La abogada Carrie Goldberg se convirtió en la pionera en la defensa de las personas, en su mayoría mujeres, que son humilladas con la exposición pública de fotos y videos privados
Cuando ella sufrió una experiencia de violación de su privacidad, Carrie Goldberg decidió convertirse en la abogada que necesitaba: alguien que pudiera llevar esos casos ante la justicia, proteger a las víctimas y responsabilizar a los victimarios. Se dio cuenta de que el campo para el derecho en los casos de personas que amenazan a otras con difundir sus imágenes íntimas era amplio, y casi deshabitado.
Fundó en Nueva York un bufete especializado en lo que popularmente se conoce como revenge porn (pornografía de venganza), aunque no es la expresión que utilizan Goldberg y sus dos colaboradores: prefieren “pornografía no consensuada”, explicó a Infobae una de ellos, la abogada Lindsay Lieberman. “Hay muchas situaciones en las cuales no se trata necesariamente de una acción de venganza”.
A veces lo hace un ex novio o un amigo contrariado, pero otras veces puede no haber razón alguna: puede ser una celebridad que se ha tomado fotos y alguien las obtiene ilegalmente. Fue, por ejemplo, lo que les sucedió en 2014 a Jennifer Lawrence y otras celebridades: no hubo pasión personal —apenas la pasión del dinero— en las acciones de los hackers que pusieron en internet sus fotos íntimas. Uno de ellos, Ryan Collins, fue condenado a 18 meses de prisión.
En otros casos sí hay emociones involucradas: ex parejas pueden subir a los más de 3.000 sitios que, como myex.com, se dedican al revenge porn.
Una persona toma fotos o graba videos de sí misma, en general desnuda o en situaciones eróticas, y otro obtiene esas fotos, bien porque la persona se las envió o porque accedió ilegalmente a sus cuentas privadas, sus teléfonos, sus computadoras o su almacenamiento en la nube, y las publica para extraños en internet, o las hace circular entre los amigos y los compañeros de trabajo de la persona. “Es la distribución de esas fotos o videos”, dijo Lieberman con énfasis en la palabra distribución.
Porque, como se aclara en la página web de la firma, “en realidad no se trata de venganza, ni de pornografía“.
¿De qué se trata entonces? “De consentimiento y privacidad“. Si bien la pornografía no consensuada es una forma antigua de violencia, la distribución en internet la ha convertido en un fenómeno diferente, y con características nuevas.
“Los sitios y otros foros que se dedican al revenge porn invitan a sus usuarios a subir imágenes desnudas de sus ex para que las vean millones de personas”, se lee en la página de C.A. Goldberg PLLC. “Con frecuencia los visitantes de esos sitios no se contentan con sólo ver el material, sino que también acosan con saña a las personas expuestas, y hacen comentarios crueles sobre los cuerpos de las víctimas, a la vez que teorizan sobre su promiscuidad y su salud sexual”.
El cuadro de la violación del derecho a la privacidad se completa con la difusión de datos: el nombre, la edad, el lugar de empleo, la escuela o la universidad, la dirección electrónica, las cuentas en redes sociales. Eso genera una bola de nieve: los consumidores de esos sitios se sienten invitados a contactar a las víctimas, su círculo familiar y social, y hasta a acosarla directamente.
¿Ella se lo buscó?
Según encuestas privadas, la mitad de los estadounidenses adultos sextean y el 70% reconoció que ha recibido fotos íntimas. Y no obstante, dadas las aristas novedosas que este tipo de delito presenta, por no comprenderlas del todo se suele culpar a la víctima, en una versión de los argumentos inconcebibles de los violadores (“Tenía la minifalda corta”, “Ella se lo buscó”). Si alguien valora su privacidad, se dice en estos casos, en primer lugar no se toma fotos desnuda, ni graba videos eróticos, y mucho menos se los envía a otra persona.
