El procurador general Jorge Miquelarena dictaminó que el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, debe continuar en sus funciones. Ahora debe decidir el Superior Tribunal de Justicia.
Jorge Miquelarena, firmó este martes y envió al Superior Tribunal de Justicia un dictamen en relación a la medida cautelarsolicitada por el intendente de El Hoyo, Rolando “Pol” Huisman, que adujo un “conflicto de poderes” en la decisión del Concejo Deliberante de la localidad, que lo suspendió por 40 días en el marco de una investigación por las presuntas irregularidades en la asignación de permisos de tránsito durante la cuarentena.
Para Miquelarena, lo actuado por el Concejo Deliberante de El Hoyo en las sesiones especiales “se encontraría muy alejado de los estándares democráticos constitucionales. Es así que voy a propiciar favorablemente que se declare admisible el presente trámite como conflicto de poderes, dictaminando que corresponde por ley disponer la suspensión de los efectos de los actos cuestionados”.
El texto resolutivo del procurador agrega que “dado que la declaración de admisibilidad que propicio conlleva la suspensión de la ejecución de los actos atacados, ello implica que la suspensión del Intendente de El Hoyo, Sr. Rolando Pablo Huisman resuelta por el Concejo Deliberante no puede tener lugar. Si ésta se hubiera efectivizado, habrá de cesar, ordenándose que sea inmediatamente repuesto en ejercicio pleno de sus competencias como titular del departamento ejecutivo mientras dure el presente proceso y hasta el dictado de la sentencia”.
El dictamen de la Procuración tiene seis páginas, durante las cuales Miquelarena abunda en detalles sobre lo sucedido en la localidad luego de que el 16 de julio, mediante una nota ingresada al Concejo Deliberante, Santiago Lovera, quien se desempeñó hasta el 16 de junio como administrativo en el área de Acción Social de la Municipalidad y fuera señalado como presunto autor de la falsificación de los permisos de circulación emitidos por la Provincia, declaró ser autor de hechos que prima facie, constituirían delitos de falsificación de documento público.