Las municiones 9 milímetros coinciden con las que se utilizaron en una brutal masacre en 2015, por la que fueron condenados policías militares.
Las balas que mataron a la concejala y activista carioca Marielle Franco, ejecutada el miércoles por la noche cuando viajaba en su auto por el centro de Río de Janeiro, pertenecían a un lote de munición policial que ya había sido utilizado en la mayor masacre perpetrada en el estado de San Pablo, en 2015, por la que fueron condenados tres policías militares y un guardia civil. Aunque la coincidencia no es concluyente, ya que el robo y desvío de municiones adquiridas por organismos oficiales es moneda corriente en Brasil, la evidencia direcciona las sospechas por el crimen hacia las fuerzas de seguridad, principal blanco de las críticas de Franco contra la violencia institucional.
Según información revelada ayer por el noticiero RJ1, de la cadena TV Globo, en la escena criminal se hallaron casquillos de balas 9 milímetros –las mismas que utilizan los agentes de seguridad– del lote UZZ-18, vendido por la empresa Compañía Brasileña de Cartuchos a la Policía Federal en Brasilia en 2006. Es el mismo lote al que pertenecían algunas de las municiones usadas en la brutal matanza perpetrada dos años y medio atrás en la región metropolitana paulista.
El 13 de agosto de 2015, en un intervalo de dos horas, varios encapuchados ejecutaron a 23 personas en ataques simultáneos ocurridos en distintas ciudades del Gran San Pablo. Cuatro miembros de las fuerzas de seguridad fueron hallados culpables por esas muertes. Según los investigadores, la masacre fue una venganza por el asesinato de dos uniformados algunos días antes. Varias de las víctimas tenían antecedentes penales por narcotráfico.
En aquella oportunidad, las pesquisas no lograron esclarecer cómo ocurrió el desvío del lote UZZ-18 hasta las manos de los asesinos. Eso es lo que ahora se propone hacer nuevamente la Policía Federal, que abrió una investigación para determinar “el origen de las municiones y las circunstancias alrededor de los casquillos encontrados” junto a los cuerpos de Franco y de su chofer, Anderson Pedro Gomes, quien también fue acribillado.
Por ahora no hay indicios suficientes para afirmar que los perpetradores de la matanza de 2015 tengan relación con los asesinos de Franco. Tampoco puede concluirse aún que haya miembros de las fuerzas de seguridad necesariamente involucrados en el crimen de la activista. Sin embargo, las pericias balísticas se suman a otros elementos que sugieren que los atacantes eran personas entrenadas para matar. Franco viajaba en el asiento trasero del auto y con vidrios polarizados. Aun así, le acertaron cuatro disparos en la cabeza desde otro vehículo. Se presume que dos autos la persiguieron durante unos cuatro kilómetros luego de que saliera de una reunión en el barrio de Lapa.
Franco, de 38 años y figura ascendente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue una reconocida defensora de los derechos humanos y denunciante incansable de la violencia policial. Criada en una de las favelas más carenciadas de Río, se había destacado por su militancia en defensa de las mujeres, los negros, los homosexuales y los pobres. En las últimas semanas, había alzado su voz contra la intervención militar del estado carioca, ordenada por el presidente Michel Temer.
Dos días antes de su asesinato, había denunciado el crimen de un joven que salía de la iglesia, en la comunidad de Jacarezinho. “¿Cuántos más necesitan morir para que esta guerra acabe?”, se preguntó en Twitter. Unas horas después, le tocó a ella.
Por Facundo Barrio