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Macri quiere a Lorenzetti fuera de la presidencia de la CSJ y apura purga de jueces federales

Una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia bastó para que las relaciones entre Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti ingresaran en su peor etapa.

El alto tribunal emitió un fallo que declara inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La sentencia, que beneficia a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Además suspende de manera inmediata los descuentos que el Estado efectúa a la provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.

La decisión del máximo tribunal exige al gobierno nacional y al Congreso que concreten la reforma pendiente del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos dispuesta con la sanción de la Constitución Nacional de 1994. La coparticipación es un mecanismo de distribución de los recursos fiscales entre las administraciones nacional, provincial y municipal para garantizar una provisión de bienes y servicios públicos equitativa en todo el territorio.

La detracción de este 15% de la coparticipación integra un fondo que se retira antes de distribuirla entre las provincias y la Nación. Desde 1992 se dispuso financiar con este dinero a la ANSES, antes de que se constituyeran las AFJP, en un período en el que había un déficit grande de la seguridad social en la Argentina. De esa forma el organismo previsional pudo equilibrar su balance con aportes por encima de la contribución de los trabajadores.

Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó en más de $ 80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la Corte, si se contabilizan unos $ 19.800 millones en términos históricos correspondientes a Córdoba y un monto similar para Santa Fe, que tienen coeficientes de coparticipación casi idénticos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos $35.000 millones para cada distrito, más otros $ 10.000 millones para San Luis.

“Son valores muy elevados pero no descabellados, dados los desequilibrios del sistema de coparticipación que se han venido acumulando en 20 años. Es un desafío para ambos gobiernos, nacional y provincial, negociar cómo se va a hacer tal devolución”, explicó Barraud a Infobae. Recordó que el stock de deuda acumulado por Córdoba con la Nación es de $ 6.745 millones, una cifra que dista de compensar la deuda nacional con la provincia.

“Es llamativo que surja ahora este tema. Con la coparticipación venimos con un incumplimiento con el precepto constitucional de reformularla desde 1996. Es raro el timing, como una piedra en el zapato que va a ser difícil de negociar para el próximo presidente”, comentó Barraud.

El fallo de la Corte obliga al Estado nacional a “cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días” y “devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan”.

El máximo tribunal fijó un plazo de 120 días para hacer efectiva la sentencia, con acuerdo entre las partes sobre forma y plazo para el reintegro.

Un estudio de IARAF con datos al cierre de 2014 determinó que mientras que cada ciudadano de la provincia de Tierra del Fuego recibió durante 2014 $ 25.174, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le ingresaron $ 1.895 per cápita. El año pasado Córdoba recibió $ 7.632 por habitante; Santa Fe, $ 8.048 y San Luis $ 13.824, mientras que el promedio nacional fue de 12.014 pesos.

Con esta decisión, la Corte dejó abierta la puerta a que se produzcan nuevos reclamos desde otros gobiernos provinciales, pues el Tribunal señaló que “han transcurrido casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación”, que en su artículo 75 inciso 2 exige garantizar “la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Ariel Barraud indicó que si se proyecta la detracción del 15% de la coparticipación a nivel nacional, el monto deducido por el Gobierno federal asciende a $ 230.000 millones de pesos en términos históricos, que actualizados ascienden a unos 415.000 millones de pesos. Esa cifra significa más del 7% del PBI y duplica el déficit financiero del Estado nacional previsto para todo 2015.

IARAF ponderó además la participación que las transferencias automáticas en concepto de coparticipación de impuestos nacionales y el fondo federal solidario (FFS) sobre el total de los ingresos de los distritos, en la que se contabiliza la recaudación propia. El 59,1% de los ingresos de Córdoba, el 61% de Santa Fe y el 74,2% de San Luis son transferidos por el Estado nacional a través de estos mecanismos.

El promedio nacional es de 54,5%: en los extremos, en Formosa esta dependencia alcanza el 89,3%, mientras que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esos giros nacionales representan apenas 9,5% de los ingresos.

La reacción

Hasta aquí la síntesis de este pronunciamiento que parece marcar un camino sin retorno en las relaciones entre la Corte y el Ejecutivo a punto de asumir. Una consecuencia previsible de lo ocurrido es que Macri, desde que conoció el fallo, comentaría con frecuencia que lo quiere ver a Lorenzetti fuera de la presidencia de la Corte lo más rápido posible. A renglón seguido, habrían comenzado en el PRO los preparativos para presentar rápidamente dos candidatos a cubrir las vacantes producidas por los fallecimientos de Carmen Argibay y Enrique Petracchi. Uno de los mismos sería consensuado con el grupo de gobernadores peronistas. La idea es que el candidato de Macri, se convierta rápidamente en el presidente de la Corte con el apoyo del otro nuevo integrante y de Juan Carlos Maqueda, un cordobés que respondería a las influencias políticas.

Paralelamente, el macrismo va por la dimisión del Secretario General de la Corte (en la práctica el administrador de su presupuesto) Alfredo Kraut, un alter ego de Lorenzetti cuyo poder con bajo perfil sienten todos los jueces y camaristas.

Si bien en la Corte el objetivo del PRO pasa por detentar el control, en el convulsionado fuero federal criminal y de instrucción de Comodoro PY, Macri tendría una obsesión distinta. Estaría convencido de que debe haber -vía renuncia o remoción por el Consejo de la Magistratura- una purga de jueces a los cuales las mediciones de opinión pública ubicarían en una posición insostenible. La lista negra del partido amarillo incluiría a los camaristas de la Sala I de la Cámara de Apelaciones Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (seriamente sospechados por presunto enriquecimiento ilícito) y a los jueces federales Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y Daniel Rafecas. Esta short lista sería el mínimo para mostrar un cambio en la justicia, por lo menos desde la óptica del PRO. Por lo que se sabe, la casi totalidad de los nombrados tendrían las valijas hechas y no estarían dispuestos a soportar un jury de enjuiciamiento.

Por Carlos Tórtora