Los abogados que trabajan en C.A. Goldberg no tienen esa perspectiva. Lieberman dijo que se trata de algo muy común en el mundo tecnológico del presente. Puede ser la forma en que alguien elige intimar con otro, o expresarse. Una persona que toma fotos de sí misma y se las envía a un novio o un amigo, sin la intención de que la vea todo el mundo, tiene derecho a decidir quién la ve, argumentan los especialistas.
Una persona que toma fotos de sí misma y se las envía a un novio o un amigo, sin la intención de que la vea todo el mundo, tiene derecho a decidir quién la ve
Las consecuencias del revenge porn son incontables: afectan las relaciones, la carrera y la estabilidad emocional y psicológica de una persona, explicó la ex abogada de la Fiscalía de Distrito de Brooklyn, que trabajaba en la investigación de crímenes de naturaleza sexual cuando supo que Goldberb buscaba abogados para ejercer esta nueva área del derecho: la intersección de la ley y la tecnología.
“Las víctimas atraviesan una cantidad enorme de problemas, y suele resultarles extremadamente difícil”, reconoció. Algunas veces, por ejemplo, los criminales publican avisos en Craigslist: se hacen pasar por las víctimas y dicen que quieren ser violadas y que no hay que creerles si se resisten. Existieron casos de respuestas de hombres, que fueron a las casas de las personas tal como se solicitaba en el anuncio.
También sufren en el plano laboral: cuando los empleadores se enteran de la existencia de esas imágenes pueden despedir a las personas expuestas. Además, ellas tendrán dificultades para conseguir empleo porque cualquier búsqueda en Google que arroja erótica como resultado afecta su reputación en su campo de trabajo.
A veces inclusive las familias y los amigos se distancian de las víctimas de revenge porn, porque no quieren que se los asocie con ellas: temen que el criminal los pueda convertir en su objetivo siguiente. Las fotos que no se tienen, cuando se quiere afectar a la gente de esta forma, se crean con Photoshop.
La ley y la tecnología
Un elemento central del trabajo de Goldberg y sus socios es la velocidad: deben detener la violación a la privacidad antes de que las imágenes se vuelvan virales. Una vez que eso sucede, la tarea se complica al punto que se vuelve difícil encontrar todas las URLs (direcciones web) en las que han quedado alojadas las fotos o los videos (aunque los buscadores ya no las indexen) ni en cuántos dispositivos han sido descargadas.
“Si alguien llega a nuestro bufete y ha recibido la amenaza de que sus fotos podrían ser distribuidas, podemos manejarlo antes de que las fotos terminen en línea o sean enviadas”, explicó Lieberman. Si el cliente llega cuando las imágenes ya circulan, tratan de llegar a ellas tan pronto como sea posible. Algunas páginas web no responden positivamente a los pedidos de remoción: en esas circunstancias el equipo de Goldberg discute otras acciones posibles, como denunciar a la policía, iniciar una demanda penal o civil, u obtener una orden de protección contra la persona que subió las fotos o que ataca al cliente.
Muchas veces los criminales difunden las imágenes desde cuentas falsas, y así quedan protegidos. Pero eso también se puede enfrentar: la firma lo hace con un grupo de ciberinteligencia que trabaja para re-identificar a quienes publican de manera anónima.
El 6 de diciembre un juez federal condenó a Alonzo Knowles a cinco años de prisión por haber hackeado cuentas de celebridades, robado información, tratado de extorsionarlas y por último haber intentado vender lo que había obtenido. “Si se elimina el anonimato de quien comete estos delitos, puede enfrentar consecuencias por sus acciones, entre ellas condenas a prisión”, agregó la especialista.
Libertad de expresión vs. derecho a la privacidad
En los Estados Unidos se solía perseguir a los criminales de revenge porn con las leyes sobre derecho de autor: si uno se toma una selfie, esa imagen es de su propiedad y nadie más tiene derecho a utilizarla. Pero en la última década 34 de los 50 estados, y Washington D.C., han aprobado leyes contra la pornografía no consensuada que se han convertido en otra herramienta para usar contra estos criminales.
