiso republicano. Pero nombrar jueces de la Corte Suprema, modificar la ley de medios, la ley de presupuesto y la de administración financiera por decreto y de espaldas al Congreso Nacional son hechos que reniegan de la confianza del voto y de las promesas electorales, además de una manera de continuar por el sendero transitado durante años por Cristina Fernández y el kirchnerismo.
Falta muchísimo debate y lograr esos consensos prometidos en torno a los más graves y profundos problemas de la Argentina. Asistimos a la modificación del tipo de cambio sin antes haber plantado efectivas medidas antiinflacionarias, acordando con las partes precios y salarios, o a favorecer unilateralmente al sector agrario, soslayando medidas que fomenten la industria y a la asignación arbitraria de la coparticipación, ignorando a las provincias. Estas medidas se ejecutaron sin haber promovido —en ningún caso— el pertinente debate en el Congreso que les otorgue mayor legitimidad y cuota republicana.
Sin dudas, un caso de alta sensibilidad por sus implicancias múltiples es la reciente declaración de emergencia en seguridad, con la novedad que posibilita el derribo de aviones hostiles. Vemos que el nuevo Gobierno se compromete contra el narcotráfico, como fue su promesa en campaña, pero una estrategia eficaz demanda una cuidadosa elección de medios para concretar fines. No se puede resolver la profundísima crisis de inseguridad sólo a tiro de decreto.
Existe un triple problema. En primer lugar, la legitimidad: se necesita un debate y un acuerdo político amplio, como lo tuvieron en su momento las leyes de seguridad, defensa e inteligencia. No puede resolverse a las apuradas, como hizo el kirchnerismo con la reforma de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Los países de la región han tenido amplios debates. Porque al momento de las responsabilidades, vienen los problemas de quién dijo qué y quién hizo qué. También hay que considerar cuál es el porcentaje de droga que entra por vía aérea, considerando que lo más grueso lo hace por vía fluvial y terrestre.
Segundo, se vuelve a poner en el tapete el tema de los límites entre defensa y seguridad. La Fuerza Aérea no puede hacer tareas policiales y no existe un marco legal para ello. Lo contrario implica violar leyes, como hizo el kirchnerismo bajo la impronta de César Milani. Ni antes el Escudo Norte ni ahora el operativo Fronteras surgieron, como indica la ley, del Consejo de Seguridad Interior y de su Comité de Crisis.
Por último, la Fuerza Aérea no posee los medios para interceptar velozmente un vuelo ilegal que apenas dura unos minutos. Es necesario redefinir el despliegue aéreo en el territorio y la radarización, y adaptar esas capacidades hoy degradadas para una eventual nueva misión que se apruebe por ley.
Pero, en paralelo y con más urgencia, es necesario corregir y readecuar el sistema de inteligencia nacional mediante una coordinación interjurisdiccional, que evite situaciones como la de la triple fuga y que terminantemente deseche ilegalidades como el espionaje interior, como lo ocurrido recién desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre Milagro Sala y la Túpac Amaru. Si Sala manejó de forma ilícita los fondos públicos, debe ser llevada a la Justicia para determinar su responsabilidad, sin que el Estado criminalice la protesta social y espíe organizaciones populares.
- Senador nacional y cineasta para infobae