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Fode: los cobros en Comodoro no son legales

La Carta Orgánica Municipal estipula que el Concejo Deliberante debe ratificar todos los convenios rubricados por el Ejecutivo municipal. Este es el acto que otorga validez a las actuaciones municipales al que no se le dio cumplimiento para la aplicación del FODE, que se incluye como ítem en las facturas de la SCPL desde 2007. En Comodoro además ya hubo denuncias contra la SCPL por desvío de esos fondos de afectación específica.

El convenio por el Fondo de Obras de Distribución Eléctrica (FODE) se rubricó el 31 de octubre de 2007, con una vigencia inicial de 5 años -renovado dos veces a posteriori- y que comprometía al Gobierno provincial, representado entonces por Mario Das Neves y el subsecretario de Servicios Públicos, Sergio Schreyer; los municipios de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel, que tenían entonces como intendentes a Raúl Simoncini, César Gustavo Mac Karthy, Carlos Eliceche, Pedro Planas y Rafael Williams, y a la Federación Chubutense de Cooperativas, presidida por Guillermo Jones, titular de la SCPL.

El objetivo del mismo, según plantea el texto rubricado, era “mejorar y ampliar las instalaciones de distribución eléctrica de las ciudades involucradas, optimizando e incrementando el abastecimiento de servicios esenciales”, en tanto las partes ratificaban su voluntad de “desarrollar la infraestructura eléctrica necesaria con el objeto de propender a una mejor calidad de vida y crecimiento de las comunidades”, dado que ya en los considerandos de tal convenio, firmado casi una década antes, se aludía a las dificultades del sector cooperativo para afrontar tales inversiones.

 

CUESTION DE CALCULOS

Así se creó el Fondo, que se calcula como producto de la diferencia del precio estacional de la energía a partir de la demanda para cada uno de los segmentos tarifarios establecidos en la resolución marco (94/2003) y subsiguientes, con la base de facturación de los precios sancionados en el mes de abril de 2007 (fecha original modificada con las renovaciones), versus la facturación que emite el órgano encargado (CAMMESA) en cada uno de los períodos mensuales subsiguientes.

En ese sentido, el convenio marco determinó que “el Fondo de Obras de Distribución de Energía (FODE) se considerará como un ítem más de la transacción económica de compra de energía” y que “a los efectos de mantener el equilibrio para todos los usuarios, el ítem Fondo de Obras de Distribución de Energía se adicionará como cargo local obligatorio para el usuario que compre directamente al mercado mayorista y/o abone peaje. Cada cooperativa deberá incluir en la facturación, y para cada franja de consumo prevista, un ítem donde se manifieste la diferencia entre el traslado a los usuarios del precio sancionado que surge de la diferencia del precio sancionado en abril 2007 y el que surge de la diferencia para el período subsiguiente y la facturación del item FODE que se fija con la diferencia del precio sancionado en abril 2007 y el de agosto de 2007”.

Mientras ese fue el marco legal para toda la provincia, en Comodoro Rivadavia tal convenio no cumplió el requisito legal de ser avalado mediante ordenanza por el Concejo Deliberante, con lo cual el contexto legal de aplicación local durante los 9 años que lleva en vigencia (5 del convenio original, y 2 adicionales por cada renovación) resulta precario, por no decir nulo.

El dato no es menor en épocas de “tarifazo” que enmarca una serie de reclamos particulares, máxime si se tiene que la afectación de los dineros del FODE fue una de las piedras fundamentales que definió el pedido de auditoría a la SCPL que en 2011 impulsó Miguel Montoya, consejero entonces en la institución, por algunas irregularidades en la memoria y balance de ese ejercicio y sospechas de que la afectación especifica había sido desviada para afrontar otros gastos, a pesar de que según el convenio de creación cada cooperativa debía crear una cuenta bancaria específica para la administración de esos dineros.

Para ilustrar la relevancia de los montos implícitos en este cobro irregular, puede señalarse que con la renovación tardía del convenio en 2013 el valor FODE fue fijado en 0,035 $/KWh (treinta y cinco centésimas de pesos por KWh).

Para esa fecha se estimaba que la SCPL había recaudado 50 millones de pesos por ese concepto en un plazo de 19 meses, según las declaraciones periodísticas del bloque de concejales de la UCR que había denunciado el mal uso del mismo, asegurando que del monto señalado sólo 30 millones se habían aplicado a obras, mientras que los 20 millones restantes se habían destinado a mantenimiento del alumbrado público, entre otros.

Fuente: El Patagónico