Image default

Militarización, ambigüedad peligrosa

La militarización de la seguridad interna dispuesta por Mauricio Macri activó temores, polémicas y críticas. Qué dice el decreto que rompe con tres décadas de acuerdo interpartidario sobre el rol de las FF.AA. Antecedentes y consecuencias de políticas similares en la región.

En plena crisis económica, con el Congreso convulsionado por el debate sobre la legalización del aborto y la lupa internacional puesta en las metas del acuerdo con el FMI y en la cumbre presidencial del G20 que se realizará en cuatro meses en Buenos Aires, Mauricio Macri anunció una reforma del Sistema de Defensa Nacional. Prometió saldar una deuda histórica, pidió modernizar las fuerzas y estar a la altura de la realidad mundial actual, pero en los hechos no hizo más que crear ambigüedad en las normas, una ambigüedad que busca empujar poco a poco el límite entre la defensa y la seguridad interna en nombre del terrorismo y el narcotráfico, una dirección promocionada por Estados Unidos y que ha demostrado ser muy peligrosa en otros países de la región como México y Colombia.

Macri no presentó un proyecto de ley para modificar alguna de las tres leyes fundamentales promulgadas desde la vuelta de la democracia que afectan al Sistema de Defensa Nacional ni anunció un plan concreto de reconversión y reorientación de las Fuerzas Armadas. Nada de esto. El mandatario eligió esquivar el Poder Legislativo y la necesidad de discusión y compromisos que éste supone y reescribió el decreto con el que Néstor Kirchner había reglamentado y complementado en 2006 la Ley de Defensa Nacional, aprobada en el fin del alfonsinismo.

El primer cambio importante que hizo fue el tipo de amenaza al que deben responder las Fuerzas Armadas. El decreto de 2006 sostenía que debían ser empleadas “ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s”. Ahora el carácter estatal desapareció: “serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la REPÚBLICA ARGENTINA; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.

“No lo dice, pero teniendo en cuenta declaraciones previas de funcionarios, esto abre la puerta a incorporar a dos actores: grupos terroristas y crimen organizado, principalmente narcotráfico. Es decir, cualquier grupo con algún tipo de capacidad armada organizada y con capacidad de infligir daño”, explicó a la revista Zoom Alejandro Frenkel, politólogo especializado en el tema y profesor en la Universidad de San Martín (UNSAM).
“El decreto dice que estas amenazas deben tener un origen externo, pero al quitar el carácter estatal agrega ambigüedad y ahí entra la interpretación. Por ejemplo, si hay un financiamiento externo a grupos locales, ¿se puede asumir asumir un origen externo?”, agregó el académico.

Hasta ahora, la legislación establecía que el narcotráfico y el terrorismo, como toda amenaza no dirigida por un Estado extranjero, quedaban bajo la órbita de la seguridad interior y de las fuerzas bajo el mando del Ministerio de Seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Con una excepción.
“La leyes de Defensa Nacional de 1988, de Seguridad Interior de 1992 y de Inteligencia Nacional de 2001 regulan el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, y permiten que actúen en la defensa nacional, frente a un ataque exterior, operaciones de paz de Naciones Unidas, en la Campaña Antártica y desastres naturales acá o en países amigos. Además, frente a una situación grave que la Policía y la Gendarmería no pueden resolver, el presidente, previa declaración de estado de sitio, puede utilizar a las Fuerzas Armadas. Esta excepción nunca se utilizó. En 2001, el gobierno de la Alianza le pidió al Ejército reprimir en Plaza de Mayo, pero el Ejército se negó porque consideró que no se habían cumplido los pasos legales”, explicó Sergio Eissa, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Defensa y Seguridad.

“La discusión que se plantea ahora -agregó Eissa- es si en vez de una excepción, las Fuerzas Armadas pueden usarse normalmente frente a la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo”.
Pero, ¿cómo combate una fuerza militar que está entrenada para hacer la guerra a grupos criminales dentro de su propio territorio, en medio de la población civil? Otra pregunta quizás más importante es ¿cómo se combate de manera eficaz el narcotráfico y el terrorismo? La respuesta es simple, con inteligencia.

