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La excusa de la gobernabilidad para no combatir la corrupción

Desde la impactante detención de Lázaro Báez hasta el acto de Cristina Fernández de Kichner en Comodoro Py se produjo un debate entre analistas y politólogos respecto a la conveniencia y la viabilidad de un mani pulite en la Argentina. Después de 12 años de pensamiento único y temores de muchos a opinar públicamente, es bienvenido este intercambio de ideas, más allá de algunas trampas o picardías que se perciben.

El puntapié inicial lo dio el presidente del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto, como vocero del establishment peronista, que siente pánico ante cualquier atisbo de avance contra la corrupción. Tiene razón Marcos Novaro cuando sostiene que con esta postura conservadora “no podremos cambiar nada, nos tenemos que resignar a la mediocridad de nuestro Estado y de nuestro sistema político”. Por eso, cuando Andrés Malamud dice: “Hay que combatir la corrupción con cuidado”, no hace otra cosa, más allá de su honestidad intelectual, que ser funcional a la continuidad de la impunidad que se vive en la Argentina desde diciembre de 1983.

El proceso democrático que se inició luego de la derrota de Malvinas decidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, pero optó por no avanzar en la investigación de los muchos hechos de corrupción que fueron casi una política de Estado desde el 24 de marzo de 1976. Sólo hubo un amague con la comisión parlamentaria del negociado de la Italo, pero no fueron juzgados los ex funcionarios que se enriquecieron con el mundial de fútbol de 1978 o el descontrol en las empresas públicas. No sólo Emilio Massera no podía justificar su patrimonio en ese entonces.

Ese pecado original con el que nació el nuevo capítulo democrático fue un condicionante para avanzar contra una corrupción que se transformó en sistémica y multipartidaria. Así fue cómo surgió el tándem Enrique Nosiglia-José Luís Manzano, con influencia en las administraciones de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Ellos fueron los intérpretes de la sanata de “la ética de la responsabilidad”. Primero planteaban que no se podía denunciar la corrupción porque “la democracia no estaba consolidada frente al acecho de los carapintadas”. Luego, instalaron que un mani pulite podría ser funcional a la derecha más reaccionaria, pero los robos y el enriquecimiento de la dirigencia política avanzaron como nunca.

Quizás el mejor reflejo de esos códigos de la omentá que caracterizaron a los ochenta y a los noventa se plasmó en el Pacto de Olivos. Un toma y daca con el texto constitucional y viciado de rumores de prebendas que no podía ser criticado porque estaban de por medio los dos partidos políticos que garantizaban la gobernabilidad. Pero los radicales pagaron un precio muy alto: pasaron a ser tercera fuerza y casi furgón de cola del Frente País Solidario (Frepaso), un espacio político que surgió como alternativa al Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Una irrupción que entusiasmó a amplios sectores sociales, pero que terminó en un rotundo fracaso. Tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias.

El pecado de Chacho Álvarez no fue tanto su renuncia adolescente a la Vicepresidencia, sino su claudicación a la promesa de armar una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de la corrupción y abrazar con entusiasmo la continuidad de la convertibilidad. El Frepaso terminó cediendo a los cantos de sirena de “la ética de la responsabilidad”, que no es otra cosa que legitimar el statu quo.

Por eso la caída del ex presidente Fernando de la Rúa y la crisis 2001/2002 tuvo más razones políticas que económicas:fue el default del sistema político que había cogobernado en esas décadas con Enrique Nosiglia y José Luis Manzano como gerentes. De ahí que muchos interpreten que la irrupción del kichnerismo debe visualizarse como un emergente de esas malas praxis. Pero ni siquiera los que venían a terminar con el viejo orden político se animaron a juzgar en serio la corrupción y encima protagonizaron uno de los peores saqueos de las arcas públicas.

Entonces no conviene generalizar y mezclar todo. El mani pulite italiano no le abrió la puerta a Silvio Berlusconi, el desgaste del sistema de partidos lo iba a traer a él o a alguien peor. Era inevitable: los italianos no resistían más a esa clase política. No está escrito en ningún lado que avanzar en serio contra los que se enriquecieron hace caer Gobiernos y surgen los peores. Lo que sí resulta obvio es que flamear esa bandera asegura el statu quo y la impunidad. Además, los argentinos nunca elegimos el camino de nuestro propio Lava Jato. ¿Y si probamos esta vez?

Por Alberto Valdéz