El Gobierno creó la Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo en el predio del Ejército del partido bonaerense de San Miguel.
A través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, se estableció “un régimen especial de manejo y conservación” que “sin desmedro del ejercicio y práctica de las actividades vinculadas a proveer a la Defensa Nacional, la soberanía y los intereses vitales de la Nación, preserve los elementos de significativo valor para la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio cultural”.
En la norma se indicó que con la creación de esta reserva “no alterarán las condiciones de dominio del bien ni las actividades relacionadas con la Defensa Nacional”.
Los objetivos serán “propender a minimizar el impacto ambiental de las actividades propias de la Defensa Nacional en el predio, sin afectar el desenvolvimiento de dicha actividad” y “servir de zona protectora de las áreas contiguas a ella, aislándolas de posibles causas de perturbación de origen humano”.
Según la norma, que también llevó las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Defensa, Oscar Aguada, se buscará “promover la adopción de estándares para la medición del desempeño ambiental de las actividades que allí se desarrollen” y “contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica en dicha área”.
También se apuntará a “resguardar muestras de su ecosistema” y “contribuir a la restauración de los ambientes naturales”, así como “proveer oportunidades para la investigación científica, siempre que estas investigaciones no afecten las actividades propias de la Defensa Nacional”.
Según se indicó, se apuntará a brindar “oportunidades de visita, tomando los debidos recaudos que aseguren la menor perturbación posible del medio natural y la seguridad del eventual visitante”.
De igual modo, se buscará “contribuir a la conservación y divulgación del patrimonio natural, histórico y cultural de la Nación”.
Así, se prohíbe en Campo de Mayo “toda actividad que modifique sus características ambientales, que amenace disminuir su diversidad biológica, o que de cualquier manera afecte a sus elementos bióticos o abióticos, con excepción de aquellas acciones que sean estrictamente necesarias a los fines de la Defensa Nacional, conforme lo determine la Autoridad de Aplicación”.
Entre otras medidas, se prohíben “la pesca y la caza de ejemplares de la fauna silvestre”, así como “la introducción de animales domésticos”.
También “la recolección y extracción de flora o de cualquier objeto natural o cultural”, al igual que “la introducción, trasplante y propagación de especies de flora y fauna exóticas”.
No se permitirá “la exploración y explotación minera, incluida la prospección de hidrocarburos” ni “la instalación de industrias” o “el uso o dispersión de sustancias contaminantes, tóxicas o no, salvo aquellas autorizadas con fines militares o de manejo”.
Y de igual modo quedan prohibidos “los asentamientos humanos, salvo los que sean necesarios para el uso militar asignado, científico, de manejo, control o vigilancia”.
Tampoco se podrá construir “edificios o instalaciones, caminos u otras obras de desarrollo, salvo las destinadas al uso militar asignado al área, o a atender las necesidades de administración, manejo, control y vigilancia, o para la investigación científica, o aquellas construcciones de pequeña envergadura y de mínimo impacto que hagan al objetivo educativo de las visitas”.
Expresamente se indicó que “las actividades que se desarrollen en el predio deberán garantizar la preservación de todos los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado” y se garantizará “la realización de las investigaciones judiciales pertinentes y la conservación de la memoria de lo allí acontecido durante el Terrorismo de Estado”.
La creación de esta reserva había sido anunciada por el presidente Mauricio Macri al dirigirse a la Asamblea Legislativa y dejar abierto el período de sesiones ordinarias del Congreso.