La diputada cuestionó la quita de retenciones para ese sector: “A una actividad con baja generación de empleo y alto impacto ambiental no se la puede beneficiar”. Ricardo Alfonsín se sumó a los cuestionamientos
La referente de la Coalición Cívica y de Cambiemos firmó un duro documento acompañado por figuras de su espacio político, en el que criticaron la reciente medida de eliminar las retenciones sobre las exportaciones de la industria minera dispuesta por el Gobierno nacional. “Significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas (en su mayoría multinacionales) con rentabilidad superlativa en los últimos años”, señaló.
EL DOCUMENTO QUE PATEÓ EL TABLERO
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2016.
La Coalición Cívica manifiesta su rechazo al anuncio del Gobierno Nacional respecto de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de la industria minera, dado que significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas (en su mayoría multinacionales) con rentabilidad superlativa en los últimos años. Tengamos en cuenta que en nuestro país operan en dicha actividad más de 50 megaempresas internacionales y sólo un puñado de empresas nacionales.
Es importante recordar que desde la ley 24.196 de Inversiones Mineras sancionada durante el gobierno de Carlos Menem en adelante la actividad minera es, sin dudas, una de las actividades productivas mas beneficiada e incentivada por las leyes nacionales, situación que se ha consolidado a lo largo de la gestión kirchnerista.
El régimen legal “promocional” para las inversiones mineras en la Argentina incluye una serie de beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios, a lo que se suma la permeabilidad e ineficiencia en los controles del Estado.
Hoy la actividad minera cuenta con un régimen tributario especial que contiene excepciones en los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado, al cheque, a los derechos de importación y exportación, régimen de estabilidad fiscal y un compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales. La envidia de todo comerciante, industrial y prestador de servicio en nuestro país.
A esto debe sumarse que el canon impuesto a la minería establecido en pesos y no ajustados por casi veinte años, fue recientemente actualizado con criterios vergonzosos por la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
A una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable.
El uso de las reservas de agua, el cumplimiento de la ley de glaciares, el impacto ambiental por explotación y sus eventuales accidentes (Como fue el derrame de agua cianurada ocurrido en la mina Veladero, comprometiendo la salud de los habitantes de la ciudad de Jachal, en la Provincia de San Juan, sin que implique sanción alguna para la empresa) la reforma del código de minería entre otros, deberían ser los temas de atención de una nueva gestión.
Un país que cuida su presente y piensa su futuro pone como prioridad la agenda ambiental, no la rentabilidad de unos pocos. Por lo tanto la defensa del interés general no debe ceder ante las presiones sectoriales, como lo es el lobby minero.
Elisa Carrio, Diputada Nacional
Fernando Sánchez, Diputado Nacional
Fernanda Reyes, Directora ACUMAR
Alicia Terada, Diputada Nacional
Leonor Martínez Villada, Diputada Nacional
Rubén Manzi, Diputado Provincial (Provincia Catamarca)