El nuevo decreto de Macri parece haber tenido en cuenta esto ya que eliminó del artículo 3 la prohibición explícita que existía a hacer tareas de inteligencia sobre temas de seguridad interior y la nueva versión de la norma no hace ninguna mención del tema, es decir, que además de eliminar la prohibición no pone ninguna limitación.
El artículo 3, además, entra en una contradicción.

Al mismo tiempo que establece que las Fuerzas Armadas se enmarcarán en las operaciones establecidas y limitadas por las tres leyes nacionales ya mencionadas, dice que para el caso excepcional que el presidente las convoque para un asunto de seguridad interior “el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.”

Esto está expresamente prohibido en la Ley de Seguridad Interior, artículo 32, inciso c: “Tratándose la referida en el presente artículo de una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las fuerzas armadas, las que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554”, es decir, la Ley de Defensa Nacional.
“La excepción se puede convertir en la regla -advirtió Eissa- y, por lo tanto, se establece que se tienen que preparar para ello, adquirir equipamiento y entrenamiento para actuar frente a un ambiente urbano y frente a una agrupación criminal”.

En su discurso de esta semana, Macri explicó que las Fuerzas Armadas se prepararán para brindar “apoyo logístico en la zona de fronteras” y “protección de eventos de carácter estratégico”. “Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos”, aseguró.

El despliegue de tropas en zonas fronterizas no es nueva. Macri planea reforzar el envío de militares a la frontera norte del país, que ya había autorizado el gobierno anterior de Cristina Fernández para tareas de vigilancia e identificación, para poder retirar a los gendarmes que trabajan allí y redirigirlos a zonas urbanas como el gran Buenos Aires o Rosario.

La protección de objetivos estratégicos tampoco es una novedad.

“Desde 2001 cada vez que había una cumbre presidencial de la Unasur o el Mercosur, se sacaba un decreto clasificado que la declaraba un objetivo estratégico y, por lo tanto, se activaba un mecanismo de protección militar, con aviones y radares. El decreto de Emergencia de Seguridad Pública de Macri de 2016 desclasificó a estos decretos”, explicó Eissa. Sin embargo, hasta ahora la Ley de Seguridad Interior establecía que la Gendarmería y la Prefectura eran las fuerzas designadas para proteger y custodiar los objetivos estratégicos del país. El nuevo decreto suma de manera explícita al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

No existe ninguna definición oficial de qué es un objetivo estratégico ni un listado de cuáles fueron designados así por el actual y anteriores gobiernos. La mayoría de los analistas hablan, aparte de las cumbres presidenciales, de centrales nucleares, obras de infraestructura clave como el puente Zárate-Brazo Largo y recursos naturales como el Acuífero Guaraní. Pero la definición es amplia y podría incluir edificios vitales para la vida e independencia política del país como la Casa Rosada.

“La gran pregunta es qué pasa frente a una situación de despidos como los que pasaron en el sector de la energía nuclear si se producen protestas y las centrales están custodiadas por los militares. Los militares no están preparados para actuar en esas situaciones, están preparados para matar, no parar dar una orden de alto”, destacó Eissa.

Para Frenkel, asesor del Ministerio de Defensa entre 2008 y 2013, este escenario no es imposible con el nuevo decreto.

“El decreto no establece la militarización de la seguridad interior y no propone sacar a los militares a las calles para patrullar las villas, lo que sí hace es agregar ambigüedad y eso permite correr el límite. Todo dependerá ahora de lo que haga en la práctica el gobierno nacional”, explicó.

