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La caldera del diablo

El brutal crímen de Fernando Báez provocó una ola de conjeturas indignadas sobre el origen de la violencia social. El panic show de la hipocresía.

La fotografía del arma homicida –una zapatilla ensangrentada– ya es un ícono en la historia policial argentina. Porque la jauría de rugbiers enardecidos que mató a Fernando Báez en Villa Gesell hizo que el espíritu público se sumiera en un “tercer tiempo” desaforado y estremecedor. Lo cierto es que este crimen fue como una costura fugaz de todas sus grietas. Una suerte de socialización del estupor sin ausentes ni excluidos. Y exageradamente prolífico en todo tipo de interpretaciones condenatorias. Nadie –de un extremo al otro del espectro ideológico– se privó de volcar su parecer al respecto. De modo que lo ocurrido durante la madrugada del 18 de enero en la vereda del boliche Le Brique fue a la vez fruto del odio de clase, de la masculinidad mal procesada, del racismo, del consumo de alcohol, de la ausencia del Estado, de los valores del rugby, de la falta de religiosidad y del desplome de la institución familiar, entre otros flagelos.

¿Esta alocada variedad argumental no es acaso la marca de este hecho en la consciencia colectiva?

Ya se sabe que en los asesinatos siempre anida un emergente político.

La Argentina, con una de las tasas de homicidios más modestas del continente –alrededor de 5,4 por cada 100 mil habitantes–, despliega, sin embargo, un creciente escenario de violencia que brota entre sectores sociales sin vínculos con el mundo del delito. De hecho, en los últimos 12 meses, la parte “sana” de la población se vio abrumada por episodios mortales entre personas que se conocían previamente a través de lazos familiares, laborales o de vecindad. Este tipo de crímenes –según estadísticas judiciales– constituye el 55% de los asesinatos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y el 68% de los ocurridos en el resto del país. Una cifra que supera con creces las fatalidades urbanas en ocasión de robo. Prueba de ello son, por ejemplo, las 320 mujeres malogradas durante dicho lapso en manos de maridos, novios y amantes, por motivos tan diversos como los celos, el ataque sexual o una camisa mal planchada. Tanto es así que ciertos crímenes suelen tener las huellas de su tiempo.

En tal sentido, a manera de muestra, bien vale evocar uno en particular: el caso del descuartizador de Barracas. Su víctima resultó ser Alicia Methyger, una empleada doméstica de la cual Jorge Burgos, un joven de clase media que trabajaba en la papelería mayorista del padre, se había enamorado de un modo algo obsesivo. Sus trozos anatómicos aparecieron en diferentes lugares de la ciudad. El asunto –cuyos capítulos incluyeron un misterio inicial sobre la identidad de la finada y la pesquisa que dio con su matador– mantuvo en vilo por meses a la llamada mayoría silenciosa. Corría el verano de 1955. Lo cierto es que tal particularidad cronológica incidió en un fenómeno digno de análisis: el océano social que separaba a los protagonistas hizo que el público dividiera sus simpatías. Para algunos, ella murió por no someterse al yugo afectivo del hijo de sus patrones; para otros, él era un muchacho de bien, caído en las garras de una arribista. En realidad, bajo aquella distribución de pareceres subyacía nada menos que un signo de época: la representación de la antinomia en torno al peronismo. El interés por el caso cesó abruptamente el 16 de junio, al ser opacado por un crimen aún mayor: el bombardeo a la Plaza de Mayo.

A casi seis décadas de ello, el 8 de junio de 2013, Ángeles Rawson fue hallada sin vida dentro de una bolsa de residuos en un predio de la CEAMSE. Ya en el atardecer de ese mismo día, un psiquiatra forense convocado por un canal de TV trazó una hipótesis inolvidable: “Los empleados del lugar, por el tipo de trabajo que realizan, son proclives a cometer esta clase de asesinatos”. El tipo pronunció la frase sin que se le moviera un solo músculo del rostro. Tampoco imaginó que acababa de iniciar algo hasta entonces no explorado en forma tan extrema: la transformación de la noticia policial en entretenimiento puro. Transmitido en tiempo real, con cada paso de la pesquisa ante la mirada de millones de espectadores. Una sinfonía con opinadores de toda laya y afín al señalamiento irresponsable de presuntos sospechosos. En suma, una gesta mediática oscilante entre Kafka, Orwell y Lombroso. Claro que existió una escalada para llegar a ello.

En lo que va del siglo XXI, hubo al menos tres coberturas periodísticas antológicas sobre crímenes y situaciones afines: el del secuestro del padre de Pablo Echarri, el del accidente fatal de la familia Pomar y el del asesinato de la niña Candela Rodríguez. Lo de Echarri fue sublime, y derivó en el cobro del botín por una gavilla de oportunistas, después de que la TV emitiera en tiempo real las negociaciones por el rescate. Lo de los Pomar fue hechizante, y derivó –ante la inacción policial por localizar a esa familia– en un dramático festival de informaciones apócrifas que incluían “sospechas” de narcotráfico, deudas de juego, violencia familiar, abuso sexual y, por último, tres homicidios seguidos por un discretísimo suicidio. En cambio, lo de Candela fue más elaborado. Su fraudulenta pesquisa no tuvo otro objeto que encubrir, en los arrabales de ese crimen, los negocios de los uniformados con el hampa. En tal escenario, el papel de la prensa fue parte de la estrategia policial. Una simple parte. Y tal vez la más miserable.

