Los cuadernos bomba del chofer

En la era la inteligencia artificial y el espionaje informático, bastó con la aparición de ocho cuadernos escolares escritos pacientemente a mano durante años para que la política estallara. La corrupción a veces es más rudimentaria de lo que se fantasea.

Tarifazo. Inflación. Recesión. Dólar. Tensiones sociales. Caída de la imagen de Mauricio Macri. Estos eran los temas del momento, hasta que la investigación del periodista Diego Cabot en el diario La Nación, que revela la información recopilada por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, quien fuera número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, cambió bruscamente este miércoles, por su propio peso, el eje de las discusiones.

Una mirada superficial podría detenerse en el hecho de que la deflagración del caso resulta más que oportuna para un gobierno urgido por cambiar el eje del debate público y por reconducirlo a la orilla que más y mejor le pagó en términos políticos: la corrupción de la era kirchnerista. Y mucho más cuando las sospechas llevan directamente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo repunte en algunas encuestas (modesto, pero repunte al fin) comenzaba a generar algún ruido inoportuno en la comunidad financiera. Al fin y al cabo, se repite el negocio de siempre: mantenerla en estado de latencia, ni tan robusta ni tan exangüe.

Sin embargo, ese enfoque es superficial. Por un lado, por la potencia de lo expuesto. Por el otro, porque ignora que entre los nombres de los detenidos, de los buscados y de los que serán citados a declaración indagatoria hay de todo y casi ningún protagonista de los sectores políticos y empresariales relevantes estará a salvo en las próximas noches de tener que acudir al Clonazepam para poder conciliar el sueño.

DAÑOS COLATERALES. Está Cristina, claro. También Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia. Y Rudy Ulloa Igor, ex chofer devenido en empresario de medios pero, por sobre todas las cosas, hombre de confianza de Néstor Kirchner. También Baratta, “El Vasco” José María Olazagasti y, cómo no, el jefe de estos dos, Julio De Vido. Esta nómina, que incluye a más ex funcionarios, puede impactar pero no sorprender.

En la lista figura también el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, una indicación de la forma en que el lodo que exuda este caso puede salpicar incluso a figuras que se han esforzado mucho por despegarse de la herencia K y sumarse al peronismo “responsable”, más amable con el Gobierno, que busca reemplazarlo como referencia opositora.

Cada vez que se meneó el tema de la corrupción, el kirchnerismo apeló al mismo latiguillo: si alguien recibió coimas, alguien las pagó. Ese modo de apuntar oblicuamente al poder económico, suponía, era su seguro para mantener los pactos de silencio. Sin embargo, el repaso de los nombres de los empresarios señalados permite advertir que esa presunción se rompió en mil pedazos.

Varios de ellos llaman la atención, pero ninguno más que el de Héctor Javier Sánchez Caballero, hombre de IECSA. El dato importa no solo por tratarse de una constructora líder sino, claro, por haber pertenecido en la época mencionada al grupo Macri.

Otro es el de Carlos Wagner, dueño de la firma Esuco y entonces presidente de la Cámara de la Construcción.

También los de Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), otro peso pesado del empresariado nacional, y Juan Carlos Goycochea (Isolux). La lista es provisoria.

En tanto, un ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Lascurain, sumará, en su condición de citado a declaración indagatoria, un problema más a su situación en la causa por supuestas irregularidades en la mina de carbón de Río Turbio.

Uno de los detenidos es Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi, cuyo caso es indicativo de los problemas que podrían enfrentar las compañías involucradas en el escándalo. Tras el arresto, el holding debió cancelar la colocación de un título en el mercado local para captar 25 millones de dólares, ampliables a 70 millones, para la ampliación de su Central Termoeléctrica Modesto Maranzana (Córdoba).

El peine fino irá seguramente más allá, entre políticos de paso y entre los dueños del poder permanente, completando el panorama de una trama amplia que, según Cabot, puede haber movido entre 53 y 200 millones de dólares en coimas. Amplia y parecida a la que desvela desde hace más de cuatro años a Brasil, expuesta en la operación Lava Jato (“lavadero de autos”).

 

EL JUEGO DE LAS DIFERENCIAS. Entre los señalados allá y acá hay políticos prominentes, con eje en los de izquierda que gobernaron entre 2003 y 2016, y empresarios pesados de la patria contratista. Allá y acá, también, se va imponiendo una suerte de jurisprudencia de excepción, con prisiones preventivas prolongadas y de dudosa justificación, destinada a la producción en serie de delatores o arrepentidos.

En ese punto terminan las similitudes. Para empezar, la figura de la delación premiada en Brasil ofrece ventajas mucho mayores que la del arrepentido criollo, llegando incluso a la inmunidad en caso de que la información provista resulte crucial.

