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El escudo cristinista depende de la Procuradora Gils Carbó

El escudo institucional construido por el kirchnerismo en los últimos meses giró alrededor de la permanencia en sus cargos del Presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, el director de la UIF, José Sbatella, y la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.

La continuidad de estos funcionarios le garantizaba a la ex presidente mostrar lo que ya no puede hacer: que continuaba dirigiendo la oposición gracias a enclaves en el poder institucional que le permitieran negociar -sobre todo su impunidad- con el gobierno de Macri. Sorpresivamente, tanto Vanoli como Sbatella arriaron sus banderas en pocas horas, en lo que parece que es el estilo dominante en la primera línea kirchnerista: el sálvese quien pueda. Cuentan en el Banco Central que Vanoli hizo las valijas con la expectativa de que su sucesor, Federico Sturzenegger, no magnificaría el escándalo del negociado con el dólar futuro. En cuanto a Sbatella, las irregularidades de la UIF en la investigación de casos de lavado son materia de varias causas penales, entre ellas la que se liga a Lázaro Báez y la familia presidencial.

Después de la facilidad con la que Vanoli y Sbatella emprendieron la fuga, la incógnita ahora es si Gils Carbó va a seguir la misma línea.

Pocas opciones

El caso de la Procuradora es muy distinto al de los otros dos. Si renunciara, muchos fiscales que hoy le garantizan al cristinismo el cajoneo de múltiples causas de corrupción podrían optar por cambiar de criterio y activar los expedientes.

Un motivo por el cual Macri podría no estar tan apurado en la renuncia de la Procuradora es que Ricardo Lorenzetti -hoy mal visto en la Casa Rosada- se anotaría una victoria política más allá de quién sea el nuevo Procurador.

Lo cierto es que las mismas renuncias de Vanoli y Sbatella son un arma de doble filo para el macrismo. Por un lado, demuestran que el kirchnerismo se está reduciendo a un grupo en franca retirada, lo que tranquiliza al gobierno. Pero por el otro, estas situaciones dejan mucho más expuestas las causas por corrupción que se vinculan al BCRA y la UIF y obligan al oficialismo a darles relieve a estos temas que, obviamente, sólo podrá investigar la justicia. En otras palabras, Macri en su discurso de asunción del mando fue severo al anunciar su política anticorrupción, pero se refirió al futuro, no al pasado.

No es un secreto que en medio del sainete que montó en torno a la forma de transmisión del poder, CFK intentó entablar negociaciones secretas con Macri en torno a su futura impunidad. La respuesta habría sido formal y claramente evasiva. El macrismo no quiere ser visto como interviniendo en las causas por corrupción pero en términos políticos teme que se forme una especie de mani pulite con cientos de procesos que alcancen a una cantidad muy importante de funcionarios. De ocurrir esto, la conmoción que provocaría en el peronismo no ayudaría al diálogo con el gobierno. No pocos gobernadores e intendentes importantes del PJ podrían quedar salpicados, o sea, invalidados para negociar con el poder político.

El segundo factor que juega en este sentido, el de un megaescándalo judicial, está apoyado por la enorme cantidad de ilícitos que estos días estarían descubriendo, por ejemplo, los nuevos intendentes del PRO que suceden a alcaldes kirchneristas. Ante los indicios de la existencia de delitos, a los nuevos funcionarios les queda una opción bastante dura: denunciar ante la justicia, como es su obligación, generándose así una bola de nieve o  bien hacer la vista gorda y quedar expuestos a ser denunciados por enriquecimiento ilícito.

La corrupción parece haber entrado en una cauce político en el cual tratar de moderar la actuación de la justicia puede ser el germen de una crisis en el seno del poder La prohibición de salida del país de Amado Boudou, un tecnicismo, alcanzó ayer para levantar las expectativas de que en Comodoro Py, aun casi en feria judicial, pueden pasar mucha cosas.