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Imputaron a Cristina y Máximo por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos

La acción penal estuvo a cargo del fiscal Carlos Rívolo, y el juez Claudio Bonadio dictó el secreto de sumario. La causa investiga el presunto lavado de dinero por negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, a raíz de alquileres por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

El fiscal Carlos Rívolo imputó este lunes a la expresidente Cristina Fernández y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

Las acusaciones se dan en el marco de una causa que investiga el presunto lavado de dinero por negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, a raíz de alquileres por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, tras el impulso fiscal, el juez Claudio Bonadio dispuso el secreto de sumario en la investigación, que se inició tras una denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.

Según la denuncia de Stolbizer, tras 2008 la firma Los Sauces, integrada por Cristina Kirchner y su hijo Máximo, empezó a alquilar distintos inmuebles a Báez y López, “empresarios vinculados de la obra pública”.

La denuncia  ponía la lupa en los alquileres de inmuebles de Los Sauces S.A. a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López; y a Valle Mitre; Loscalzo y del Curto; y Kank y Costilla, de Lázaro Báez.

“La empresa no tuvo demasiados movimientos hasta el 2008, año en el que comienza a realizar sus inversiones inmobiliarias más importantes”, señalaba la denuncia, presentada el mes pasado por la diputada Stolbizer, representada por la abogada Silvina Martínez.

En este marco, consignaba que, por aquel entonces, Los Sauces era titular de ocho inmuebles: dos departamentos con cochera ubicados en Puerto Madero; dos lotes en El Calafate; dos lotes en Río Gallegos; un lote en el Chaltén; y una casa en Río Gallegos.

Además, detallaba que todos los bienes eran alquilados a “empresas de Lázaro Báez y firmas de Cristóbal López” y advertía que “únicamente ellos” eran los que proveían “de los ingresos a los Kirchner”.

“En el 2007 y 2008, la empresa no distribuye utilidades ya que declaran en sus balances no haber realizado operaciones. Al año siguiente, 2009, sin haber operado los años anteriores, las inversiones en inmuebles superan los 9 millones de pesos”, afirmaba.

“Es imposible que una empresa que no tiene movimientos de golpe aparezca comprando tantos inmuebles millonarios”, según la denuncia.

“Que los alquileres en realidad podían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez y López durante estos 12 años”, subrayó Stolbizer.

Además, acusó de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la expresidenta en los últimos años y de ahí la imputación por falsificación de documentos públicos.

Además, indicaba que, ya para el 2012, “las inversiones en inmuebles y terrenos superan los 10 millones, y aparecen más vínculos entre la empresa de los Kirchner y las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez”.

Entre otras medidas de prueba, la legisladora sugería que se solicitara a “la AFIP que se acompañe las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias de la empresa Los Sauces S.A. desde 2006 a la fecha”.

También, “requerir al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Cruz que acompañe los informes de dominio relativos a la empresa Los Sauces SA”.

Por otro lado, “oficiar al Registro de Personas Jurídicas de esa provincia a fin de que se acompañen originales o copias certificadas de todas las inscripciones y presentaciones de la empresa Los Sauces SA, con los balances presentados”.

Al inicio del caso, el fiscal Rívolo había pedido que la causa quedara en poder de Daniel Rafecas, puesto que éste también investigaba irregularidades en las declaraciones juradas presentadas entre 2010-2013.

Pero Rafecas lo rechazó y ahora la causa Hotesur, junto con las inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por Cristina Fernández durante ese año, quedaron a cargo del juez Julián Ercolini, tal cual lo resolviera la Cámara Federal.

Imputaron a Cristina y Máximo por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos

Fuente: Urgente 24