Con el caso Ángeles la prensa retornó a su habitual afán por vampirizar una tragedia delictiva. Aunque con una intensidad jamás vista. Y aun cuando la autoría del crimen estaba esclarecida desde el comienzo. ¿Acaso en ello radicó su diferencia con otras coberturas? Es posible, porque generalmente los homicidios suelen tener motivos, escenarios y datas de la muerte, aunque se desconozca la identidad o el paradero del victimario. Aquí fue al revés: había un asesino en medio de un crimen sin historia, sin tiempo ni lugar. Un asesino en la nada. Aquello bastó para que la patria movilera se lanzara al maratónico frenesí de la abstracción. En el caso Ángeles, los periodistas renunciaron a ser relatores de una trama para integrar el lote de sus protagonistas, pero apenas como actores de reparto. Tal vez por eso cénit del caso coincidió con la ya famosa frase por TV del pequeño hijo del abogado defensor: “¡Boludo, si el portero la mató!”. Así cayó pesadamente el telón.

El “público” entonces regresó al opaco espectáculo de la “inseguridad”. El mundo real estaba otra vez en acción.

Zarate, tierra de amor y venganza

Todo indica que el crimen de los rugbiers instalará una bisagra en los anales de la criminología vernácula. ¿Pero cuál sería su estigma en el cuerpo social? Claro que el parloteo coral de quienes al respecto desenvainan sus cuchillos de claridades obnubila la respuesta. Entonces emerge otro interrogante: ¿por qué otros crímenes grupales, con coreografías casi idénticas a este, no merecen un repudio tan unánime? ¿Acaso hay linchamientos virtuosos?

En este punto bien vale recordar la señera figura de Daniel Oyarzún, el carnicero de Zárate –la misma ciudad de los rugbiers– que llegó a la fama por su aporte en el campo de la “justicia por mano propia”, una innovación que podría denominarse “embestida vehicular seguida de linchamiento”.

Para que ocurriera el linchamiento –luego de perseguir y atropellar en un Peugeot 306 a un ladronzuelo en fuga–, su faena se vio completada por la súbita complicidad de un número no determinado de vecinos que descargaron una lluvia de puñetazos y patadas sobre la víctima –identificada como Brian González–, cuando, aplastado entre la trompa de la camioneta y un semáforo, agonizaba con el cuerpo roto por dentro. Era el 13 de septiembre de 2016.

Tal acto le valió al irascible Oyarzún un breve arresto, su procesamiento por “homicidio simple”, la bendición del entonces presidente y, finalmente, su excarcelación “extraordinaria”. Pero todo eso sin que el expediente judicial ni las coberturas periodísticas, al igual que las expresiones de la “gente” en las redes sociales, repararan en el carácter grupal de ese asesinato, olvido que, por cierto, obnubila el eje mismo del asunto: la existencia, nada menos que entre los llamados “vecinos”, del criminal espontáneo que opera en banda.

El hábito de linchar supo aterrizar en Argentina con mucha antelación. La prensa lo ha visibilizado de modo espasmódico a partir de 2014, cuando fue asesinado el joven David Moreyra por una turba en Rosario. Se le atribuía el robo de una bicicleta. Desde entonces, comenzaron a saltar a la luz decenas de casos en todo el país. ¡Eso sí! con el correspondiente debate.

En términos jurídicos, lo que en realidad se discute es la neutralización de robos callejeros –en especial, arrebatos de carteras y celulares; es decir, delitos excarcelables por su poca monta– mediante el recurso del homicidio calificado por alevosía (indefensión de la víctima) y ensañamiento (intención de agravar la agonía). Su conveniencia, dicho sea de paso, sumó una cantidad apreciable de opiniones favorables. En conjunto, una especie de Doctrina de la Seguridad Vecinal, cuyo corpus doctrinario se basa en un sencillo pilar: “La gente está cansada”. Y en tal sentido, desde luego, flota una pregunta: ¿Es el pánico ante la posibilidad de padecer algún delito lo que dispara semejantes sentimientos en la muchedumbre o, por el contrario, sus integrantes siempre suelen razonar así? Habría que saberlo.

En las antípodas de dicho pensamiento, suele haber una profusión de frases alrededor de un mismo concepto: “La justicia por mano propia no es justicia”. Apenas una tímida manera de decir que agruparse en una horda para patear a una persona hasta la muerte es un recurso inconducente y poco republicano. Como si en el “ciudadano común” no hubiera un gen criminal.

¿Habrá sido consciente de tal detalle el defensor del carnicero, Ricardo Izquierdo? Porque durante el juicio oral –en septiembre de 2018–, al concluir su alegato hizo con la mirada un travelling sobre los integrantes del jurado (12 ciudadanos comunes elegidos al azar), antes de soltarles: “Jamás se olviden de que Oyarzún es uno de ustedes”.

El fallo fue absolutorio.

Sus compinches en el asesinato ni siquiera fueron rozados por la Ley.

Y la gran hazaña de aquel hombre le valió en las últimas elecciones su candidatura a concejal.

¿Entre sus votantes habría “vecinos” que ahora se horrorizan por el crimen de los rugbiers?

Por Ricardo Ragendorfer – Revista Zoom