La insólita trama de la intimación de la CNV al Presidente en una causa por Papel Prensa iniciada por Vanoli en 2010. La sombra amarilla de un poder paralelo.
Por no llorar, Alberto Fernández se ríe. El Presidente recibió hace algunos días, en el estudio jurídico de la ministra Marcela Losardo, una intimación de la Comisión Nacional de Valores. En otras palabras, de su propio gobierno. La CNV, que tiene como presidente desde febrero al exsecretario de Finanzas Adrián Cosentino, citaba a una audiencia judicial al profesor de Derecho Penal y le advertía que estaba a punto de declararlo en rebeldía por no haber presentado su defensa en el marco de un sumario que lleva una década abierto. En la intimidad de la residencia de Olivos, mientras la pandemia y el default gobiernan la coyuntura, Fernández puede jactarse de que es tratado como un ciudadano más, tomar el episodio como una nueva muestra de la puja de poder dentro del Estado o lamentarse de que sus propios funcionarios no sean capaces, si no de cuidarle la espalda, de avisarle por dónde vienen las balas. Según cuentan sus colaboradores, la circular que recibió la actual ministra de Justicia y socia histórica del jefe de Estado es para Fernández un dato más del extravío general en que la administración pública atraviesa la crisis múltiple.
EL ALBERTO DE CLARÍN. Como una caricatura del pasado o como el colmo de un político que logró reconciliarse con casi todos para llegar a lo más alto, así vuelve un expediente que remite a las viejas batallas del kirchnerismo. El sumario que tiene a Fernández como blanco fue iniciado en junio de 2010 y apunta a la actuación del actual presidente como director en representación del Estado en Papel Prensa, la empresa en la que Clarín (49%) y La Nación (22,5%) controlan la mayor parte del paquete accionario.
En pleno conflicto del kirchnerismo con el Grupo Clarín, el promotor de la investigación fue nada menos que Alejandro Vanoli, el ahora titular de la ANSES designado por el propio Fernández.
En pleno conflicto del kirchnerismo con el Grupo Clarín, el promotor de la investigación fue nada menos que Alejandro Vanoli. El ahora titular de la ANSES asumió en 2009 en el organismo y estuvo al mando hasta 2014, cuando pasó al Banco Central. Historia antigua y archiconocida, en esos años el gobierno de Cristina Fernández hizo todo lo que pudo para incomodar a los dos diarios más grandes de la Argentina, socios del Estado en la compañía desde que la última dictadura militar les cedió parte de las acciones, en noviembre de 1976. Mientras los diarios que se habían entendido de lo más bien con la Junta Militar denunciaban persecución del gobierno, la entonces presidenta presentaba el informe sobre la venta de Papel Prensa y la CNV avanzaba contra la firma por la vía administrativa.
El expediente 1.032/2010 no puede tener consecuencias para Fernández salvo que intente ser otra vez representante en algún sociedad del Estado de oferta pública. Funciona más bien como un extraño deja vu que remite al tiempo extraviado en que la actual vicepresidenta y sus leales acusaban a Fernández de ser un delegado Clarín en las aguas de la política.
A través de una resolución, Vanoli abrió sumarios contra los directores de La Nación y Clarín en Papel Prensa, Alberto Gowland Mitre y Jorge Rendo -de histórico vínculo con el exjefe de Gabinete-, por incompatibilidad de cargos debido a que cumplieron funciones de directores y de síndicos en el mismo período de tiempo. Pero, además, lo hizo contra todos los directores de Papel Prensa que, entre los años 2001 y 2010, no advirtieron la irregularidad de directores que debían controlarse a sí mismos. En esa lista estaban, entre otros, Héctor Magnetto, Julio Saguier, Alejandro Saguier, Lucio Pagliaro, los hermanos Héctor y José Aranda y los representantes estatales de la era kirchnerista: Fernández, Dante Dovena y Beatriz Paglieri.
Después de su renuncia al primer gobierno de CFK, el ahora presidente continuó incluso un tiempo más como director en la empresa hasta que fue desplazado y, finalmente, sumariado. “La sindicatura cumple funciones diversas, las cuales comprenden la de fiscalizar la administración de la sociedad, resultando así incompatible la función de director con la de síndico y la de consejero de vigilancia” (…) “La normativa legal tiene por objeto asegurar la independencia de criterio de quienes cumplen la tarea de contralor de la actividad societaria, vedando esa función a los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad”, decía la resolución.}LA VIEJA CNV. Fernández nunca presentó su descargo y ni siquiera retiró copia de la imputación. Diez años después, el expediente sigue abierto: sumó “hechos nuevos”, ordenó “medidas ampliatorias”, fue y vino varias veces por los laberintos del Estado y cambió de orientación durante el interregno del macrismo. Como si la gestión anterior le hubiera dado impulso y la nueva todavía no hubiera tomado las riendas, el caso aparece ahora abierto y “sin conclusión” en la página web de la CNV.
Los que conocen la dinámica interna de la CNV afirman que la advertencia para Fernández no tiene como origen a Cosentino, sino que surge de los resabios de la administración macrista. En especial, señalan a la influyente Patricia Boedo, una funcionaria de larga trayectoria y mucho peso en el organismo.
Según dijeron a Letra P cerca del Presidente, la intimación llegó firmada por la gerencia de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Valores. La citación para Fernández fue enviada antes del desembarco del nuevo directorio y, según dicen en el organismo, quedó suspendida por “defectos en la notificación”. Sin embargo, los que conocen la dinámica interna afirman que la advertencia para Fernández no tiene como origen a Cosentino, sino que surge de los resabios de la administración macrista. En especial, señalan a la influyente Patricia Boedo, una funcionaria de larga trayectoria y mucho peso en la CNV que desde marzo ocupa la Gerencia de Sumarios. Boedo ingresó en 1999 gracias a los oficios de otra histórica, la directora Maria Silvia Martella -esposa del economista Rodolfo Santangelo-, y después ocupó distintas funciones: fue subgerente de Fideicomisos, estuvo a cargo de la estratégica gerencia de Emisoras, fue gerenta de la secretaría del Directorio y llegó a la cúspide durante el gobierno de Mauricio Macri en el cargo de vicepresidenta del organismo.
Boedo fue desplazada de lo más alto con la nueva conducción y pasó a Sumarios. Pero, según dicen los históricos de la CNV, todavía gobierna movimientos y más de la mitad de los gerentes le responden a ella: Asuntos Jurídicos, Fideicomisos, Fondos Comunes de Inversión, Agentes y Mercados, Sumarios y Servicios Centrales. Además, conoce muy bien el sumario de Papel Prensa. Como gerente de Emisoras durante la gestión de Vanoli, en 2013 se negó a aplicar el artículo 20 de la ley de Mercado de Capitales que el entonces titular del organismo esgrimía como llave para intervenir la empresa que cotiza en Bolsa, por considerar que no se respetaban los derechos del Estado como accionista minoritario. Después de eso, el actual jefe de la ANSES la desplazó de la gerencia de Emisoras y fue la gestión del ex Chase Securities Marcos Ayerra durante los años de Cambiemos el que la redimió.
Cosentino, el actual titular de la CNV, fue designado secretario de Finanzas por Amado Boudou y continuó en el cargo durante los días de Hernán Lorenzino. Fue jefe de la unidad de renegociación de la deuda bajo la gestión de CFK y el macrismo lo adoptó como asesor de Gabinete de Ministerio de Finanzas. Cuando el gobierno de Fernández dio los primeros pasos, apareció junto al economista Daniel Marx dentro del Comité Asesor de la Deuda que, al poco tiempo, dejó de funcionar. Desde el 13 febrero, está al frente de un organismo en el que lo secunda Mónica Erpen como vicepresidenta y tres directores más, algunos de ellos ligados al ministro de Economía, Martín Guzmán. Pandemia mediante, la nueva conducción todavía no pudo hacer pie en la Comisión de Valores. Fernández ya se dio cuenta.
Por Diego Genoud – Letra P