El debate desatado por el más hábil operador parlamentario del gobierno, Emilio Monzó, favorable a un entendimiento de la Alianza Cambiemos con el Frente Renovador y con sectores del justicialismo, que el jefe de gabinete Marcos Peña Braun y su tutor Jaime Durán Barba observan de reojo, sólo puede comprenderse en el marco de los conflictos interoligopólicos que tensionan al bloque dominante. El principal punto de unidad de las distintas fracciones del capital es el disciplinamiento y la mayor explotación de la clase trabajadora. Pero esto  no impide que emerjan las pugnas entre esas fracciones y su representación política. Lo que sigue es una hoja de ruta que puede servir a quienes padecen tanto por el acuerdo como por la disputa entre estos colosos: los trabajadores representados en las distintas centrales sindicales o movimientos sociales, la izquierda parlamentaria o no, los partidos de origen popular invitados a sumarse al nuevo bipartidismo como furgón de cola y el kirchnerismo, acosado como un hecho maldito cuya mera subsistencia altera todo el escenario.

Salvo en los primeros años del menemismo (cuando el botín incomparable de las privatizaciones reunió en Uniones Transitorias de Empresas a bancos globales acreedores, empresas transnacionales de servicios y grupos económicos locales), las tensiones internas del bloque fueron manifiestas. Desde la reelección de Carlos Menem hasta el colapso de la primera Alianza, se expresaron en bandos identificados como dolarizadores y devaluacionistas. Con el interinato presidencial del senador Eduardo Duhalde prevalecieron estos últimos, impulsados por los grupos locales que a partir de 1996 comenzaron a vender su participación en las privatizadas e invirtieron en tierras, agroindustrias y en el exterior. Néstor Kirchner no volvió a devaluar pero respetó a los grupos como motor y beneficiario del modelo de acumulación, con una fuga imponente de capitales compensada por un gran superávit comercial basado en los agronegocios y en la exportación incontrolada de hidrocarburos de Repsol que depletó los pozos. En respuesta al desafío por las retenciones que planteó la Sociedad Rural, respaldada con creciente virulencia por las principales cámaras patronales, las dos presidencias de CFK esbozaron los lineamientos de un frente nacional y popular, que no se consolidó por su débil encarnación en un sujeto histórico y sus representaciones institucionales. Ese experimento único desde 1955 perdió en 2015 por apenas dos puntos, porque acumuló demasiados enemigos poderosos y careció de una organización equivalente que los confrontara; las clases medias se alejaron ante las medidas adoptadas para enfrentar la reaparecida restricción externa, racionales desde el punto de vista económico pero de difícil deglución política; y la palabra pública perdió credibilidad a partir de la vandalización del Indec, cosa que hoy capitaliza Macrì presentando como presunto sinceramiento su propia manipulación estadística.

La Alianza Cambiemos implicó un realineamiento sin precedentes. Por primera vez el gobierno es hegemonizado por la banca internacional y las grandes empresas extranjeras no industriales, aunque el presidente Macrì proviene de uno de los grupos locales, expandido a la sombra del conglomerado extranjero Fiat y cuya internacionalización se expresó hace tres décadas en la compleja relación con Donald Trump y la mafia que manejaba los negocios inmobiliarios y la recolección de residuos en Nueva York. Más aún, durante la última campaña electoral, Macrì denunció a los grupos económicos locales por conformar el denominado Círculo Rojo que, con el Grupo Clarín a la cabeza, lo presionaba para que compitiera en una interna desventajosa con Sergio Massa. El Frente Renovador, donde además de Lavagna tiene vara alta el numen de la megadevaluación de 2002, José Mendiguren, es la expresión política de los grupos económicos. De este modo, Cambiemos y el FR aspiran a encarnar un nuevo bipartidismo en el que tanto oficialismo como oposición sirvan los intereses de esas fracciones del capital dominante y desplacen en forma definitiva al kirchnerismo. Pero también hay quienes aún creen que sólo uniéndose podrán sobrevivir ya que la victoria de 2015 fue una anomalía, debida a una constelación irrepetible de factores.