La dificultad que encontraron sus impulsores —y los que lo intentaron allí donde todavía no existe la normativa— fue la acusación de que impedir que alguien publique lo que desee atenta contra los derechos a la libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
—¿Por qué esta clase de acoso parece ser el precio a pagar por la libertad de expresión, mientras que nadie encontraría razonable que se hicieran públicos los números de las tarjetas de crédito de alguien?
—Desde nuestra perspectiva, estas conductas se alinean más con el discurso que promueve el odio. En tanto las normas definan los delitos de manera ajustada, la ley no va a violar los derechos que garantiza la Primera Enmienda.
Eso es posible, lo ha sido en muchos planos sociales. Los legisladores de los Estados Unidos han promovido límites sin que se haya afectado la libertad de expresión, porque el discurso que promueve el odio no está protegido por la Constitución.
Ya existe una propuesta de ley federal sobre pornografía de venganza, presentada este año por una representante de California, Jackie Speier, The Internet Privacy Protection Act (Ley de Protección de la Privacidad en Internet). Sin embargo, su aprobación puede demorar más de lo deseable: el 20 de enero de 2017 asumirá la presidencia de los Estados Unidos un hombre que se jactó en público, y fue grabado en un video que se denunció en la campaña electoral, de haber cometido ataques sexuales: Donald Trump.
Desde la elección, C.A. Goldberg —que, según The New Yorker, tenía hace pocos meses 36 clientes activos— ha verificado un aumento en las consultas. Dado que los medios informaron sobre los comentarios de Trump, y él gozó de tanta exposición, al menos se generó una discusión creciente sobre los derechos de las víctimas, el concepto de consentimiento y la violencia sexual.
Las mujeres, principales víctimas del revenge porn
Si bien cualquiera puede ser una víctima de la pornografía no consensuada, las mujeres son el blanco predilecto. “En internet no hay tanta demanda de fotos de varones desnudos”, comentó la abogada. “Por lo demás, si pensamos en qué clase de individuos nos consultan, conocemos víctimas de todas las razas, las clases socioeconómicas y las profesiones”. Entre la gente que ha solicitado su ayuda se cuentan individuos que han participado en videos pornográficos y también profesionales del derecho, la medicina y la enseñanza universitaria.
Por esa misma diversidad, las actitudes de las víctimas son muy variadas. Algunas sienten demasiada vergüenza para llegar a la instancia judicial, y tratan sólo de controlar los daños y hacer que sus imágenes desaparezcan de la red. Otras tienen una relación con el criminal y no quieren que se lo envíe a juicio. Otras quieren que se desarrolle un proceso y que tenga consecuencias para el que las acosó.
A veces llegar a los tribunales hace que las víctimas revivan la humillación; otras, les brinda un sentimiento de reparación y hasta de fuerza renovada. Goldberg es parte del consejo directivo de la Cyber Civil Rights Initiative (Iniciativa de Ciber Derechos Civiles), organización que brinda información y asistencia a esta clase de víctimas, que fundó una mujer que sufrió una experiencia de esta clase.
Si bien la mayoría de las víctimas son mujeres, este tipo de delitos también afecta a los varones. En la mayoría de los casos hay un elemento extorsivo. Pueden ser heterosexuales, pero no solamente: por ejemplo, si un hombre homosexual que no ha hecho público que lo es ha filmado videos o enviado fotos que lo revelan, un criminal puede usarlo en su contra para extorsionarlo, humillarlo o acosarlo.
El caso más conocido, por lo trágico, sucedió en 2010: Tyler Clementi, alumno de la Universidad de Rutgers, tuvo experiencias íntimas en la residencia estudiantil y su compañero de habitación lo grabó, para luego enviar las imágenes via Twitter. Clementi terminó por suicidarse. “Este caso muestra hasta dónde pueden llegar los efectos de estos delitos en las personas —concluyó Lieberman—: pueden caer en grandes depresiones, hacerse daño a sí mismos, quitarse la vida”.
