Comentando las peripecias relacionadas con el debate sobre impuesto a las ganancias, el ex ministro de Economía José Luis Machinea calificó como “un error político” del Poder Ejecutivo “el envío de un proyecto a sesiones extraordinarias sin evaluar políticamente la posibilidad de aprobarlo. Inexplicable para un gobierno que tiene minorías en ambas cámaras”.
No fue un error, fue una apuesta. Si un jugador coloca sus fichas en el número 8 y la bolilla de la ruleta se posa en el 22, no corresponde decir que se haya “equivocado”. Simplemente hizo una apuesta perdedora.
El rédito esperado de aquella jugada (contaminar a Sergio Massa pegándolo al kirchnerismo legislativo y dejar al oficialismo con el premio moral de defender heroicamente y en soledad la sensatez económica) tenía una lógica electoral y terminó siendo una ilusión óptica. Massa es, por cierto, el peronista que mejor penetra en las bases electorales oficialistas; la agresividad de la Casa Rosada contra él (fue tildado desde el poder de “impostor”, “ventajita” e “inconfiable”) le dio la oportunidad de desmarcarse hacia la avenida del centro y reprocharle al gobierno falta de voluntad negociadora.
Por otra parte, ¿aquella defensa heroica de la racionalidad económica por parte del gobierno incluiría acaso un veto de Macri si el Senado convertía el proyecto en ley? Bastó que la vicepresidente Gabriela Michetti mentara esa conjetura en público para que el entorno presidencial la descartara. Hasta ese momento sólo era una hipótesis que se analizaba en el ámbito triangular de la jefatura de gabinete (Peña, Lopetegui, Quintana), quizás como placebo para elaborar la decepción del Presidente.
El gobierno decidió mover sus fichas. La nueva apuesta fue por el peronismo de las provincias: la Casa Rosada trabajó sobre los gobernadores para conseguir que ellos les reclamaran diciplina y racionalidad a sus senadores. Por suerte, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, interlocutor confiable para los gobernadores, ya había regresado de China.
Así se consiguió que el peronismo senatorial se abstuviera de imponer el tratamiento urgente del proyecto aprobado por Diputados. El jefe del bloque peronista de Senadores, Miguel Pichetto, estableció algunas condiciones. La principal: que el Poder Ejecutivo convocara con urgencia a la CGT, a los empresarios y a los diferentes bloques legislativos para reformar consensuadamente el proyecto de ley.
La propuesta de Pichetto, que daba un formato viable a los pedidos de los gobernadores (y a los cambiantes deseos del Ejecutivo), se convirtió en un cariñoso ultimátum cuando el gobierno, en cambio de promover una mesa de consenso, anunció que atomizaría la convocatoria y la transformaría en diálogos bilaterales con cada una de las partes sugeridas. Pichetto recordó entonces que si el próximo miércoles no hay un proyecto consensuado se votará el que llegó con un fuerte apoyo de la Cámara Baja.
La reticencia oficial es una forma de maquillar el cambio de actitud; más allá de la renuencia en los detalles, queda claro que el gobierno ahora está dispuesto a negociar lo que no quiso negociar una semana atrás. Ha modificado su apuesta.
Entender los motivos del viraje es menos importante que registrar el hecho, que ofrece una nueva oportunidad a una política de acuerdos que parecía frustrarse.
Massa, por su parte, adelantó que está abierto a revisar el proyecto y a consensuar. La CGT, que no ha dejado de respaldar la propuesta aprobada en Diputados, admite la búsqueda de una ley modificada de común acuerdo. El que se queda afuera es el kirchnerismo.
Algunos sectores de Cambiemos, que hace unos días se mostraban entusiasmados por la primera apuesta de la Casa Rosada – la que optaba por la lógica de la confrontación- elaboran ahora teorías conspirativas (“Massa de un lado y Pichetto y los gobernadores del otro son pinzas con las que el peronismo se turna en el juego de policía malo-policía bueno. Alguno aprieta, otro negocia y al final consuman su extorsión”).
En verdad, esa apelación a extorsiones, buitres o caranchos para aludir a los naturales juegos de competencia y negociación de la política encubre un rechazo, práctico o pretendidamente ético, al dispositivo de presiones y concesiones que la política supone y sugiere una preferencia por la imposición (siempre justificada, en esas visiones, desde algún relato propio definido como justo o decente o revolucionario). Cualquiera sea su excusa, la intolerancia conspira contra la convivencia y la necesidad de acuerdos básicos y políticas de estado.