Contradicciones secundarias

Las contradicciones secundarias dentro de los sectores dominantes, incluyen además de la política los conflictos interoligopólicos. Las más notables han involucrado al Grupo Clarín por la reprivatización del fútbol en la que sólo obtendría una parte; a los laboratorios Roemmers y Bagó, a raíz de la importación de medicamentos y drogas básicas por parte de los laboratorios extranjeros; a Corporación América, cuyo principal accionista Eduardo Eurnekian respondió a presiones oficiales por sus aeropuertos vaticinando que no habrá inversiones porque el gobierno es caótico; al Banco Macro, por su relación especial con Massa, y a la nave insignia del sector, Techint, la trasnacional italiana con sedes en Milán y Luxemburgo que en la escena local tapa sus vergüenzas con las ropas de la extinta burguesía nacional. En este último caso, el propio presidente Macrì mantuvo un conflicto de intereses con los Rocca, desde el siglo pasado cuando disputaban por el precio de la chapa que uno laminaba y el otro matrizaba en su fábrica de automóviles. La Unión Industrial y el gobierno nacional intercedieron ante el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti (ex FIAT San Pablo cuando Macrì era FIAT Buenos Aires), por la preadjudicación de un gasoducto provincial a un consorcio integrado por Iecsa (del primo Angelo Testaferra), la brasileña Odebretch y Electroingeniería, con financiamiento y provisión de tubos de origen chino. El gobierno cordobés replicó que Techint hacía lobby en vez de competir, porque sus precios son dos veces y media mayores que los chinos. Ante la amenaza de despidos en las acerías y denuncias de dumping contra China, el Macrì presidente moderó las conveniencias del Macrì empresario. El saldo fue la posibilidad de que Techint acceda a una parte de la licitación pero reduciendo sus precios de 2500 a 1500 dólares la tonelada. La pareja dirigente de la UIA (el director ejecutivo de Arcor, Adrián Kauffmann Brea, y el lobbysta de Techint, Luis Betnaza), reclamó durante la visita de Macrì a Beijing que su gobierno no reconozca a China como una economía de mercado. Si el Frente Renovador mostró los dientes con el lapidario diagnóstico de Lavagna acerca del colapso al que conduce la política económica actual, Marcos Peña Braun acusó a Lavagna de reclamar una nueva devaluación. Lo mismo pide (y desmiente) Paolo Rocca, quien la última semana se enzarzó durante unas jornadas de la Asociación Empresaria AEA en una polémica pública con el ministro de Energía Juan Aranguren acerca del precio del gas. Según Rocca, ese precio debería ser alto por lo menos durante cinco años para atraer inversores hacia el shale de Vaca Muerta. Lógica posición de quien vende tubos para gasoductos. Pero como la producción de esos tubos es intensiva en gas, también desea que la mitad del precio que pagan las industrias y el agro sea subsidiada, y así al mismo tiempo bajar costos y robustecer mercado. Varios de esos grupos buscaron la mediación de un par, el Grupo Roggio (que ha hecho buenos negocios con la famiglia Macrì), para cuestionar ante el presidente la falta de un ministro de Economía fuerte, las pugnas internas en el gabinete, la torpe gestión del aumento tarifario, el excesivo menear la corrupción (que los hombres de negocios consideran peligroso para ellos), y las altas tasas de interés que desalientan cualquier inversión productiva. Es decir, los pilares de la gobernabilidad macrista. Esto deja poca duda de que tanto la apertura comercial con China como la relación con Estados Unidos irán acompañadas de fuertes pugnas entre las fracciones del poder económico dominante, que expresan a algunos de los competidores en el inminente proceso electoral.

Cantar victoria

Los dirigentes del Movimiento Evita Fernando Navarro y Juan Manuel Abal Medina admitieron que el texto del acta acuerdo por la declaración de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 se presta a confusión, pero la reivindicaron como una victoria popular sobre el gobierno. Ambos dicen que ignoran quien redactó su cláusula final (“con la finalidad de colaborar en la conciliación aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza”) y tampoco saben por qué se omitió en la solicitada del domingo pasado. Navarro dijo que el gobierno demoró el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de emergencia aprobado por los senadores, de modo que sin dictamen de comisión sólo fuera posible su tratamiento en una sesión especial que requiere dos tercios de los presentes. Como el gobierno no prorrogaría las sesiones ordinarias del Congreso ni incluiría este proyecto en la convocatoria a extraordinarias “sólo nos quedaba presionar en la calle, con la movilización desde San Cayetano para el día de la sesión especial, el jueves 24, y el acampe frente al Congreso hasta la sanción. El gobierno pidió negociar y nos planteó que resignáramos la creación de un millón de puestos de trabajo y la actualización de la Asignación Universal por Hijo y que levantáramos esa movilización y acampe. El acta sólo se refiere a eso. Hasta tal punto que entre el viernes y el lunes hubo tres movilizaciones en las que participamos activamente, una con los manteros en San Telmo, otra en Córdoba y la tercera en Misiones por un conflicto agrario. La única herramienta que tenemos como CTEP, en una relación de fuerzas muy despareja, es la movilización, la calle”, dice Navarro.