Tanto Eissa como Frenkel coincidieron en que las Fuerzas Armadas no sirven para luchar contra el narcotráfico, la gran amenaza nacional según el gobierno de Cambiemos. “Estados Unidos tiene la frontera más custodiada del continente y eso no impide que sea el mayor consumidor de droga. -explicó Frenkel y deslizó una posible explicación a la reforma anunciada por Macri- Hay una sobreactuación. Esto es más un gesto hacia Estados Unidos y, de paso también, para volver a ganarse la confianza de los sectores más conservadores.”

Otra posible explicación es que Macri está repitiendo la estrategia que tuvo Carlos Menem.
“El ex presidente les decía a las Fuerzas Armadas que eran parte de la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, pero al mismo tiempo les reducía el presupuesto. Es mucho más barato tener unas Fuerzas Armadas que cumplen tareas policiales con armamento de tipo policial, que unas Fuerzas Armadas preparadas y equipadas para la Defensa Nacional”, aseguró Eissa.

Pero esto no significa que los cambios y la ambigüedad creados por el gobierno de Macri serán inocuos.
“El decreto abre una puerta peligrosa, una caja de Pandora”, concluyó Eissa y no dudó en ponerle nombre a lo que podría estar del otro lado, al fondo del camino: México.

La guerra contra las drogas declarada por el ex presidente mexicano Felipe Calderón hace casi 12 años convirtió al país en un cementerio, en el que matar es barato y no tiene grandes consecuencias, y en el que la violencia infiltró todos los ámbitos de la vida diaria de los ciudadanos. El saldo final hoy son más de 235.000 asesinatos, decenas de miles de desaparecidos, grupos criminales aún operativos y unas Fuerzas Armadas desprestigiadas y derrotadas que están volviendo gradualmente a los cuarteles.

“El involucramiento de los militares empezó poco a poco en los años 80 con tareas muy limitadas, luego al final del gobierno de Vicente Fox, en 2005 ó 2006, se desplegaron por primera vez en mayor número para contener las guerras abiertas entre cárteles de droga en algunas zonas y con Calderón esto se volvió la regla”, recordó Rodrigo Elizarraras, un analista político mexicano que durante el gobierno de Calderón fue funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una agencia estatal.

La salida del Ejército a las calles se convirtió en el principal símbolo de la guerra contra el narcotráfico en México; sin embargo, legalmente siempre se amparó en una excepción que establece que las Fuerzas Armadas pueden actuar dentro del territorio cuando la población o la soberanía está en peligro y sólo por un período de tiempo acotado.
Comenzó con Michoacán. El entonces gobernador, nieto del histórico líder de la izquierda y referente del mayor partido progresista del momento, Lázaro Cárdenas Batel, le pidió ayuda a Calderón porque, según argumentó, la policía local estaba desbordada y no podía enfrentar a los cárteles de droga.

“Esa situación se replicó rápidamente en otros estados y los diagnósticos después de estas operaciones conjuntas fueron que las policías locales estaban mal preparadas, mal equipadas, mal pagas y penetradas por el crimen organizados”, explicó Elizarraras. Por un tiempo, “la presencia del Ejército se volvió popular entre la población civil”.

Pero el prestigio del Ejército, ganado en gran parte tras casi un siglo de democracia ininterrumpida, empezó a corroerse con cada denuncia de violaciones a los derechos humanos. Por eso, el sucesor de Calderón y el actual mandatario que en breve entregará el poder, Enrique Peña Nieto, no consiguió institucionalizar en el Congreso el rol policial del Ejército durante su mandato.

El consenso popular y político alrededor de los militares se fue quebrando gradualmente y la campaña presidencial de este año demostró su derrota final. Hace sólo unos meses, cuando apenas un 20% de los militares desplegados en 2010 siguen en las calles -según cálculos de Elizarraras-, ninguno de los tres principales candidatos propusieron mantener la guerra contra las drogas con las Fuerzas Armadas a la cabeza de la ofensiva. Por el contrario, el foco ahora está en cómo reforzar las policías locales.

“El modelo está agotado, solito se agotó”, concluyó Elizarraras. En Argentina, sin embargo, la discusión recién empieza.