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Fortalezas y debilidades de la bitácora Gloria

La contundencia y precisión de los datos, nombres y fechas que emergen de los cuadernos de la causa contrastan con lo confuso del lenguaje de Centeno y parte de su relato. El riesgo Bonadio.

La denuncia publicada este miércoles en la web de La Nación se apoya sobre una base que le otorga cierta verosimilitud. Existen fundamentados procesamientos y acusaciones, además de alguna condena, que apuntalan la existencia de un esquema de corrupción en la obra pública durante los años del kirchnerismo. Si hubo corrupción, las coimas se pagaron de algún modo, aunque el método descripto por el chofer en cuestión (bolsos entregados en el domicilio presidencial) parezca rústico.

La pretensión de verosimilitud también padece debilidades. El sello de la ex SIDE en el origen, fondo y forma de la causa es indeleble, lo que no involucra al periodista que redactó la noticia, que bien pudo recibir los cuadernos Gloria en una tarde de calor y dedicar el siguiente semestre a investigar, como corresponde a su profesión.

Es decir, si hablamos de espías argentinos, la hipótesis de una operación impactante pero burda no debería ser descartada. Complementa la fragilidad central el hecho de que el juez que capturó la causa por mandato histórico, Claudio Bonadio, constituye en sí mismo una contundente debilidad probatoria.

En el campo de las fortalezas debe anotarse que la denuncia detalla fechas, nombres y direcciones. Son datos concretos esparcidos a lo largo de una década que están sujetos a una comprobación no muy sofisticada: los domicilios y los nombres existen o no. Una investigación metódica permitirá cotejar esos datos con fechas de firma de contratos, movimientos bancarios y cruces de llamadas, de modo de trazar un mapa de probable pago de coimas.

El diario íntimo tiene un autor, factor de fortaleza y debilidad a la vez. No se trata de un anónimo o de un denunciante trucho que se atribuye una función que no cumplió, al estilo de la pretendida secretaria Miriam Quiroga. Al parecer, Oscar Centeno fue, en efecto, chofer de Roberto Baratta y la letra de los cuadernos sería suya, ambos aspectos comprobables con peritajes. Para el fiscal Carlos Stornelli, esos hechos están fuera de discusión.

Un problema para dar crédito a la verosimilitud que atribuyen el juez y el fiscal a la bitácora es el lenguaje de Centeno: escribe como si redactara un parte de inteligencia. Y, llegado el caso, se transforma en un columnista dominical que accede a un off the record de la cocina de la Casa Rosada, como cuando se informa a sí mismo los motivos por los que reanudó la bitácora tres años después de la muerte de Néstor Kirchner. Se sintió compelido a hacerlo porque “en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. Kirchner, los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”.

Si alguien le dictó un guión, al menos un día no se esforzó por la lógica del relato. El 11 de agosto de 2010, Baratta le lleva coimas a Néstor Kirchner a la Quinta de Olivos. Eran las 19:20. Confiado en Centeno, el viceministro de Planificación se reúne con el ex presidente pero deja los bolsos cargados de dólares en el auto. Entre curioso y aburrido, el chofer cuenta el dinero. Cada uno de los ocho fajos contenía 100.000 dólares, alcanza a ver Centeno. Bonadio y el fiscal Stornelli ya habrán tenido oportunidad de indagar más sobre una versión que requiere de precisiones.

Con esta causa surge una novedad crucial. Las acusaciones y citaciones a indagatorias rompen la frontera trazada hasta ahora en expedientes de corrupción, incluidos los que tramita Bonadio. Por primera vez, aparece apuntado un ex inquilino de Comodoro Py, Norberto Oyarbide. Se trata de uno de los jueces federales más justamente desprestigiados desde el retorno de la democracia, del mismo tenor de quien lo cita a declarar.

También fue solicitada la detención de un hombre clave de IMPSA, Francisco Valenti, y la de Juan Carlos Goycochea, responsable de la española Isolux. Es decir, Bonadio y Stornelli sientan en el banquillo a un nombre esencial de la vieja patria contratista y a otro proveniente de las intocables inversiones españolas que comerciaron con los Macri. La frontera de la patria contratista kirchnerista, con Lázaro Báez y Cristóbal López a la cabeza, se abre a nuevos horizontes.

Y aparece Iecsa, empresa inescindible de los negocios de Odebrecht en la Argentina, que gozó hasta ahora del pantano en que sumergió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al expediente del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Hasta donde se sabe, Bonadio y Stornelli no solicitaron medidas procesales contra Ángelo Calcaterra, el primo del Presidente que compró la empresa a la familia Macri en cómodas cuotas con las ganancias generadas por la propia compañía, mediante los contratos con el ministerio de Julio de Vido. Como pocas cosas, el nombre Iecsa (hoy en manos de Marcelo Mindlin) está asociado a los Macri. La inclusión entre los pedidos de detención del ex directivo de la empresa Javier Sánchez Caballero y la exclusión del hijo de Ángelo Calcaterra y María Pía Macri pueden parecer inexplicable, pero un aviso es un aviso.

Los nombres involucrados en los planos político y económico son cruciales. Si se trata de un mero montaje de la ex SIDE con nada de sustancia, algo que parece improbable a la luz de la contundencia de las primeras medidas procesales, el efecto podría ser devastador para Bonadio y Stornelli, y sumaría tempestades a la tormenta que azota a Macri. Si el intento fue distractivo, potenciará las penurias económicas de los meses por venir.

Por el contrario, si el tenor de la denuncia cobra cuerpo, el sueño del difícil retorno de CFK a la Casa Rosada, que venía ganando vuelo, encontrará un rápido final.

Es probable que haya un camino intermedio: una operación de Inteligencia armada sobre indicios válidos, ahora inflados por el ímpetu del juez. Que se hayan urdido maniobras para forzar la intervención de Bonadio, quien lleva una causa sin vínculo aparente con las anotaciones de Centeno, es un dato desalentador. Con este marco, es probable que todo entre en un terreno de vandalismo judicial que permita que cada uno crea lo que quiera. Un lodazal confuso del que no se beneficiarán ni Cristina ni Macri, pero sí un tercero.

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Por Sebastián Lacunza – Letra P