El ministro de Justicia de la Nación pidió prudencia a los funcionarios judiciales que investigan los presuntos casos de corrupción de la administración kirchnerista. “Nunca es bueno para un país que una ex presidenta caiga presa” dice.
Germán Garavo es el más reticente a que Cristina Kirchner vaya presa, tiene la convicción de que eso no será bueno y actúa en consecuencia. El ministro blanqueó la preocupación del Gobierno por las derivaciones del Mani Pulite que ahora golpea sobre Cristina Kirchner y su núcleo de poder, pero que puede complicar a empresarios muy cercanos a Mauricio Macri, que realizaron negocios multimillonarios con la obra pública en la década pasada.
En una entrevista al diario Perfil, advirtió que “hay hechos que nos irritan; sobre todo en estos momentos tan duros para el país cuando se están pagando los costos de la fiesta. Pero eso no justifica avanzar de modos alocados o políticos ni sobre la ex presidenta ni sobre ninguna persona”.
“En esto es muy importante ser solventes con las pruebas y con los procesos, y rápidamente elevarlos a juicio oral”, sentenció el funcionario, quien insistió en que “tampoco las sobreutilicemos porque lo pide una mayoría circunstancial”.
En este sentido, señaló que “el buen juez es aquel que tiene equilibrio para resolver sin presiones, ni de la opinión pública, ni del gobierno de turno, ni de una empresa”, por lo que concluyó que “si la ex presidenta cometió delitos, tendrá que ser juzgada y condenada, y eventualmente en ese momento tendrá que cumplir la pena que le impongan, pero no hay que apresurar reacciones”.
Pero volvió a remarcar que “Nunca es bueno para un país que una ex presidenta caiga presa”, declaró Garavano con cierto sentido común que hasta ahora parecía ausente en la primera línea del Gobierno, que miraba casi como espectador el espectáculo que se despliega desde los tribunales de Comodoro Py.
Garavano reavivó así el debate que cruza a la coalición oficialista de Cambiemos, respecto de cómo pararse frente al avance de fiscales y jueces en contra de la administración anterior, que podría desestabilizar al país si entra en una espiral como el Lava Jato brasileño y avanza sobre los grandes empresarios y banqueros que participaron del sistema que construyó el kirchnerismo.
El ministro le habría contado a funcionarios que “La investigación sobre las operaciones de blanqueo de dinero de Lázaro Báez, puede llevar a descubrir un sistema que prácticamente involucró a todos los empresarios de obra pública y sus derivaciones serían explosivas”. Es decir, el presunto testaferro de los Kirchner no es el problema, el problema es que a través de él quede expuesto un sistema que involucraría a las principales empresas, que necesita el presidente Macri para poner en marcha su plan.
La posición de Garavano viene a dar respuesta, acaso, a un llamativo parate en el avance sobre Julio De Vido, el hombre que está involucrado de alguna u otra manera en todas las sospechas de corrupción de la era kirchnerista, por la sencilla razón que fue el ministro que en esos doce años adjudicó y pagó las obras.
Los tribunales federales se convulsionaron los últimos días cuando trascendió que un magistrado tuvo que suspender a último momento un allanamiento al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional, aparentemente por presión política del Gobierno.
La marcha atrás sobre De Vido alimentó la sospecha de un pacto entre el ex funcionario y el Gobierno, con el antecedente de que el macrismo no hizo nada por rechazar la designación del diputado como titular de la estratégica comisión de Energía en la Cámara baja. Hoy el ministro Garavano lo puso en blanco sobre negro.
“Yo creo que eso nunca es bueno. Mi sensación es que con estas cosas hay que ser muy prudentes y no sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan; sobre todo en estos momentos tan duros para el país cuando se están pagando los costos de la fiesta. Pero eso no justifica avanzar de modos alocados o políticos”, dijo Garavano en una entrevista con Perfil, consultado sobre si creía que es bueno o malo para el país que Cristina Kirchner esté presa.
Esta situación agudiza la contradicción de impulsar una enorme embestida contra Lázaro Báez por la corrupción con la obra pública, y no apuntar contra los jefes del empresario o al menos los que desde el poder posibilitaron su exponencial crecimiento patrimonial.
A la presunta orden de pisar el freno en lo que respecta a De Vido, se le suma ahora un explícito “pedido de prudencia” del Gobierno a los jueves que investigan a Cristina.
Es que la citación como imputada de la ex Presidenta a los tribunales de Retiro, sin duda golpeó al Gobierno, que vio cómo Cristina retomaba la agenda mediática y convertía una debilidad en puro rating para su proyecto político personal.