El impulsor de la Ley de Protección a las Víctimas del Delito habló con “El Semanario” sobre sus esfuerzos para que consensuaran su aprobación.
El 17 de febrero de 1994 su vida cambió: sus padres, José y Alicia, sus hermanos, Fernando y Alejandro, y Nicolás Borda, un amigo de ellos, murieron en un incendio. Éste fue provocado por Fructuoso Álvarez González, el esposo de una prima segunda de su madre, quien denunciaba una deuda económica por parte del padre de Matías. Él, de 16 años, se salvó porque salto desde la ventana de su habitación.
Este hecho fue el que lo llevó desde hace 8 años y medio, junto a otros familiares de víctimas, a pelear por la aprobación de la Ley de Protección de Víctimas del Delito, que busca darle a las víctimas o a los familiares herramientas para hacerle frente a la situación: un abogado gratis, un Estado presente creando centros de asistencia a la víctima que aporten psicólogos y ayuda económica. Además, impide a los delincuentes salir de la cárcel antes de terminar su condena.
Bagnato declaró que este es el primer paso para generar un cambio de paradigma en la justicia Argentina: “Nosotros venimos desde hace muchísimos años viendo como el ojo de la justicia estaba puesto en el victimario y no en la víctima o el ciudadano de bien”. Además contó que si no fuera por la importancia que le dieron los medios, gracias a la cual pudo empezar a hablar con funcionarios, tanto políticos como jueces, él estaría muerto como su familia.
También opinó sobre la frialdad que muestran los jueces para hablar con los familiares de las víctimas y como muchos diputados se pusieron en contra del proyecto de ley porque “estigmatiza a los delincuentes”. “No estoy pidiendo ni pena de muerte ni tortura, estoy pidiendo que cumpla con los 25 años que me dijeron que iba a cumplir” explicó Matías, quien después de 10 años del hecho, recibió una llamaba del asesino de su familia, amenazándolo, porque lo habían liberado 8 años antes de lo debido por un error de tipeo en su expediente.
Bagnato expuso que la Ley, que ya fue aprobada, no afecta a los condenados en la actualidad, sino que es para futuras condenas, y agregó que una persona se convierte en víctima o en familiar de víctima porque hubo un Estado ausente que no lo supo cuidar: “Siempre hay alarmas, denuncias, que en el 90% de los casos nadie escuchó y llevaron a una muerte. Por ese hecho, ahí es cuando el Estado más presente tiene que estar”.
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