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El macrismo quiere darle más poder a los empresarios de la obra pública

Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, es el principal asesor de Mauricio Macri en inversiones extranjeras y redactor del proyecto enviado al Congreso para crear un sistema de“participación pública-privada” que le dará mayores garantías a los empresarios de la obra pública con una menor regulación.

A diferencia del régimen de obra pública, el proyecto de Reyser no establece la obligación del Estado de publicar la licitación pública y su adjudicatario en el Boletín Oficial. Con esta iniciativa, el Gobierno aspira a lograr inversiones por hasta 30 mil millones de dólares.

La parte más controversial del proyecto que elabora el macrismo es el inciso w del artículo 9 del proyecto, que le da a los empresarios la facultad de dirimir las controversias con el Estado por la vía del arbitraje. En el artículo 23, el proyecto establece que para todas las controversias que pudieran surgir en el contrato, las partes “podrán determinar la posibilidad de establecer mecanimos de avenimiento y/o arbitraje”.

Eso significa que los empresarios podrán hacer juicios en tribunales internacionales como el Ciadi, la institución del Banco Mundial encargada de resolver conflictos entre Estados e inversionistas extranjeros. El régimen de obra pública, en cambio, deja esa instancia de litigio únicamente circunscrita a la jurisdicción contencioso administrativa local.

El propio Reyser explicó este año que esta ley no sólo distribuirá el riesgo de “forma equilibrada” entre el Estado y sus socios privados, sino que también proporcionará protección legal a las entidades crediticias mediante árbitros técnicos.

Además, el proyecto le da la facultad al contratista de suspender temporariamente la ejecución del contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. También le permite hacer subcontrataciones y transferir el contrato a otra empresa una vez cumplido el 20 por ciento del plazo original.

A diferencia del régimen de obra pública, el proyecto de Reyser no establece la obligación del Estado de publicar la licitación pública y su adjudicatario en el Boletín Oficial.