En momentos en que los casos de femicidios colman las páginas policiales de los diarios, el gobierno de Mauricio Macri resolvió recortar también ahí y desfinanciar programas de prevención y contención de las víctimas.
Seis organizaciones no gubernamentales presentaron presentaron un amparo en contra del recorte de $ 67 millones a medidas contra la violencia de género. Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21 le pidieron a la Justicia para que declare la insconstitucionalidad de la medida adoptada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Invocando facultades extrordinarias, Peña decidió reducir el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. “Dicha medida es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto”, señalaron los organismos.
El 11 de enero, mediante la Decisión Administrativa 12/2017, Peña distribuyó resolvió recortar $ 67 millones asignados al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Esta decisión dejó sin efecto el Presupuesto debatido y aprobado en el Congreso en noviembre pasado.
Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.
La acción de amparo fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21. “Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron.
“En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una partida destinada al PNA, que según los anuncios realizados requería fondos por $ 47 millones para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del Ejecutivo, el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales”, recalcaron las organizaciones. Los entes hicieron en ese momento una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación.