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El empresario kirchnerista Cristóbal López, cercado por la Justicia y cerca de la quiebra

El empresario cercano al kirchnerismo atraviesa un complejo frente agravado por problemas judiciales y financieros.

La ¿ex? pareja de Ingrid Grudke afronta, junto a otros imputados, el cargo de presunta “defraudación a la administración pública” por $8.000 millones del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que el empresario cobró a sus clientes de Oil Combustibles S.A sin depositar en la AFIP, de acuerdo a la denuncia de la justicia.

La reglamentación indica que el 26% de cada litro de nafta que paga un automovilista debe destinarse a la AFIP a través de la empresa que vende el combustible, que oficia de agente “recaudador”.

Sin embargo, la empresa del también empresario del juego se habría quedado con ese dinero a priori público, sin recibir reclamo por parte de la AFIP entre los años 2012 y 2015.

El mecanismo de ocultamiento habría sido a través de la justificación en la omisión de ese ingreso por una supuesta situación financiera “delicada” por parte de la empresa, pero que contaba con esos fondos, sin embargo.

Además de eso, obtuvo planes de pago para empresas con dificultad, habilitado por el “artículo 32” del organismo.

La sospecha del juez Julián Ercolini, a cargo de la causa, es que López habría usado ese dinero para adquirir medios de comunicación y hacer otras inversiones, motivo por el cual se dispuso la inhibición de los bienes del empresario, de su socio (Fabián De Sousa) y de todas las formas del Grupo Indalo.

Ésta causa es una de las más complicadas que enfrenta el hombre de 60 años, que ya se defendió ante la Justicia Federal la semana pasada, alegando que nunca integró el directorio de Oil Combustibles S.A, y que tampoco se ocupó de los tributos de la firma ni de los planes de facilidades fiscales. En ese expediente, Fabián de Sousa entregó un descargo por escrito a la Justicia donde denunció que es una “causa política”, de acuerdo al Portal Perfil.

Una derivación de aquel expediente fue derivada al fuero Penal Económico, en donde la jueza Verónica Straccia lo investiga por presunta apropiación indebida de impuestos que exceden los $60 millones.

Por último, otro de los expedientes que aquejan al “Zar del juego” es por la presunta evasión de aportes previsionales durante 2015 es. El planteo fue formulado por el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff, e involucra varias empresas vinculadas al grupo, entre las que se encuentran Oil Combustibles e Ideas del Sur. La causa se inició a partir de una denuncia de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), basado en una investigación que permitió encontrar una presunta falta de aportes de alrededor de $300 millones.

El dinero que debía ser destinado aportes era descontado de los haberes de la planta de trabajadores, pero las empresas, entiende la justicia, “habrían omitido efectuar el depósito de los recursos de la seguridad social retenidos a sus dependientes”. La causa en el fuero Penal Económico es independiente de la que afrontan López y De Sousa en el fuero penal federal.