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Impactantes fotos del pésimo estado en el que se encuentran las cárceles argetinas

La Procuvin es la fiscalía especializada en combatir la violencia ejercida desde el Estado. Un recorrido muestra las peores condiciones de detención.

La  Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) realizó un lapidario informe sobre el estado de la cárceles argentinas, en las que constató, en diferentes visitas, la situación de hacinamiento, pésimas condiciones edilicias y las torturas a las que son sometidos los internos.

Según datos de abril, las cárceles federales de todo el paísencierran a 10.521 personas, de las cuales un 39 por ciento recibieron condena que está firme y el restante 61 por ciento está detenido preventivamente, variable que respecto de las mujeres asciende al 69% y que en los jóvenes alcanza el 79,8.

El SPF está compuesto por 28 cárceles, 1 anexo y 10 alcaidíasdistribuidas en todo el territorio nacional. En sólo tres de esos complejos se aloja más de la mitad de las 10521 personas detenidas: los complejos penitenciarios I (Ezeiza) y II (Marcos Paz) y de Devoto concentran a 5.389 personas.

En las sucesivas inspecciones se advirtieron problemas por el exceso de población carcelaria. Por caso, a ocho años del incendio que terminó con la vida de 33 personas detenidas, la Procuvin y la Comisión Provincial por la Memoria inspeccionaron el penal de Magdalena, donde constataron el hacinamiento de los detenidos. El penal cuenta con una población de 1.050 personas pero tiene capacidad para 840.

Las autoridades de la Procuvin denunciaron penalmente el mes pasado a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal de Devoto por alojar a 13 personas en lugares de detención que provocan una gravísima violación a los derechos humanos.

La Procuvin también pidió en la presentación que se haga cesar la comisión del delito mediante la clausura preventiva de todos los retenes de los módulos 1, 2, 5 y 6 del Complejo, disposición que, a criterio de los fiscales, resulta la medida cautelar más idónea para esos fines.

Luego de una presentación conjunta del fiscal Matías Di Lello y la Procuvin, la jueza Wilma López ordenó al Servicio Penitenciario Federal que los presos no sean encadenados o esposados a los camiones durante los traslados desde las cárceles.

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