El sociólogo y académico de la Universidad de Quilmes advierte sobre la necesidad de “una política integral” de defensa y cuestiona el rol de la Agencia Federal de Inteligencia y los vínculos policiales con el narcotráfico.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció desde Estados Unidos el compromiso de ese gobierno de instalar una “fuerza de intervención” de su agencia antinarcóticos (DEA) en la triple frontera argentina con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo. El sociólogo y experto en temas de defensa Ernesto López señala que la profundización del alineamiento con Estados Unidos en esas materias busca en realidad “algún resultado en el terreno económico”. Además, advierte que frente a los escándalos de jefes policiales imputados por vínculos con narcos, la ausencia de una Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y una ley de estupefacientes centrada en penalizar el consumo, es necesaria una política integral por parte del Estado.
–¿Qué implica la instalación de la DEA en Misiones?
–Primero hay que decir que desde hace años hubo una fuerza de tareas combinada con Paraguay y Brasil que dio intervención a la DEA a pedido de Estados Unidos. En principio eso existe. Es probable que traten de darle mayor dimensión, que hayan llevado una propuesta sobreactuando la voluntad de tener una asociación estrecha en ese terreno con la mira puesta en mejorar la sociedad en materia económico-financiera”, reflexiona López.
El académico enmarca el anuncio en un proceso que tuvo su última escala con la visita del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson. “Según la Secretaría de Estado, conversaron con el canciller (Jorge) Faurie sobre una asociación para combatir el crimen organizado transnacional, las actividades antinarcóticos, el lavado de dinero y el terrorismo financiero”, destacó. “El anuncio de Bullrich y la visita de(l ministro de Defensa, Oscar) Aguad son parte de una política más general centrada en cuatro temas: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, la capacitación en defensa y la capacidad de operaciones para dar seguridad en la cumbre del G-20”, enumera. “El anuncio aparece como un indicio de materialización de esa agenda. Ahora habrá que ver qué forma toma esa ‘task force’ en Misiones”, pregunta.
–Bullrich mencionó la preocupación de Estados Unidos por la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera y su esperanza en “contar con otras agencias, además de la DEA”. ¿Existe algún riesgo de ataque terrorista? ¿Qué justificación seria podría tener sumar agencias extranjeras?
–La insistencia de Estados Unidos sobre la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera existe hace muchos años y en todo ese tiempo no se ha verificado nada. Lo que hay es cierta preocupación porque existen comunidades que buscan apoyo para sus conciudadanos y no es improbable que haya comerciantes –no me refiero a narcotráfico– de origen libanés u otras nacionalidades del mundo islámico radicados allí que manden plata o donaciones a sus connacionales. Si eso va a la Franja de Gaza para mejorar las condiciones de vida o si algo derrama en apoyo a Hezbollah o Hamas no lo puede saber nadie. Claro que no podemos olvidar que sufrimos dos atentados cuya investigación no terminó y aún no sabemos exactamente qué pasó –dice en referencia a la Embajada de Israel y la AMIA.
Ante los anuncios del gobierno, López destaca la necesidad de tener una política integral frente al narcotráfico con fuerte control sobre las fuerzas de seguridad. “En la última fase del gobierno de Cristina Kirchner creamos una Agencia Federal de Inteligencia que dirige Gustavo Arribas, abogado dedicado al fútbol, verdadero especialista. Cuando uno lee sobre asociaciones para que agencias extranjeras ‘nos ayuden a tener información’ o sobre una ‘task force’ es inevitable preguntarse por casa cómo andamos. No producimos inteligencia pero no importa, la pedimos afuera. Al mismo tiempo tenemos jefes policiales detenidos en Buenos Aires o en Santa Fe ligados al narcotráfico. Es claro que las policías forman parte del problema más que de la solución. Tenemos el caso de Itatí, con policías, políticos y magistrados involucrados en tráfico de marihuana. Pero no hablamos de todo esto sino de cómo asociarnos con la DEA. Por otro lado nuestra ley madre para el combate del narcotráfico, la ley de estupefacientes, se dictó hace muchos años y su único fundamento es la penalización del consumo. Es todo muy poco serio, sigue faltando una mirada integral y una política integral que tenga en cuenta qué hacen las policías, las fuerzas de seguridad y la AFI, en lugar de correr a asociarnos en busca de información y orientaciones”, reflexiona. “Todo induce a pensar que la búsqueda de una sociedad en este plano apunta a alcanzar una asociación estrecha con Estados Unidos que permita alcanzar algún resultado práctico en el terreno económico y financiero, que es el que más interesa al gobierno”, concluye.