En el Ministerio de Justicia están disconformes con el trabajo que encabezaba el dirigente radical chubutense. De esta forma se profundizaría la grieta interna que divide al PRO de la UCR en esta provincia.
“Suprímense los cargos extraescalafonarios con rango y jerarquía de Secretario y Subsecretario existentes en las jurisdicciones ministeriales y en los organismos desconcentrados dependientes”, dice el texto que explicita la salida. En Justicia afirman que el cargo de Cimadevilla tenía precisamente ese rango. Sin embargo, en la intimidad, allegados al dirigente radical y los abogados de la Unidad afirman que nunca tuvieron cargo de secretaría de Estado. “El decreto es muy híbrido. No sabemos si nos alcanza”, afirman.
Roces con Garavano
Es que el inciso 1 de ese artículo del decreto se especifica que no quedan alcanzados los organismos descentralizados. Al respecto, Garavano y Cimadevilla protagonizaron una interna larga alrededor de la Unidad. El año pasado, el ministro primero firmó la resolución 2017-314 que erigía al organismo como único responsable de la querella y profundizaba su independencia, pero el 1 de febrero, la intervino de hecho, con otra resolución, la 2018-51.
En cualquier caso, la salida del ex consejero de la magistratura se oficializará a través de una resolución administrativa -para nombrar a todos los cargos menores al rango de subsecretario- que llevará la firma del jefe de Gabinete Marcos Peña. Quedará bajo la órbita de la secretaría de Derechos Humanos de Claudio Avruj, específicamente de la subsecretaría de Memoria, Verdad y Justicia que conduce Mariano Fridman. La justificación técnica es que se trata de un juicio de lesa humanidad y esa será su órbita natural. En Justicia aseguran que la estructura de la Unidad no se resentirá y que seguirá adelante con la querella. Una vez que se confirme la decisión, mantendrán reuniones con agrupaciones de familiares de víctimas del atentado y de la colectividad judía para explicar el alcance de la decisión.
Denuncia a fiscales
Fuera de micrófono, ambas partes reconocen lo obvio: la razón que motivó la decisión administrativa y la salida de Cimadevilla fue la pelea entre el ministro y el titular de la Unidad, que se resistía a no acusar -a diferencia del ministerio Público Fiscal- a los ex fiscales del primer juicio, Eamon Mullen y José Barbaccia.
En el entorno de Cimadevilla señalan que resulta un disparate que Avruj quede como responsable, porque fue secretario ejecutivo de la DAIA, en tiempos de Rubén Beraja, uno de los acusados.
Garavano, en tanto, acumuló una nueva acusación penal tras la decisión de no acusar a los ex fiscales. Después de Carlos Telleldín, ayer sumó la del abogado del ex subcomisario bonaerense Juan José Ribelli, José Ubeira. En el Gobierno aseguran que la reputación de los denunciantes habla por sí sola. Cimadevilla, que todavía guarda silencio, cree que esas denuncias tarde o temprano -además de a organismos internacionales- pueden llegar hasta el presidente Mauricio Macri.