–La cláusula dice otra cosa.

–Si forma parte de un acuerdo sobre una emergencia de tres años, es razonable interpretar que se refiere a que no va a haber movilizaciones durante toda su extensión, no puedo decir que esté interpretada de mala fe –concede Navarro. 

–¿Por qué la omitieron en la solicitada?

–Los compañeros ni lo comentaron porque era de rutina, no le dieron importancia. No porque la ocultaran. Archívese, como dicen las leyes. Yo no sabía y Emilio tampoco, no tiene ningún valor. Vamos aprendiendo, la próxima vez vamos a ir con un abogado. Es un texto ambiguo, se puede interpretar de distinta manera. 

Abal Medina tercia:

–¿Vos crees que la CCC va a dejar de hacer cortes?

–Mi opinión personal es que ninguna parte piensa cumplir lo que firmaron. Pero lo firmaron. La revista “Crisis” plantea que las acciones de ustedes pueden verse como un intento de “moderar a los sectores más combativos” y sostener la gobernabilidad. Emilio Pérsico contesta: “¿Y es malo conseguir gobernabilidad?”, celebra el acercamiento con la CGT y agrega que la gobernabilidad sólo la genera “la unidad de los trabajadores”,  que cuando hay conflicto pierden los pobres y “si cae Macrì” habrá represión.

–Esa unidad sólo se reconstruye en la calle, peleando. Nosotros no celebramos haber firmado la emergencia, esto es sólo un paliativo, pero no queremos seguir retrocediendo. Este es un modelo excluyente, a lo sumo para 22 millones de personas, de modo que va a haber movilizaciones.

–De eso no tengo la menor duda.

–Sectores del bloque político, económico y social que respalda a Macrì piden más ajuste, más despidos, menos déficit y en consecuencia menos inversión pública, que ellos llaman gasto. Si esto se agudiza y se produce una situación crítica de conflicto abierto, el gobierno tiene consenso para avanzar y van a perder los más humildes. Para nosotros la calle es fundamental. Esto alguien tiene que capitalizarlo electoralmente, con un programa claramente opositor.

–Pero vos mencionás a Massa…

–Esto sólo se reconstruye desde el peronismo, Massa ha sido funcional a la política de Macrì de transferencia de recursos y no está dentro de la fuerza que puede ir a una PASO. 

–Algunos que sí están también han sido funcionales.

–Tampoco podemos expulsarlos. Pero no alcanza con el peronismo, hay que tomar lo mejor de los últimos doce años, hacernos cargo de los errores y de una agenda nueva que nos plantea este capitalismo salvaje. Como decía Cristina en el 2011 yo no pregunto de donde vienen sino a dónde van. La unidad se suelda en la pelea, en la calle. Si se traslada al parlamento mejor, después determinaremos quien nos representa. Hablar de personas sesga el debate. 

(No obstante, en el Movimiento Evita sí se habla de personas. Y con personas. En forma activa su dirigencia está tratando de convencer a Florencio Randazzo para que compita en esas primarias con Daniel Scioli, dando por supuesto que CFK apoyará al motonauta, lo cual se parece a una expresión de deseos. La mera hipótesis de que ella sea candidata los ensombrece. “Favorecería al gobierno”, dicen, aunque no queda claro por qué).

