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Los gendarmes digitales

Las grandes plataformas ejercen el control de los contenidos políticos. Más que resolver un problema, el bloqueo a Trump inaugura otro.

La deriva sediciosa del aún presidente de EE.UU., Donald Trump, la violencia desatada desde hace tiempo en la sociedad estadounidense -cuyo más reciente capítulo fue la toma del Capitolio- y el ejercicio de censura privada por parte de las grandes plataformas contra el mandatario saliente y sus seguidores, son un vestíbulo dramático y un banco de pruebas de la vida democrática en la principal potencia de Occidente.

Como en la ya clásica Robocop (1987), las plataformas ejercieron este último mes de policía privada para imponer cierto orden en una escena salpicada por abusos, errores y mentiras. En una democracia, los abusos de poder se corrigen con alternancia mediante elecciones, con intervención judicial y con discusiones y movilización por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, todo en base a leyes debatidas y legitimadas. En cambio, el ejercicio de estas funciones por grandes corporaciones que se arrogan la suma del poder de decisión sobre qué puede y qué no puede decirse en el espacio hoy más masivo de deliberación e intercambio de noticias y opiniones políticas, ¿cómo se corrige?

Las atribuciones que han tomado las grandes plataformas digitales con el bloqueo a Trump y la cancelación de espacios de debate entre sus seguidores muestran las fisuras del ecosistema de información y comunicaciones. Lejos de la Internet abierta, horizontal y dialógica que invocaba el ágora ateniense como modelo ideal, hoy un puñado de tutores privados ejecuta un poder que en parte fue cedido por normas concebidas en EE.UU. cuando no habían sido creadas ni Google, ni Facebook ni Twitter, lo que ha sido consentido de facto en todo Occidente, y que, en parte, obedece a reglas corporativas (términos y condiciones) gestionadas por las propias compañías de Silicon Valley que son opacas para todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, y que no siempre respetan los marcos legales de los países donde comercializan servicios.

Después de capitalizar el frenesí autoritario de Trump y su incontinencia comunicacional como estrategia de gestión política, como analiza Ernesto Semán, las plataformas bloquearon sus posteos en un giro respecto de la apacible tolerancia que tuvieron con él cuando llamó a fusilar a quienes protestaban por el asesinato de George Floyd en manos de la policía recordando que Black Lives Matter (las vidas de los negros importan). Cierto, en el medio Trump perdió las elecciones generales y su partido, el control de las dos cámaras del Congreso.

El giro es mayúsculo. Si bien hubo casos de intervención de las plataformas en otros procesos políticos, es la primera vez que la coordinación de los gigantes de Internet aísla a un presidente y a sus seguidores, que son millones, en una superpotencia. Comenzó el bloqueo Twitter, que es la plataforma menos masiva, aunque influyente, y más permisiva -liberal en el sentido anglosajón, no en el sentido latinoamericano-, y continuaron Facebook (Facebook e Instagram) y Google (YouTube), así como las app stores de AppleAmazon y Google que retiraron la descarga de la app de Parler, la plataforma alternativa de red social utilizada por derechistas y ultraderechistas adeptos a Trump.

La cancelación de Trump y de sus seguidores decidida por las plataformas tiene varias aristas problemáticas. Una de ellas, poco abordada en los análisis de este caso, es el peligro de obturar la expresión de una corriente de opinión, tema que había motivado debates intensos en Europa en las últimas dos décadas, cuando la extrema derecha comenzó a obtener representación parlamentaria. El resultado de la experiencia europea, que es variopinta según el país pero donde se franqueó el acceso a la expresión institucional de corrientes políticas extremistas, cuyos contenidos en las redes sociales digitales deben respetar ciertos marcos establecidos por parlamentos, gobiernos y autoridades regulatorias independientes, es un ensayo a cielo abierto y final desconocido. Sin embargo, la estrategia de incomunicación dispuesta por las plataformas a Trump y sus partidarios deja a esa porción significativa de la ciudadanía en orfandad; el tiempo dirá si pueden procesar este asedio comunicacional en términos virtuosos para la convivencia democrática. No parece ser una respuesta probable.

Está claro que un presidente que impulsa el boicot a su sucesión decidida en unas de las elecciones más auditadas de la historia reciente de su país traspasa un límite aceptable, y que el discurso de odio y violencia pone en riesgo no sólo las formas sino el contenido mismo de la política democrática. Pero para poner coto a esa ofensiva están los poderes públicos, que se rigen por normas definidas democráticamente, y no el cambiante, opaco e inauditable criterio de un puñado de ejecutivos y accionistas de empresas tecnológicas. Su capacidad, sus habilidades, son otras y, por lo tanto, es otra su incumbencia. Zapatero a tus zapatos, ¿o será que Mark Zuckerberg y compañía entienden que la vigilancia y el arbitraje del discurso público es parte de su negocio, de por sí concentrado y global?

Así como Trump transgredió un límite, también las plataformas cruzaron una frontera al arrogarse el papel de fiscales y jueces de lo que un líder político puede o no decir. Al hacerlo, impidieron que la genuina representación política e institucional de EE.UU. resolviera democráticamente un problema eminentemente democrático. Y le sumaron, a la democracia, un problema nuevo a futuro.

Por Martín Becerra – Letra P