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Manuel Tufró: “Fogonea la violencia institucional”

Para el especialista, el nuevo reglamento busca neutralizar el posible control judicial. La organización evalúa un pedido de impugnación por vía judicial. Cuestionan el uso desmedido de la fuerza.

El nuevo reglamento que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales “es un instrumento claramente regresivo, que fortalece una línea de mensajes y medidas del gobierno nacional que buscan debilitar cualquier tipo de control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad”, le dijo a Página/12 Manuel Tufró, coordinador del Equipo de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Tufró resaltó que, en el mismo sentido, en marzo de este año se dejó sin efecto el Programa de Uso Racional de la Fuerza y de las Armas de Fuego, que había sido creado en noviembre de 2012 por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Esa decisión del actual gobierno puso fin a una serie de investigaciones internas y registros de casos de uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes estatales.

“El reglamento no hace otra cosa que neutralizar el posible control judicial y ante esta situación, desde el Cels estamos evaluando los argumentos para una impugnación por la vía judicial porque la medida del gobierno contradice la Ley de Seguridad Interior y el Código de Conducta de la ONU”. Puntualizó, en tal sentido, que el reglamento “contradice pronunciamientos que señalan como un hecho excepcional el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, porque de ahora en más eso deja de ser algo excepcional extremo, de última instancia, para convertirse en un elemento más que tiene en su poder la policía, que puede utilizar la fuerza dándoles la posibilidad de ejercer un uso desproporcionado de la misma contra personas que no tengan armas de fuego” que impliquen la posibilidad de un riesgo para los agentes de seguridad o para terceras personas. Tufrò insistió en que la medida oficial “implica un quiebre de la excepcionalidad vigente, tanto en los estándares de la ONU como en la Ley de Seguridad Interior”.

Tufró recordó que el actual “no es un gobierno que se caracterice por la adopción de medidas tendientes a reducir la violencia institucional sino que más bien la fogonea, como ocurre en el caso de esta medida en particular, que tiene que ver con una transacción con las fuerzas de seguridad, que de ahora en más puede apelar al uso de la fuerza letal porque se tratará de algo que pasa a ser contemplado en el uso reglamentario”. De esta manera “se convalida lo que la policía ya viene haciendo, pero ahora se agrava porque hay una renuncia del gobierno a ejercer un control para modificar esas prácticas, que de ahora en más podrían producirse sin que tengan consecuencias legales para quienes las cometan”. El coordinador del equipo de Seguridad del Cels señaló que con esta medida “el gobierno renuncia a tener el control político de las fuerzas de seguridad y va en sentido contrario a lo que debe hacer”.

Tufró sostuvo que el Cels, junto con otros organismos de Derechos Humanos y organizaciones de la comunidad “seguramente vamos a realizar una presentación judicial para demandar mediante una acción colectiva para que se mantengan los principios de excepcionalidad del uso de la fuerza mediante el uso de las armas de fuego” por parte de los agentes del Estado. Los planteos en contra del nuevo reglamento, seguramente coincidirán “con algunos proyectos que se están analizando en el ámbito legislativo y que se sumarán al rechazo de la medida oficial”.

Antes de la oficialización del nuevo reglamento, Tufrò había salido a contrarrestar declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se manifestó en contra de la supuesta “doctrina de la culpabilidad policial”, luego del Caso Chocobar. Un relevamiento del Cels determinó que sobre una muestra de 30 hechos de violencia policial en los que fueron asesinadas 33 personas en la Ciudad de Buenos Aires, entre 2014 y 2016, de los 38 policías involucrados, 27 fueron absueltos, siete siguen con causas en trámite y sólo fueron cuatro los condenados.