Las imágenes bochornosas de hechos delictivos que indignan a los argentinos de buena fe constituyen un punto límite en nuestra vida política.
Más allá de las imprescindibles condenas en el ámbito de la justicia surge un imperativo categórico: la necesidad de establecer que jamás se puede construir un discurso desde el poder que relativice la corrupción bajo el amparo de la ampliación de derechos fundamentales.
Haber impulsado transformaciones virtuosas como la Asignación Universal por Hijo, la cobertura de Ingresos a un 97 % de la población de adultos mayores, el impulso presupuestario a la ciencia y tecnología -y muchas otras medidas- no puede ser la excusa para subalternizar la existencia de mecanismos ilícitos en distintas áreas públicas con los recursos provenientes de los impuestos. La consecuencia de ese relativismo siempre resulta desastrosa en la confianza del ciudadano-contribuyente. Mucho más en un contexto recesivo en el que una inmensa cantidad de compatriotas se esfuerzan para sostener a sus familias y cumplir honradamente con sus obligaciones.
Los fines nobles se defienden genuinamente con medios igualmente nobles para no defraudar el acompañamiento sincero de los que creen y trabajan por los valores y convicciones que los gobernantes de turno proponen. Lo contrario sólo da lugar al escepticismo de la gente para con sus representantes y, por lo tanto, con sus instituciones. Por ello el rechazo de la sociedad en su conjunto a estas prácticas desleales debe constituirse en la base de una nueva política de Estado que siente los sólidos pilares de un progreso sostenido. En este progreso, bienestar, instituciones y transparencia deben ir de la mano, sin resignarnos a que la consecución de una va en desmedro de otra.
No hay conquistas perdurables en la calidad de vida que puedan afirmarse coexistiendo con procedimientos despreciables. Necesitamos de la virtuosa cooperación público-privada para crear riqueza colectiva, no de la perniciosa complicidad entre ambos para apropiarse indebidamente del sacrifico de todos. La democracia es una sola y sus fundamentos políticos, sociales y éticos son inseparables.
Nos encontramos frente a una oportunidad de seguir avanzando en nuestra madurez institucional. El Congreso viene demostrando que resulta posible legislar sin mayorías absolutas. En estos meses se han realizado acuerdos interpartidarios que posibilitaron salir del default, completar la Corte, avanzar en la reparación a los jubilados, saldar deudas históricas con las provincias y consagrar el acceso a la información, entre otras iniciativas positivas.
El diálogo ha probado ser más eficaz que las falsas antinomias y los razonamientos binarios o conspirativos. Este es el camino en el cual debemos perseverar. No suprime las diferentes miradas pero las pone en una lógica constructiva. De eso se trata. De ejercitar las buenas prácticas que generan esperanza y desterrar las malas, de las cuales, sin dudas, la peor es la corrupción. Eso es tener una visión honesta y completa de la justicia social.
Politólogo, ex presidente del Banco Provincia