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La Legislatura del Chubut aprobó el Pacto Fiscal

En lo que fue la primera sesión del año en la Legislatura provincial, se aprobó el Pacto Fiscal que el Gobierno de Mariano Arcioni firmó con la administración de Mauricio Macri.

Con 14 votos afirmativos, 9 negativos y 1 abstención, la Legislatura de Chubut aprobó el Pacto Fiscal. Previamente, con el voto de la mayoría, a excepción de Cambiemos, se aprobó una ley que permite al Gobierno emitir títulos para cancelar deuda con proveedores del Estado. Cerca de las 16 horas de este martes, los diputados lograron el quórum necesario para debatir el polémico Pacto Fiscal. Ante una encendida protesta de trabajadores estatales y docentes que gritaban desde las barras, los legisladores procedieron a sesionar.
Más temprano, en horas de la mañana los integrantes de la Comisión de Hacienda recibieron al ministro de Economía, Alejandro Garzonio, que dio lugar a un Despacho en mayoría, consensuado entre el oficialismo, el Frente para la Victoria y Convergencia, que permitió votar la ley de Consolidación de Deudas y Créditos Provinciales.

El titular de la bancada de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, fundamentó la aprobación del Consenso Fiscal y sostuvo que “la no suscripción del Pacto va a tener un impacto negativo sobre las arcas provinciales”, dijo mientras en las barras se escuchaban los reclamos de estatales y docentes.
A su turno el diputado Javier Touriñán, titular del bloque del PJ-FpV, fue crítico en sus definiciones y afirmó que el denominado Pacto Fiscal no respeta el federalismo, indicando que se trata de un salvataje a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma, en detrimento del resto de las jurisdicciones. El legislador indicó que se avanza en el manejo de los recursos tributarios que le son propios y que el llamado fondo compensador, por pérdidas de alícuotas de impuestos, no va a alcanzar, “es inviable”, afirmó.

Touriñán advirtió que por aprobar el Consenso Fiscal “no va haber un tsunami de fondos que permitiría pagar los sueldos” de los estatales en tiempo y forma.
En similares términos se expresó la diputada Florencia Papaiani del bloque Frente de Agrupaciones, y las legisladoras Estela Hernández y Alejandra Marcilla, del PJ-FpV. También hicieron uso de la palabra para anticipar su voto negativo el madrynense, José María Grazzini, y el sindicalista comodorense Gustavo Fita.
En representación del mismo bloque, la diputada Gabriela Dufour, aludiendo a sus conocimientos, cuestionó los dichos del gobernador Mariano Arcioni, en ocasión de inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura el pasado 2 de marzo, respecto de la necesidad de aprobar el Pacto Fiscal. “Todos tenemos que ir a reclamar los derechos de Chubut de recuperar la Coparticipación perdida”, reclamó la legisladora anticipando su voto negativo.

La diputada Cecilia Torres Otarola, alejada del bloque del Frente para la Victoria anticipó que se abstendría en la votación, con un argumento un tanto endeble pero no por ello menos válido. También recibió insultos desde la barra al grito de “traidora”.
Con menos eufemismos se expresó el dirigente petrolero, diputado Carlos Gómez, del PJ-FpV, quien anticipó su voto favorable al pedido de Arcioni de sancionar el Consenso Fiscal, lo que provocó una fuerte reacción de la barra. “El Gobernador necesita herramientas”, fundamentó Gómez en medio de los gritos e insultos, pero el legislador no calló y argumentó que su voto era convalidado por el pleno de la dirigencia y los trabajadores petroleros, la UOCRA de Comodoro Rivadavia y el intendente de su ciudad, Carlos Linares.

En tanto que del bloque Convergencia Peronista, se expresó el diputado Alfredo Di Filippo, quien adelantó el acompañamiento al Pacto Fiscal con la salvaguarda de la incorporación de un texto en el artículo 2 similar al que añadió la Legislatura de Chaco para aprobar la adhesión. Ese agregado indica que los compromisos asumidos por Chubut se harán operativos por leyes específicas.
Manuel Pagliaroni, legislador por Cambiemos, fue el encargado de fundamentar el voto positivo de su bloque al Pacto Fiscal, y su exposición también fue interrumpida por la barra. Pero en este caso, el diputado propició la ocasión para pedir la votación de la iniciativa.
Así las cosas, con la ausencia de los diputados David González, Javier Cunha y Zulema Anden, se procedió a la votación nominal de los 24 legisladores presentes. El Consenso Fiscal fue aprobado por 7 diputados del ChuSoTo; 3 de Cambiemos, 2 de Convergencia Peronista y los diputados Viviana Navarro y Carlos Gómez del PJ-FpV.

Previo al tratamiento del Pacto o Consenso Fiscal, se aprobó la Ley de Consolidación de Deudas que modifica la Ley de Emergencia Económica y Financiera, y que tiene por objeto asegurar el pago a proveedores del Estado.
En ese sentido se determinó agrupar los compromisos en tres fechas para su cancelación, las deudas exigibles antes del 31 de diciembre de 2015; deudas exigibles antes del 31 de diciembre de 2016 y deudas exigibles antes del 28 de febrero de 2018. Luego a los acreedores se los dividirá en 6 grupos. Los que tengan pasivos menos a 300 mil pesos exigibles al 31 de diciembre de 2015, tendrán una cancelación en efectivo en un plazo de 90 días desde la fecha de consolidación final de lo adeudado, cuya verificación llevaría otros 60 días. Con lo que los primeros acreedores cobrarían recién dentro de 5 meses.

La ley aprobada fue consensuada entre los diputados y el Gobierno Provincial, tras la reunión que se realizó junto al ministro de Economía Alejandro Garzonio. De acuerdo a los términos de la normativa aprobada, se definió que los primeros pagos serán para después del medio aguinaldo de junio, donde el Ejecutivo tendrá que hacer un esfuerzo extra. De esta manera, se espera que para agosto estén cobrando los primeros proveedores del Estado.
Posteriormente la ley establece que se deberán emitir dos series de Títulos (A y B) para el resto de los proveedores. El período de gracia del capital será de 6 meses. Y la amortización para aquellos de tipo A, será en dos años con cuotas semestrales. Serán cuatro desembolsos semestrales, que cada uno implicará un 25% de lo que se adeuda, pagaderas el mes 6, el mes 12, el 18 y el 24, desde la fecha de emisión.
En la Serie B, el plazo para el pago es de 30 meses, es decir 2 años y medio. Aquí entran las deudas más grandes y que tienen menor antigüedad.
Para el caso de los títulos se determinará una tasa de interés determinada y servirá como comprobante ratificado por el Estado Provincial y garantía de cobro. De no ser cumplidos los plazos de pago, el acreedor podrá exigir ante el Estado Provincial el canje del título por el valor de la deuda relevada.