Amigas y amigos

La semana pasada Clelia Isasmendi, amiga personal de Jorge Bergoglio como lo fue su madre, Clelia Luro, dijo en una entrevista radial con Cynthia Ottaviano que el Papa se enfureció cuando ella le leyó las últimas notas de esta columna sobre el Acta Acuerdo. Según Isasmendi, pese a sus reiterados encuentros con varios gestores del entendimiento, Francisco dijo que no estuvo al tanto de la negociación: “Si siempre le digo a la gente que hagan lio, no puedo ir a decirle que se quede quieta porque le tiran una limosna”. Isasmendi agregó que habló con el Papa “a calzón quitado” y que la autorizó a desmentir que tuviera algo que ver con ese “boleto de compraventa”. La mujer también dijo que la omisión de la cláusula de conciliación en la solicitada “ha producido muchos problemas dentro de la interna de los movimientos. No sé qué pensaban estos chicos. Todos sabemos que 10 mil millones por año es nada. Habría que preguntarles a Pérsico, a Juan Grabois y al Chino Navarro en qué estaban pensando cuando la firmaron. Ellos creen que es mejor algo que nada. Y yo no estoy para nada convencida de eso. La dignidad no se negocia”. El Papa también le dijo que negociar para mantener la gobernabilidad eran palabras que “jamás han salido de mi boca” (por cierto ninguna publicación mía se las atribuyó). Antes de que Clelia le formulara su pregunta a Navarro, yo le hice otra:

–¿Por qué el papa Francisco dijo que era una limosna?

–El Papa no dijo eso, sino todo lo contrario.

–¿Dónde lo dijo y qué es lo contrario?

–Se ha comunicado con compañeros que tienen una relación muy estrecha con él y les ha dicho que el acta le parece un avance.

–A cada uno le dice lo que quiere escuchar y a todos los autoriza a hacerlo público.

–Esa es una interpretación que no suscribo. El problema no es el Papa, somos nosotros.

Hablando en plata

Del Acta se derivan el adelantamiento a diciembre del pago de los 200 mil planes de Argentina Trabaja y Ellas Hacen; un aumento de 3200 a 4000 pesos, que por las cuatro horas diarias de Argentina Trabaja equivalen a la mitad del salario mínimo vital móvil por ocho horas, que en enero aumenta a 8.060 pesos; un aguinaldo de 2.030 pesos para cada beneficiario de esos programas, un bono de 1.000 pesos para beneficiarios de la AUH y 250 adicionales a partir del segundo hijo. Ni las organizaciones ni el gobierno piensan que sea una solución de fondo, pero la suma rondaría los 10.000 pesos para la última semana del año en los hogares más humildes donde la situación es dramática, dice Navarro. Le digo que lo más importante del Acta es el reconocimiento institucional de la economía popular y del carácter de trabajadores de quienes han perdido el empleo formal. Parece una respuesta digna a una situación que en la fase actual del capitalismo no tiende a disminuir sino a generalizarse. Pero con un gobierno tan mentiroso habrá que ver si hay algo más que un cambio de nombres, porque la política económica no va en el sentido de la creación de empleo de calidad, como dice el discurso y en términos económicos, casi todo lo acordado ya estaba en el presupuesto 2017, incluso la incorporación de nuevos beneficiarios.

–No es así. Para evitarlo, incluimos una cláusula por la que los recursos no pueden salir de los planes actuales –replica Abal Medina con énfasis.

–Es cierto que es un gobierno mentiroso que no cumple ningún compromiso y estamos de acuerdo en que lo fundamental es la institucionalización de la economía popular. El resto lo va a decidir la práctica –acota Navarro.

El debate (teñido de agravios públicos y pedidos de disculpas privados “en aras de la unidad ante los verdaderos enemigos”) soslayó la cuantificación de lo acordado. El Centro de Economía Política Argentina cotejó las transferencias que el Acuerdo implicaría en beneficio de los sectores más castigados con las que el mismo gobierno dispuso a favor de la cúpula económica. En el primer semestre de 2016 el gobierno tendría que haber recaudado por retenciones 4.733 millones de dólares, pero con las quitas dispuestas resignó 2353 millones de dólares. Asumiendo un nivel exportador similar en el segundo semestre, en el primer año de Macrì podría estimarse una pérdida de 4.706 millones de dólares. Para convertir a pesos esa gigantesca transferencia del primer semestre CEPA multiplicó las cantidades exportadas cada mes por el tipo de cambio promedio correspondiente. Para el segundo semestre supuso las mismas cantidades exportadas del anterior y multiplicó la resignación en dólares por 15,25 pesos (el tipo de cambio entre el 1 de julio y el 30 de noviembre). Si estas cifras se actualizan a los 18 pesos por dólar del presupuesto, las transferencias de recursos del Estado hacia los exportadores ascenderá en 2017 a 84.708 millones de pesos (60.876 millones de pesos las exportadoras de cereales y manufacturas de origen agropecuario, 12.420 las de manufacturas de origen industrial y 11.376 las mineras). Casi nueve veces más que los 10.000 millones destinados a la Emergencia Social.