Laboratorios de todo el mundo compiten científicamente por encontrar la vacuna que frene el COVID-19, pero de los Estados depende asegurar una distribución equitativa del fármaco, el gran desafío global de la pospandemia y una renovada oportunidad para aumentar la cooperación y mejorar el multilateralismo.
Los próximos meses serán cruciales en la frenética búsqueda de una vacuna que permita controlar definitivamente la pandemia de COVID-19 y, aunque después hará falta otro esfuerzo global para asegurar su acceso y distribución igualitarios, la noticia científica se aguarda tanto como el fin de una conflagración mundial.
Al comenzar agosto, ocho meses después de declarada la pandemia, con 19 millones de contagiados y 710 mil muertes registradas en 196 países, la carrera por la vacuna contra el coronavirus tenía unos 160 proyectos anotados, con una treintena de ellos en Fases 1, 2 ó 3 (de ensayos con humanos) y varias muy avanzadas (en China, Estados Unidos, Reino Unido y Australia).
Otra vacuna desarrollada en Rusia por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya con el Ejército -que no siguió los estándares internacionales- se distribuirá masivamente en agosto, a un promedio de 10 millones de habitantes al mes, según el anuncio oficial de Moscú.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, ha advertido recientemente que, aun cuando se desarrollen este año una o varias vacunas, “no habrá normalidad en un futuro previsible”, en la medida en que resultará posible suprimir el virus, pero no necesariamente erradicarlo.
Según los expertos, el coronavirus está demasiado extendido y es demasiado transmisible. Así, el escenario más probable es que la pandemia termine en algún momento -porque se hayan infectado o vacunado suficientes personas-, pero que el virus siga circulando, en un movimiento intermitente y disperso por todo el planeta.
De hecho, hoy hay vacunas para más de una docena de virus humanos pero sólo una, la viruela, ha sido erradicada, tras 15 años de coordinación global. Las actuales generaciones, probablemente, convivan siempre con este virus. “No hay solución y quizás nunca la haya”, resumió el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus.
Así, crear una vacuna contra el COVID-19 plantea un desafío científico universal, un esfuerzo que moviliza miles de millones de dólares (el laboratorio Moderna estimó el costo de la dosis de su vacuna en 36-37 dólares). Afortunadamente, los avances tecnológicos inéditos de esta era permiten acortar los plazos.
Como insiste la OMS, incluso la recuperación económica mundial podría ser más rápida si la vacuna queda disponible para todos como un bien público. Pero esa carrera involucra intereses políticos nacionales y económicos que condicionan su resultado, tanto en la producción como en el acceso igualitario a la vacuna.
Así como el COVID-19 trastornó social y económicamente al mundo, el modo en que se gestione una vacuna puede abrir una nueva era de mayor cooperación y mejor multilateralismo. O todo lo contrario, si priman intereses particulares.
Virus unilateral
La pandemia de COVID-19 irrumpió en el planeta en el momento de mayor debilidad del sistema multilateral concebido a mitad del Siglo XX, un retroceso que lleva varios años, obedece a un conjunto de factores e involucra potencias desarrolladas y emergentes por igual, pero resultó acelerado por la actual crisis sanitaria.
El nuevo síntoma del unilateralismo -antes ejercido en diferendos comerciales, migratorios o nucleares- fue la cadena de reacciones nacionales generada por la pandemia. Esos movimientos unilaterales abarcaron desde la puja por insumos de prevención y cuidados intensivos hasta la compra masiva de tratamientos para los efectos del COVID-19, como el remdesivir o el favipiravir.
Pasaron meses hasta que, incluso en bloques tan consolidados como la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (SASEAN) + Japón, se alcanzara alguna coordinación transfronteriza, y ciertamente se centró más en los planes de recuperación económica que en la cooperación sanitaria.
A la hora de buscar una vacuna, las mayores potencias (Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia) eligieron constituir alianzas de base nacional, con sus propios sistemas científicos, académicos, militares y grandes laboratorios privados (algunos terceros países han sido involucrados en la etapa de ensayos).
El Reino Unido, por ejemplo, entusiasmado por la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, se reservó igualmente la compra de otras 12 vacunas. Y el Serum Institute de India, mayor productor de vacunas del mundo, ya inició la fabricación masiva de esa misma vacuna para sus 1.300 millones de habitantes, sin tener siquiera la seguridad de su eficacia.
Al reivindicar un supuesto liderazgo en la carrera contra el COVID-19, con la aprobación y distribución de una vacuna que escapa a los estándares de ensayos previos de la OMS, Rusia se ufana de atravesar otro “momento Sputnik”, en alusión a la ventaja inicial que sacó la entonces Unión Soviética a finales de los 50 en la carrera espacial con Estados Unidos.
“Que todos estén haciendo alianzas bilaterales (de Estados nacionales con
farmacéuticas como CanSino Biologics, Pfizer, BioNtech, AstraZeneca y Moderna) no es el modo de optimizar” una solución a la crisis, resumió Seth Berkley, de la iniciativa global Alianza para la Vacunación GAVI.
Del mismo modo, para Médicos Sin Fronteras (MSF), esa tendencia acentuará “la lucha mundial para acaparar vacunas por los países ricos” y alimentará “una peligrosa tendencia a un nacionalismo de las vacunas” (vaccine nationalism).
En 2009-2010 los países más pobres tardaron en acceder a la vacuna para la gripe H1N1, un delicado precedente que nos lleva a una segunda cuestión, igualmente determinante para salir de la crisis: la del acceso a las vacunas cuando estén autorizadas y su eficacia probada.
Estos temores fueron apenas atenuados por anuncios como el de China, que ofreció mil millones de dólares para atender la crisis sanitaria y el acceso a tratamientos y medicinas en América Latina. También el Fondo de Inversión Directa Ruso anunció el envío del fármaco avifavir, para tratar el COVID-19, a siete países de la región (Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay).