Pero, más relevante, en el país vecino se han conservado islas de independencia en la judicatura, en la Procuración y en la Policía Federal, cosa difícil de concebir en la Argentina.

Los responsables de la investigación de los cuadernos del chofer Centeno son el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, hombres de perfil muy diferente al de los brasileños Sérgio Moro y Deltan Dallagnol.

Bonadio es un primus inter pares si se trata de magistrados con juego propio en Comodoro Py. Cristina Kirchner dijo, después de una de las muchas ofensivas de este en su contra, que “Macri es el director de orquesta y (que) Bonadio ejecuta la partitura judicial”. Sin embargo, el juego de este parece más libre. Coincide con el macrismo judicial en ir con todo contra la ex presidenta, incluso en causas flojas de papeles como la del dólar futuro o la de la traición a la patria por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA, pero hay que recordar que en su momento sobreseyó en dos ocasiones al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, cuyo nombre aparece en el nuevo escándalo. También puso a salvo inicialmente a De Vido en su investigación por la tragedia ferroviaria de Once, para incluirlo solo en una segunda instancia, después de que el Tribunal Oral Federal N° 2 emitiera su sentencia. Para Bonadio, la omisión no fue tal sino un modo de agilizar la llegada de la causa a juicio. El argumento nunca convenció a sus críticos.

Por otro lado, se recuerda aún cuando este magistrado criticó públicamente al presidente Macri en noviembre del año pasado. “Hace 48 horas el Presidente hizo una reunión donde citó a empresarios, políticos, sindicalistas, donde criticó Poder Judicial y no le encontró ninguna virtud. Discutió vacaciones de supuestamente 45 días, licencias de dos años que no sé dónde están y el horario de funcionamiento. Si ese es el punto de partida para discutir esto, empezamos mal o al menos no empezamos bien”, dijo entonces.

¿Poca cosa para hablar de enemistad? Es probable, pero a Bonadio no se le pudo escapar lo que generaría, por caso, con la orden de detención de Sánchez Caballero. Para quienes miran con lupa a los hombres y mujeres de Comodoro Py, también resulta evidente que este caso se destapa en un momento de aguda debilidad del Gobierno. Para ellos, se recrea el juego eterno de los federales: abrir causas y frentes diversos, condicionar al poder político para, después, “manejar los tiempos”. Sus pasos futuros confirmarán o darán por tierra con esas sospechas.

Stornelli, en cambio, es un hombre que ha sido vinculado al macrismo desde sus tiempos de encargado de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors.

POTENCIAL DEVASTADOR NO GARANTIZADO. Los cuadernos de Centeno tienen el potencial de desencadenar una operación Lava Jato argentina, pero para que eso se dé, además del perfil de los responsables de las investigaciones, hay dificultades de tipo procesal.

Los cuadernos no son en sí mismos prueba de nada; apenas constituyen indicios. La información que contienen (abundante en fechas, nombres, traslados de dinero y circunstancias) deberá ser convertida en prueba judicial a través de cruces de teléfonos, dichos de testigos y pericias diversas.

De hecho, como no se ha encontrado el dinero involucrado en la trama (al revés de lo ocurrido con José López y sus bolsos voladores), en este caso se habla de coimas, de por sí difíciles de probar. Los escritos de Centeno dan pistas, información voluminosa que deberá ser corroborada por testigos o arrepentidos.

Pero, ¿quiénes podrían aceptar colaborar con la Justicia?

Las especulaciones abundan. Por un lado, observadores atentos de los casos judiciales por corrupción escrutan especialmente al propio chofer, quien podría tener interés en mejorar su situación por ser a priori partícipe necesario de delitos reiterados.

Asimismo, se pone la mira en los empresarios mencionados, cuya “espalda” para aguantar desfiles por tribunales, prisiones preventivas y embargos puede ser menor que la de los políticos.

Algo más podría jugar a favor: la cadena de posibles responsables por corrupción activa (la entrega de coimas) y pasiva (su recepción) es tan larga, que incluso medios de comunicación interesados en adelantar una u otra agenda pueden ir marcando los tiempos de las investigaciones. Tapar algo visible es más difícil que evitar que salga en primer lugar a la luz.

En algo sí, sin dudas, Brasil deja una enseñanza. A la larga, en lo político, nadie gana realmente cuando el lodazal es tan extenso. El saneamiento de la cosa pública acaso llega a rasgar, no mucho más que eso, esquemas de corrupción que son estructurales y atávicos. Eso vale. Pero hay que tener cuidado con el descrédito, un virus especialmente peligroso para las democracias.